El Supremo sanciona a un sargento de la Guardia Civil por tardar tres días en avisar a sus superiores sobre el hallazgo de un cadáver

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de cinco días de pérdida de haberes con suspensión de funciones impuesta al sargento primero de la Guardia Civil Mateo, comandante del puesto de Cerro Muriano, por no comunicar a sus superiores el hallazgo de un cadáver. La Sala de lo Militar ha rechazado el recurso del suboficial y ha mantenido la calificación de falta grave por negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales.

Los magistrados entendieron que el agente debía informar a la cadena de mando de una incidencia relevante, aunque la patrulla que acudió primero al lugar ya hubiera creado una notificación en el sistema SIGO, la plataforma informática central del Instituto Armado.

El caso se remonta al pasado 24 de abril de 2022, cuando una patrulla del puesto de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río intervino tras el descubrimiento de un cadáver en Cerro Muriano, localidad situada a unos 47 kilómetros. El sargento recibió aquel aviso, empleó el registro ya abierto para instruir diligencias y siguió con el atestado, pero sin comunicarlo a sus superiores.

Tres días sin información del cadáver

Su defensa sostuvo que la obligación de avisar correspondía a la patrulla que conoció primero los hechos y que él carecía de datos adicionales a los remitidos en esa primera novedad. La comunicación a los mandos no llegó hasta el 27 de ese mismo mes. El teniente jefe accidental de la 3.ª Compañía de Córdoba preguntó entonces por qué no había recibido el aviso. El agente emitió después una nueva novedad, con información sobre la inspección técnico-ocular del Equipo de Policía Judicial de Palma del Río y la intervención de un equipo de atestados del Subsector de Tráfico de Córdoba.

El general jefe de la IV Zona de Andalucía impuso el correctivo el 15 de diciembre de ese mismo año y la directora general de la Guardia Civil avaló la decisión, con lo que cerró la vía administrativa. No conforme con ello, el sargento recurrió ante el Tribunal Militar Central, que desestimó su demanda el 3 de noviembre de 2025. El sargento llevó después el caso al Supremo, cuestionando que hubiese pruebas suficientes y sosteniendo que la sanción se apoyaba en una obligación mal identificada. El agente también rechazó que un informe pedido por sus superiores pudiera usarse contra él como reconocimiento de los hechos.

Para el Supremo, el sargento, como responsable del puesto, tenía el deber de adelantar esa información a la superioridad mediante la aplicación de mensajería interna iMBOX, tal y como establece una orden de servicio de la compañía aprobada en 2021. La Sala consideró que el retraso de tres días, hasta el requerimiento de un superior, acreditó la gravedad de la omisión.