El gobierno ruso y la guerra híbrida: la respuesta de la Unión Europea

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El pasado 8 de octubre, el Consejo de la Unión Europea renovó un paquete de medidas restrictivas, o sanciones, para responder a la llamada guerra híbrida presuntamente impulsada por el gobierno ruso. Estas medidas fueron establecidas por primera vez el 8 de octubre de 2024 y buscan sancionar a personas y organizaciones vinculadas con actos de sabotaje, ataques cibernéticos , campañas de desinformación, operaciones contra infraestructuras críticas e intentos de interferir en procesos democráticos de distintos países europeos .

Actualmente, las sanciones alcanzan a 80 personas y 20 entidades rusas. Entre otras consecuencias, contemplan la congelación de activos, la prohibición de que ciudadanos y empresas europeas pongan recursos económicos a su disposición y, en el caso de las personas físicas, la restricción para entrar o transitar por territorio de la Unión Europea. La adopción de estas medidas refleja un entorno de seguridad cada vez más intrincado, estrechamente relacionado con la guerra en Ucrania y con el respaldo político, económico y militar que los gobiernos europeos han brindado a ese país desde el inicio de la invasión rusa. En este contexto, la guerra híbrida lanzada por el gobierno Ruso tendría como propósito elevar los costos de ese apoyo y minar la voluntad de las sociedades europeas por continuar resistiendo la invasión de Ucrania. Esa podría ser justo la lógica estratégica del gobierno de Moscú: lo que comenzó como una serie de incidentes aislados se ha transformado en una campaña más amplia, constante y deliberada de guerra híbrida buscando afectar de manera constante a la población europea y debilitar el respaldo ciudadano a las políticas de sus gobiernos. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), con sede en Londres, ha registrado 144 incidentes desestabilizadores relacionados con drones en 13 países en menos de dos años. A ello se suman las reiteradas violaciones del espacio aéreo en la región del Báltico, así como ataques contra vías férreas, infraestructura crítica, redes eléctricas y fábricas de armamento. Uno de los casos más recientes ocurrió en septiembre de este año, cuando drones cargados con explosivos atacaron el aeropuerto de Leipzig, en Alemania.

Por su parte, las medidas restrictivas constituyen una herramienta de política exterior situada entre la diplomacia y el uso de la fuerza. Suelen emplearse cuando las vías de resolución pacífica no producen resultados, pero tampoco existe disposición para recurrir a una confrontación militar directa. En este caso, una escalada que implicara la intervención de la OTAN supondría riesgos y costos muy elevados para todas las partes involucradas. Conviene distinguir estas medidas de los amplios paquetes de sanciones económicas que la Unión Europea adoptó tras la invasión de Ucrania en 2022. Aunque ambos instrumentos forman parte de la estrategia europea de presión sobre el gobierno Ruso, el régimen dirigido específicamente contra las actividades de guerra híbrida persigue un objetivo más concreto: reducir la capacidad operativa de las redes involucradas en acciones de desestabilización. Por sí solas, estas medidas difícilmente eliminarán esta amenaza. Sin embargo, sí permiten a la Unión Europea atribuir responsabilidades y establecer consecuencias específicas para personas y organizaciones señaladas por participar en estas actividades. En una época en la que la confrontación internacional puede desarrollarse a través de un servidor informático, una campaña de desinformación o el sabotaje de una infraestructura estratégica, la frontera entre la guerra y la paz se vuelve cada vez más difusa. Como resultado, también evolucionan las herramientas utilizadas para responder a las nuevas amenazas.

En suma, mientras la guerra híbrida busca incrementar los costos para Europa de continuar apoyando a Ucrania, las medidas restrictivas intentan limitar la capacidad de las redes rusas para seguir impulsando acciones de desestabilización. Ambas dinámicas se desarrollan en una zona gris donde resulta cada vez más difícil distinguir entre seguridad digital y seguridad nacional. Es un espacio en el que no existe una guerra convencional, pero tampoco una paz plena; un escenario donde un ataque informático puede afectar servicios públicos, instituciones gubernamentales, medios de comunicación, entidades financieras o infraestructuras esenciales sin necesidad de recurrir a la fuerza militar tradicional. [1] La guerra híbrida es una estrategia que integra métodos convencionales e irregulares de conflicto, incluyendo recursos militares, informativos, económicos y tecnológicos, con el fin de influir, desgastar o desestabilizar a un adversario.(Wikipedia) *Laura Zamudio González es profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.