Senado aprueba la nueva Ley Catastral

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La certeza jurídica sobre casas, terrenos y otros bienes inmuebles, así como la modernización y simplificación de los trámites de propiedad, son los principales objetivos de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que el pleno del Senado aprobó este miércoles por mayoría de votos.

El dictamen plantea establecer un modelo de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para homologar, actualizar y fortalecer la información inmobiliaria en el país.

Sin embargo, la iniciativa generó críticas de la oposición, cuyos legisladores advirtieron que los recursos recaudados por el impuesto predial podrían transferirse a la Federación para financiar las grandes obras del gobierno.

Afirmaron que la medida era centralismo disfrazado de tecnología, que los municipios tendrán que implementar antes del 31 de diciembre próximo sin contar con recursos de la Federación.

La propuesta busca resolver las diferencias que existen entre los sistemas catastrales y registrales de las entidades federativas y los ayuntamientos, donde los distintos niveles de actualización, digitalización y organización pueden dificultar la identificación de los predios y la correspondencia entre sus datos físicos, fiscales y jurídicos.

El dictamen, elaborado por las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado, plantea integrar la información mediante herramientas tecnológicas comunes, con el propósito de facilitar la consulta de datos, reducir inconsistencias y fortalecer la seguridad patrimonial de los propietarios.

Uno de los instrumentos principales será la Clave Única Catastral, un identificador asignado a cada inmueble para facilitar su localización y vincular su información con el folio real del Registro Público de la Propiedad. A ello se sumará la Cédula Única Catastral y Registral, que concentrará los datos necesarios para identificar el predio y relacionar su información catastral con la registral.

Mientras Morena defendió que la legislación permitirá dar mayor certeza jurídica a la propiedad y simplificar trámites, PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron la falta de recursos para implementarla, la participación de los gobiernos locales y las garantías sobre el manejo de datos personales.

Durante la discusión del dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdez, sostuvo que la nueva legislación busca homologar, actualizar y conectar los sistemas catastrales y los registros públicos de la propiedad de la Federación, los estados y los municipios, con el propósito de contar con información más confiable sobre los inmuebles y sus propietarios.

La senadora afirmó que la reforma no invade la autonomía municipal ni centraliza la recaudación del impuesto predial, que continuará bajo responsabilidad de los ayuntamientos.

También rechazó las versiones sobre una supuesta apropiación federal de esos recursos y llamó a respaldar la iniciativa para mejorar la transparencia inmobiliaria y la planeación territorial.

“Para que no nos confundamos con que están promoviendo cosas que no vienen en la ley. Eso es falso y algunos compañeros y compañeras se han dedicado, como en otras muchas ocasiones, a falsear lo que realmente se hizo.

“El propósito de esta ley garantiza la seguridad patrimonial sobre los derechos de propiedad de los inmuebles, otorga mayor seguridad jurídica sobre las propiedades, con la finalidad de que exista información más confiable sobre quién es propietario de un inmueble, sus características y su situación regístralo”, declaró.

Por su parte, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara destacó que uno de los principales objetivos es corregir las inconsistencias que existen entre los catastros y los registros públicos, cuyos datos no siempre coinciden, situación que puede complicar los trámites relacionados con casas y terrenos.

En contraste, el senador del PAN, Mario Vázquez, presentó una moción suspensiva al considerar que la propuesta debió someterse a una consulta más amplia con estados y municipios.

Argumentó que las autoridades federales establecerán lineamientos, plataformas y modelos que deberán adoptar los gobiernos locales, sin que exista suficiente claridad sobre los límites de esa intervención.

También advirtió que la legislación no contempla recursos adicionales para que los municipios con menores capacidades técnicas y financieras puedan actualizar sus archivos, digitalizar documentos y adaptar sus sistemas.

“Debe respetarse el artículo 115 constitucional que establece con claridad que el impuesto predial o los ingresos inmobiliarios son específicamente parte de la hacienda municipal. Eso está totalmente establecido en el 115 y los ayuntamientos requieren ese recurso, no al predialazo, no a ninguna decisión posterior que se apropie del impuesto predial y afecte a los municipios”, sostuvo.

En la misma línea, el senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, afirmó que modernizar los catastros es necesario, pero advirtió que imponer nuevas obligaciones sin financiamiento puede convertirse en una carga para los ayuntamientos.

Cuestionó, además, los plazos de implementación: las plataformas y reglas deberían estar listas en 30 días hábiles, mientras que los municipios tendrían que completar la adaptación antes del 31 de diciembre para comenzar a operar el 1 de enero de 2027.

Camarillo también alertó sobre los riesgos de concentrar información patrimonial en una plataforma nacional y pidió establecer garantías claras sobre quién podrá consultarla y utilizarla.

Aunque reconoció que el dictamen no crea un impuesto federal ni ordena automáticamente aumentar el predial, señaló que la actualización de los valores inmobiliarios podría elevar la base de cálculo de ese gravamen en algunos municipios.

“Este dictamen no crea un impuesto federal ni ordena automáticamente un aumento, pero actualizar los valores de las propiedades e incorporar más terrenos a los registros puede aumentar la cantidad sobre la que se calcula el predial en algunos municipios.

“Por eso debemos tener cuidado la modernización de que los catastros no deben convertirse en una forma de aumentar la carga económica a las familias. Detrás de cada casa hay años de trabajo, esfuerzo y sacrificio. Ese patrimonio debe protegerse y las personas deben tener certeza sobre lo que les pertenece”, declaró.

La intención, según el dictamen, es que las autoridades puedan consultar información más uniforme y actualizada, lo que contribuiría a prevenir duplicidades, inconsistencias documentales y conflictos relacionados con la identificación de los inmuebles.

Sin embargo, la asignación de una clave catastral no constituirá por sí misma una prueba plena de propiedad, posesión, superficie o colindancias, ni validará actos irregulares.

La iniciativa también contempla una Plataforma Catastral Municipal que permitirá gestionar trámites y servicios, consultar cartografía, administrar información relacionada con el impuesto predial y habilitar pagos digitales.

Para acceder a los servicios electrónicos se utilizará Llave MX, mecanismo de identificación digital asociado a la Clave Única de Registro de Población.

La plataforma deberá intercambiar información con la de los Registros Públicos de la Propiedad, de manera que la clave catastral pueda vincularse con el folio real correspondiente.

Además, la ley establece modelos para homologar requisitos, formatos, procedimientos y tiempos de resolución de los trámites catastrales y registrales.

Con ello, se busca reducir las diferencias administrativas entre localidades y avanzar hacia servicios más uniformes, sin que la digitalización implique eliminar las atribuciones de las autoridades responsables de cada registro.

Uno de los puntos relevantes del dictamen es que la armonización tecnológica deberá respetar el federalismo, las competencias de los estados y la autonomía municipal prevista en el artículo 115 constitucional.

En particular, la recaudación del impuesto predial continuará bajo la responsabilidad de las autoridades que legalmente tienen esa atribución; la ley no plantea centralizar esos ingresos en el gobierno federal.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tendrá responsabilidades en materia de lineamientos, supervisión y recursos para la modernización, mientras que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones desarrollará las plataformas, los modelos de homologación y las herramientas técnicas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía también podrá colaborar con las autoridades para aportar información objetiva sobre las condiciones y capacidades de los catastros.

El decreto se envió a la titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación el Diario Oficial de la Federación.

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