Suspenden a una doctora en Italia por cobrar en efectivo pruebas gratuitas y exagerar los diagnósticos a sus pacientes
Una doctora del Policlinico Borgo Roma de Verona (Italia) ha sido suspendida de su cargo por orden judicial tras destaparse un presunto fraude y manipulación de diagnósticos a sus enfermos. La facultativa, apartada del servicio durante nueve meses como medida cautelar, está acusada de cobrar en efectivo por pruebas de la sanidad pública y de diagnosticar dolencias más graves de las reales a los pacientes para derivarlos a su consulta privada y seguir facturando.
La investigación comenzó a raíz de las denuncias internas interpuestas por la propia dirección del centro sanitario. La dirección del hospital decidió acudir a las autoridades después de recibir continuas alertas del personal de enfermería y otros médicos del departamento, quienes, consternados por los relatos que compartían los pacientes, decidieron recabar testimonios y destapar las prácticas irregulares que se estaban cometiendo.
Según consta en las diligencias, la doctora exigía presuntamente cobros en efectivo a los pacientes por exámenes y análisis clínicos que, en realidad, forman parte de la cartera de prestaciones gratuitas cubiertas por el Sistema Sanitario Nacional (SSN), según recoge el diario Corriere della Sera.
Para justificar este desembolso exigido a los usuarios, la imputada clasificaba fraudulentamente las pruebas como intervenciones realizadas bajo el régimen de ejercicio “libre de la profesión” —una modalidad que permite a los médicos públicos prestar servicios privados cobrando directamente al usuario dentro de la propia infraestructura hospitalaria—, lucrándose de forma indebida a costa del bolsillo de los ciudadanos.
Diagnósticos inflados para justificar visitas privadas
Las pesquisas judiciales no se limitan al cobro irregular de prestaciones públicas. Un aspecto especialmente alarmante del caso reside en que la investigada aprovechaba el desconocimiento médico de sus enfermos para “inflar” o exagerar la gravedad de sus patologías.
Mediante este engaño, hacía creer a las víctimas que padecían dolencias mucho más severas de las reales, lo que le servía de pretexto para prescribirles pruebas complementarias y revisiones periódicas totalmente innecesarias que ella misma ejecutaba a título privado para seguir facturando.
La tensión entre el personal llegó a tal punto que sus propios compañeros se veían obligados a revisar a diario a los pacientes atendidos por la sospechosa. En muchas ocasiones, tenían que intervenir de urgencia en los historiales clínicos para corregir las anotaciones e informes inexactos. Asimismo, diversos testigos han señalado que la facultativa empleaba un trato distante, áspero y poco conciliador tanto con sus compañeros como con los pacientes.
Espionaje a compañeros
Además de la causa principal por falsedad documental y estafa al Estado que dirige la Fiscalía de Verona, las autoridades han abierto un segundo procedimiento penal de forma paralela en su contra. En este caso, conducido por la Fiscalía de Venecia, se le imputa un presunto delito de acceso abusivo a sistemas informáticos. Las denuncias sostienen que la investigada habría accedido sin autorización ni motivo justificante alguno al perfil y expediente sanitario privado de varios médicos y enfermeros de su mismo departamento.
Por el momento, la facultativa dispone del derecho de recurrir ante el juzgado de instrucción para intentar revocar la suspensión y reincorporarse a su puesto. De no prosperar sus recursos, la causa desembocará en un juicio oral, donde los peritos deberán analizar minuciosamente cada historial clínico para determinar si las prescripciones médicas respondían a criterios legítimos o si constituían un simple mecanismo de enriquecimiento ilícito.
Infobae
