CNDH pide al Congreso de Veracruz atender penal de Tuxpan
El organismo solicitó que se valore asignar recursos para personal, instalaciones y operación
Isabel Ortega
Xalapa, Ver.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Congreso de Veracruz poner atención en las condiciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan y valorar la asignación de recursos presupuestales para mejorar su funcionamiento.
A través del oficio 055594, fechado el 1 de octubre de 2026, la presidenta de la CNDH notificó al Poder Legislativo estatal el Informe Especial IE-I/2026 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), en el que se plantea la necesidad de dotar al centro penitenciario de recursos humanos, materiales, administrativos y financieros.
El documento propone que la comisión legislativa encargada de la elaboración del presupuesto valore aprobar los recursos que solicite el Gobierno de Veracruz para atender y erradicar los factores de riesgo identificados en el informe. Se dio entrada a la petición a través de la correspondencia.
Penal de Tuxpan, entre los peor evaluados del país
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la CNDH, el Cereso de Tuxpan obtuvo una calificación de 3.89 puntos sobre 10, la más baja entre los 18 centros penitenciarios estatales supervisados en Veracruz y la quinta más baja entre los 261 centros estatales evaluados en el país.
La evaluación identificó deficiencias en servicios de salud, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, falta de programas para prevenir y atender incidentes violentos, así como problemas relacionados con la alimentación, la higiene y las instalaciones.
Motín dejó siete internos muertos en 2025
El 2 de agosto de 2025, un motín en el penal de Tuxpan derivó en disturbios e incendios al interior del centro. En un comunicado emitido el 5 de agosto de ese año, la CNDH informó que los hechos se originaron por inconformidades de personas privadas de la libertad ante posibles actos de autogobierno, cobros y extorsiones presuntamente ejercidos por grupos de internos contra otros reclusos y sus familias.
Con información preliminar de medios de comunicación y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el organismo reportó entonces la muerte de al menos siete personas privadas de la libertad y 11 lesionadas.
Tras los hechos, la Comisión advirtió sobre deficiencias que representaban riesgos para la seguridad y la gobernabilidad del centro, entre ellas la falta de programas para prevenir incidentes violentos, insuficiencia de mecanismos para presentar quejas por posibles violaciones a derechos humanos, falta de supervisión por parte de la dirección e inadecuada clasificación de las personas internas.
La CNDH también urgió a las autoridades penitenciarias a garantizar atención médica, alimentación e higiene para la población interna, investigar los factores que propiciaron los disturbios y adoptar medidas para evitar que hechos similares se repitieran en Tuxpan o en otros centros penitenciarios de Veracruz.
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