TEXTO ÍNTEGRO: La CORRUPCIÓN es frecuente en los PARTIDOS POLÍTICOS

La corrupción se ha convertido en uno de los principales retos para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que los casos relacionados con huachicol y las recientes acusaciones desde Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya han incrementado la preocupación entre los mexicanos.

• La encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News, correspondiente a abril, reveló que 62% de los mexicanos considera que la corrupción es el principal problema del país, un aumento de tres puntos porcentuales respecto al mes previo.
• Sin embargo, los encuestados no responsabilizan directamente a la presidenta Sheinbaum por esta situación. Por el contrario, su nivel de aprobación aumentó dos puntos porcentuales, hasta 53%, mientras que su desaprobación cayó cinco puntos, a 38%.

El resultado contrasta con otras mediciones nacionales, como la encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio, donde la aprobación de Sheinbaum cayó siete puntos durante el último mes, aunque se mantuvo por encima de 60%.

Según la encuesta, uno de los casos que impulsó el aumento en la percepción de corrupción fueron las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, luego de que a finales de abril el gobierno estadounidense solicitara su extradición por presuntos vínculos con el narcotráfico.

• Aunque la presidenta Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que Estados Unidos no presentó pruebas para justificar la extradición, gran parte de los mexicanos considera creíbles los señalamientos contra el gobernador sinaloense. De acuerdo con el estudio, solo 7% de las personas encuestadas cree en la inocencia de Rocha Moya.
• Pese a que recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) llamó a comparecer al gobernador de Sinaloa por las acusaciones provenientes de Estados Unidos, el caso continúa sin resolverse y el funcionario permanece en libertad.

Por otra parte, Bloomberg señaló que los casos de contrabando de combustible también continúan generando desconfianza entre la población, ya que involucraron a funcionarios cercanos al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, el huachicol también salpicó a elementos de la Secretaría de Marina, afectando la imagen de la institución y, en consecuencia, la percepción sobre el gobierno federal.

Intervención de EU en seguridad, ¿cómo lo ven los mexicanos?

La inseguridad continúa siendo otro de los temas que más preocupa a los mexicanos, debido a la presencia y operación de grupos del narcotráfico en distintas regiones del país.

• Ante este panorama, 47% de los encuestados consideró que el gobierno de Sheinbaum debería aceptar la colaboración de agentes estadounidenses para combatir a estas organizaciones criminales.
• En contraste, 48% se manifestó en contra de la participación de Estados Unidos en temas de seguridad nacional.
• Además, alrededor de 42% opinó que el ejército estadounidense debería brindar asistencia en materia de seguridad, mientras que 49% rechazó esta posibilidad.

A pesar de la división de opiniones sobre la cooperación bilateral en seguridad, la mayoría de los encuestados considera que Claudia Sheinbaum está manejando adecuadamente la relación con Estados Unidos en esta materia, con 46% de aprobación.

La corrupción está en los partidos políticos

El 83.9% de la población considera que la corrupción es frecuente en los partidos políticos y sólo 23.9% confía en ellos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI.

Estas cifras forman parte del diagnóstico con el que la Red por la Rendición de Cuentas convocó a examinar los riesgos del proceso electoral de 2027.

• La desconfianza alcanza también a las instituciones electorales: 59.9% de la población percibe corrupción frecuente en ellas, aunque 48.1% dice tenerles mucha o alguna confianza, según los datos citados por la Red.
• A ese panorama se suma el costo de la corrupción en trámites, pagos y contactos con autoridades. En 2025 ascendió a 17 mil 707 millones de pesos, 48.7 por ciento más que en 2023, de acuerdo con el INEGI.

Mauricio Merino Huerta, exconsejero electoral del IFE y académico de la Universidad de Guadalajara, advirtió que el país llega a la contienda de 2027 con un sistema electoral “muy, muy maltrecho”.

Entre los riesgos que señaló están el adelanto de las actividades partidistas, la posible intervención del crimen organizado, el ingreso de recursos ilícitos y la actuación de las autoridades encargadas de garantizar una competencia equitativa.

Merino planteó que la corrupción electoral puede extenderse más allá de las campañas y la jornada de votación. Parte de los acuerdos, explicó, se concreta después: “el intercambio es por puestos públicos, presupuestos, contratos, privilegios que se van otorgando después en los gobiernos”.

Por ello, llamó a vigilar el financiamiento, el uso de recursos públicos, la fiscalización y las decisiones que se tomen una vez concluidos los comicios. También destacó el papel de la observación ciudadana: “La elección es de la gente, no es de los partidos, no es del gobierno”.

• La Red por la Rendición de Cuentas analizará estos riesgos en su XV Seminario, “Las amenazas de la corrupción en el proceso electoral”, previsto para el 15 de octubre en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara.
• El encuentro reunirá a especialistas, integrantes de organizaciones civiles y autoridades para discutir propuestas de prevención y vigilancia ciudadana.

¿Cómo EU está investigando corrupción de políticos mexicanos?

Desde el 9 de junio de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) modificó sustancialmente sus prioridades en materia de corrupción trasnacional. Las nuevas directrices establecieron seleccionar con mayor rigor los casos de corrupción que serían investigados. Asimismo, ordenaron privilegiar aquellos asuntos relacionados con conductas criminales individuales, corrupción grave, intereses estadounidenses, seguridad nacional y vínculos con cárteles y organizaciones criminales trasnacionales.

El cambio había comenzado meses antes con la Orden Ejecutiva 14209, firmada por el presidente Donald Trump el 10 de febrero de 2025. Ese día, Estados Unidos inició una revisión de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que dio como resultado la reorientación de su política de aplicación —enforcement—: la corrupción dejó de observarse únicamente como un problema de integridad corporativa o competencia económica y pasó a vincularse también con intereses estratégicos y de seguridad nacional.

Dentro de esta nueva política, adquirieron especial relevancia los casos de funcionarios extranjeros que reciben sobornos para facilitar las operaciones de cárteles u organizaciones criminales transnacionales, así como aquellos relacionados con lavado de dinero, operaciones con empresas fachada y otras estructuras utilizadas para sostener sus actividades ilegales.

• El sistema estadounidense opera mediante una cadena de activaciones, en la que una señal de riesgo puede convertirse en investigación financiera y contable. También puede traducirse en cooperación corporativa, investigación penal y regulatoria paralela, intercambio internacional de evidencia, así como distintos mecanismos de sanción y remediación.

Las experiencias muestran que no existe una sola puerta de entrada para que los casos sean investigados, sino múltiples mecanismos donde una auditoría, una irregularidad contable, la denuncia de un empleado, información proporcionada por otra autoridad, una investigación regulatoria o incluso la propia empresa, pueden activar el análisis de facturas, consultores, transferencias, intermediarios, beneficiarios y contratos públicos.

A través de esas rutas se han identificado consultorías ficticias, comisiones infladas, nóminas falsas, empresas pantalla o fantasma, terceros utilizados para canalizar pagos y transferencias offshore. La capacidad para reconstruir esos movimientos permite seguir la ruta del dinero hasta identificar tanto a las empresas responsables como a los intermediarios y funcionarios vinculados con los esquemas de corrupción.

• HP México, por ejemplo, reconoció que desde 2008 buscó obtener de Pemex un contrato de software por aproximadamente 6 millones de dólares, a través de un consultor con vínculos estrechos con funcionarios de la empresa petrolera y una entidad intermediaria para pagar comisiones infladas y cubrir sobornos a un funcionario público.

La empresa decidió realizar una extensa investigación interna, recabó grandes volúmenes de evidencia, puso empleados estadounidenses y extranjeros a disposición de las autoridades estadounidenses y asumió obligaciones para entregar documentos y facilitar entrevistas con autoridades estadounidenses.

• Como parte de la resolución emitida por el Departamento de Justicia (DoJ), HP México obtuvo un Acuerdo de No Enjuiciamiento (NPA) en el que la autoridad se abstuvo de presentar cargos penales debido a la cooperación de la empresa.
• El modelo funciona. Entre 2008 y 2020, autoridades estadounidenses impusieron aproximadamente 5 148 millones de dólares en sanciones en 10 casos de aplicación de la FCPA relacionados con hechos de corrupción que involucraron a México (Stephen M. Khon, 2023).

El modelo de la FCPA muestra que su aplicación no se limita a imponer multas, sino también genera información, identifica redes de intermediarios, reconstruye operaciones financieras y produce evidencia útil para investigaciones posteriores. Muchas de las partes de esta ley existen también en otras legislaciones como la Ley de Secreto Bancario, la Ley del 2020 contra el lavado de dinero o la reciente ley FEND Off Fentanyl.

De la corrupción corporativa a la seguridad nacional

Estados Unidos cuenta con una arquitectura de activación multifuente del sistema de investigación de un caso de corrupción. Así, una anomalía corporativa, un flujo financiero sospechoso, información de inteligencia, una investigación antidrogas o datos procedentes de otra agencia pueden converger en investigaciones sobre corrupción de funcionarios extranjeros.

El resultado puede producir consecuencias diferentes y simultáneas: penales, patrimoniales, regulatorias y migratorias. Por eso las leyes de cumplimiento financiero y corporativo deben entenderse como una puerta de entrada a un ecosistema de aplicación de la ley más amplio.

Un ejemplo es la acusación presentada en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos. Aunque el caso no constituye una acción bajo la FCPA, ni bajo la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA), sí representa el tipo de convergencia entre corrupción pública y delitos de cuello blanco, con la política anticárteles y anti-terrorismo que el DoJ convirtió en una prioridad desde 2025.

• La acusación estadounidense sostiene que funcionarios públicos habrían proporcionado protección institucional a integrantes del Cártel de Sinaloa. Esto facilitó información sensible sobre operaciones de las autoridades y permitió el uso de recursos policiales para favorecer actividades del narcotráfico.

A cambio, distintos funcionarios habrían recibido recursos provenientes de la organización criminal, así como intervenciones en su favor durante la jornada electoral que los llevó a sus cargos. Estas imputaciones deberán acreditarse judicialmente.

El caso permite observar que las investigaciones tradicionales relacionadas con corrupción pública y cumplimiento normativo pueden generar la suficiente información como para abrir investigaciones relacionadas con flujos financieros ilegales del narcotráfico, terrorismo y otros delitos graves.

El contraste con México

México cuenta con un Sistema Nacional Anticorrupción, fiscalías especializadas, órganos internos de control, unidades de inteligencia financiera y un marco jurídico para investigar delitos y faltas administrativas. Sin embargo, los casos de la FCPA y otras legislaciones muestran dificultades persistentes para transformar información producida en el extranjero en investigaciones nacionales, que lleven a la asignación de responsabilidades, la recuperación de daños y a sanciones penales o administrativas.

Este problema no puede analizarse únicamente como una falla de la política anticorrupción mexicana. La convergencia entre corrupción, crimen organizado y captura institucional obliga a examinar conjuntamente las políticas de anticorrupción, seguridad pública, inteligencia financiera y persecución penal.

En el marco de la discusión de un nuevo marco nacional de control de la corrupción en México, es necesario preguntarse si el Estado mexicano cuenta hoy con mecanismos capaces de convertir una clara señal externa de riesgo en una actuación interna oportuna. Si la respuesta sigue siendo negativa, como lo demuestra la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, el problema no es la falta de pruebas, sino la incapacidad institucional para transformarla en consecuencias./PUNTOporPUNTO

Documento íntegro a continuación:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2025/doc/encig2025_principales_resultados.pdf