Responsabilidad legal

De entre las lecciones más dolorosas que dejó la tormenta “Rachel” a su paso por Baja California está la de no arriesgarse a permanecer en zonas de riesgo como lo son puntos de posibles deslaves o el cauce de los ríos y arroyos que, como se pudo constatar el pasado fin de semana, pueden desembocar en tragedias.

Y si bien gran parte de la responsabilidad la llevan las personas que, a causa de su necesidad de contar con una vivienda para dar techo a su familia se aventuran a adquirir ese tipo de predios, es también responsabilidad de quien permite que esos asentamientos se den, pero sobre todo de quienes lucran con tales terrenos a pesar de saber que no cuentan ni con los servicios ni con la viabilidad de convertirse en un hogar seguro y mucho menos con la certidumbre jurídica.

Durante su conferencia Mañanera de este miércoles, que como era de esperarse giró totalmente en torno a los estragos causados por la lluvia del fin de semana en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar

Avila Olmeda aseguró que ya se investiga la posible responsabilidad de quienes comercian con terrenos que de entrada se advierten irregulares y que ponen en riesgo la salud y hasta la vida de quienes los adquieren. En coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Fiscalía General de la República, se buscará deslindar responsabilidades penales y frenar la venta ilegal de lotes en terrenos federales o delimitaciones fluviales.

Mientras se desahogan las vías legales, dijo, las dependencias mantendrán el diálogo con los habitantes afectados para ofrecerles alternativas de reubicación y garantizar su integridad física ante los pronósticos de futuras contingencias meteorológicas, sobre todo por el tan anunciado “Súper Niño”.

A PROPÓSITO DE CERTEZA JURÍDICA

Hay protestas de legisladores de oposición e inquietudes ciudadanas sobre el impacto que tendrá la reforma sobre la homologación catastral y la intervención del Gobierno federal en las facultades municipales. La aprobación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral en el Senado abrió una disputa con reclamos porque opositores señalan que va más allá de la modernización de registros y cuestionan quién tendrá el control de la información y el cobro de un impuesto fundamental para los municipios.

Morena y sus aliados defienden que esta homologación catastral dará certeza jurídica a la propiedad y que el cambio consiste en armonizar los procedimientos registrales en el País con un nuevo Plan Nacional Catastral, el Plan Nacional Registral y una plataforma digital operada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Por su lado, senadores del PAN, MC y PRI advierten que, bajo ese argumento, podría abrirse la puerta a la Federación en materia de predial, aunque la ley sostiene que la recaudación seguirá en manos municipales. La emecista

Alejandra Barrales acusó ayer que esta medida disfraza una intención recaudadora ante la falta de recursos del Gobierno federal.

Las alertas están encendidas y hay quienes están llamando a esta reforma “predialazo” porque dicen que esta ley es la antesala para buscar que el contribuyente pague más y debilitar los ingresos municipales propios.