El trabajo ya cambió y América Latina es quien propone las reglas

La diversidad laboral de la región ya no permite pensar que todo trabajo ocurre de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. La tecnología transformó esa lógica de raíz, y la regulación tiene la obligación de responder a esa transformación, no de negarla. Durante años la conversación sobre la economía de plataformas en América Latina se planteó como una disyuntiva falsa entre innovación o protección. Esa forma de plantear el debate se quedó corta. El verdadero desafío nunca fue elegir entre tecnología y derechos, sino construir reglas nuevas para formas de trabajo que dejaron de caber en las categorías tradicionales.

El trabajo flexible dejó de ser una excepción y se convirtió en parte estructural de la economía cotidiana de la región. La expansión de la economía de plataformas en América Latina y el Caribe se aceleró especialmente a partir de 2020, año en que la mitad de los trabajadores actuales del sector registraron su primer ingreso a esta modalidad, impulsados en gran parte por el impacto de la pandemia en el empleo tradicional, según la encuesta regional de la OIT (2023–2024). Esa diversidad de perfiles y motivaciones vuelve insuficiente cualquier respuesta regulatoria homogénea, ya que no existe una figura única de trabajador de plataformas, y tratar a ese universo como un bloque uniforme es, en sí mismo, un error de diagnóstico que debilita cualquier política pública que se construya sobre esa premisa. América Latina combina una alta informalidad histórica, brechas profundas de protección social, un crecimiento acelerado de la economía digital y gobiernos que comenzaron a revisar con mayor profundidad el papel de las plataformas Según el informe conjunto de la CEPAL y la OIT, la tasa de informalidad laboral en la región ronda el 48.7% de la población ocupada. Esto significa que uno de cada dos trabajadores opera fuera de los esquemas de protección formal. Ese es el suelo sobre el que crece la economía de plataformas, y esa es la realidad que la regulación debe tomar como punto de partida. Chile, México, Colombia, Argentina y Uruguay han avanzado a ritmos distintos y mediante mecanismos diferentes: algunos han creado categorías específicas; otros han buscado extender protección social sin eliminar la independencia; pero el común a todas es la necesidad de otorgar mayor protección a los repartidores y mayor seguridad jurídica a las compañías.

La heterogeneidad también existe entre quienes generan ingresos a través de plataformas. Para algunos, esta actividad complementa otro ingreso; para otros, es su fuente principal. Muchos valoran la posibilidad de decidir cuándo conectarse; otros buscan mayor previsibilidad y mejores mecanismos de protección. Ambas realidades pueden coexistir. Una regulación que reconozca solo una de ellas partirá de un diagnóstico incompleto. La agenda, además, no termina con la aprobación de una ley. La tributación y, sobre todo, la forma en que se implementan estas regulaciones son una parte central de la discusión. En Colombia, por ejemplo, uno de los retos más relevantes está en adaptar los sistemas de planilla para que las nuevas reglas puedan operar en la práctica, un trabajo que requiere coordinación entre las plataformas y entidades como el Ministerio de Salud y el Ministerio TIC. Por ello, regular también implica construir la infraestructura capaz de hacer funcionar esa regulación. La independencia del trabajo es, para una parte significativa de estos colaboradores, un valor central y no una imposición de las plataformas. En distintos mercados de la región hemos visto resistencia activa frente a intentos de forzar esquemas de laboralidad que no representan la voluntad de quienes efectivamente prestan el servicio. Pedir mejores condiciones no equivale, automáticamente, a pedir una relación laboral tradicional, y confundir ambas cosas es uno de los errores más frecuentes en el debate público. La discusión regional tampoco se agota en la clasificación laboral. Los temas que hoy definen la agenda son el reconocimiento de la prestación de servicios independiente, la provisión de seguros, la seguridad vial, la tributación y la transparencia algorítmica. La regulación de plataformas ya no es solo una discusión laboral. Es, cada vez más, una discusión sobre datos y gobernanza tecnológica, y quien la reduzca a lo primero está mirando solo una parte del problema.

El hilo común entre todos estos países es una misma limitación estructural. Las leyes laborales tradicionales fueron diseñadas para modelos de empleo estables, presenciales y jerárquicos, y si bien hoy siguen siendo fundamentales, no alcanzan a explicar relaciones caracterizadas por conexión intermitente, múltiples fuentes de ingreso e intermediación digital. Superar ese código heredado no es una concesión, es una necesidad urgente si la región quiere legislar sobre lo que realmente ocurre y no sobre lo que ocurría hace treinta años. Una regulación seria no debe asumir que todas las personas se relacionan de la misma manera con las plataformas, pero tampoco confundir flexibilidad con ausencia de derechos. El desafío es construir protecciones compatibles con la movilidad y la autonomía que distinguen a estas nuevas formas de generar ingresos. En Rappi hemos participado activamente en algunas de las discusiones regulatorias más importantes de la región. Esa experiencia no nos deja una fórmula terminada, pero sí una convicción: América Latina no tiene que elegir entre importar modelos ajenos o dejar intactas reglas que ya no alcanzan. Está construyendo una respuesta propia a una transformación laboral que ya ocurrió en la práctica. El siguiente paso es convertir esa experiencia en aprendizaje: entender qué funcionó, qué no y qué nuevas reglas pueden proteger a las personas sin negar la diversidad del trabajo que ya existe. _______________________________________________ Nota del editor: María Camila Molina Uribe es directora Legal, Rappi. . Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión