México pierde visitantes; el Congreso, el sentido común

Irene Muñoz.

Mientras los principales destinos de playa de México pierden visitantes internacionales, el gobierno federal propone cobrar más por entrar al país y los diputados que respaldan la medida le abren paso. Difícil encontrar una expresión más clara de desconexión entre quienes toman decisiones y quienes pagan sus consecuencias. En las comunidades turísticas, menos visitantes significa menos mesas ocupadas, menos servicios contratados y empleos en riesgo. En la Comisión de Hacienda, la respuesta es subir la cuenta a una industria que sostiene el ingreso de millones de mexicanos.

Tulum es el caso más visible, pero concentrar la discusión en ese destino permite evadir la dimensión del problema. De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún, elaborado con datos aeroportuarios, entre enero y septiembre de 2026 el tráfico internacional cayó 19.4% en Puerto Vallarta, 8.4% en Los Cabos y 6.5% en Cancún, frente al mismo periodo de 2025. En conjunto, los tres aeropuertos registraron alrededor de 1.8 millones de movimientos de pasajeros internacionales menos. Aunque este indicador no equivale a turistas únicos, constituye una advertencia contundente para destinos que dependen de esos mercados.

Las cifras de llegadas también muestran el deterioro. Gemes, con información de la Unidad de Política Migratoria, reportó que en mayo las llegadas aéreas de visitantes extranjeros a destinos de playa disminuyeron 14.5% anual, mientras las de aeropuertos de ciudad aumentaron 1%. La diferencia obliga a examinar dónde se pierde demanda y por qué. Un buen resultado nacional no cancela la crisis de una localidad ni paga la nómina de sus negocios.

En Tulum, la promesa de prosperidad tropieza con servicios encarecidos, dificultades de conectividad, carencias urbanas, sargazo y percepción de inseguridad. Las visitas a su zona arqueológica cayeron más de 30% entre enero y julio respecto de 2025. El destino exhibe el fracaso de una premisa: creer que construir infraestructura basta para asegurar una experiencia turística competitiva. Un aeropuerto puede acercar al visitante; una mala experiencia puede alejarlo para siempre.

Frente a estas señales, la Comisión de Hacienda avaló una propuesta para elevar el Derecho de No Residente (DNR) de 983 a 1,158 pesos en 2027, lo que se traduce a un incremento del 17.8%. La iniciativa original pretendía llevarlo a 1,334.80 pesos, reducir una pretensión excesiva no convierte el resultado en una buena decisión. El dictamen todavía debe pasar por el pleno; existe, por tanto, oportunidad para corregirlo y responsabilidad por hacerlo.

Para entender la magnitud del aumento hay que mirar más atrás. En 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de la República, la cuota era de 717.14 pesos. En 2025 pasó a 860.56 y en 2026 a 983. Si se aprueban los 1,158 pesos propuestos para 2027, el incremento acumulado frente a 2024 alcanzará 61.5%, según el cálculo sobre esas tarifas. Tres aumentos anuales consecutivos durante esta administración, mientras los destinos enfrentan dificultades para conservar visitantes.

Sería incorrecto atribuir toda la caída turística al DNR. La demanda responde también a condiciones económicas, tarifas aéreas, seguridad, conectividad y calidad de la experiencia. Precisamente por eso resulta irresponsable agregar costos que el Estado sí puede controlar sin demostrar que sus beneficios compensarán el riesgo de perder competitividad. Una cuota no necesita explicar toda la crisis para que aumentarla sea una mala respuesta. 

México compite por viajeros que comparan precios y experiencias y que pueden elegir destinos como Jamaica o República Dominicana. La belleza de nuestras playas no garantiza su preferencia. Cada cargo se suma a una cuenta que ya incluye vuelos, hospedaje, transporte y actividades. El visitante puede cambiar de destino; quienes trabajan aquí difícilmente pueden trasladar su empleo, su negocio o su patrimonio.

Las objeciones del sector merecen algo más que una explicación recaudatoria. Hoteleros, aerolíneas y otras empresas han manifestado su oposición al incremento. El esquema propuesto distribuiría 57% de la recaudación a Defensa, 15% al Instituto Nacional de Migración y 28% a la Tesorería de la Federación. Esa distribución no establece una partida específica para promoción turística. ¿Cómo se fortalecerán los destinos que generan esos ingresos? ¿Qué parte de la respuesta atenderá la pérdida de visitantes?

La Secretaría de Turismo presentó el ajuste como resultado del diálogo con la iniciativa privada, y Josefina Rodríguez lo defendió por las mejoras que permitiría en los servicios migratorios. Reducir el golpe no equivale a fortalecer la competitividad. Modernizar esos servicios es necesario, pero falta demostrar cómo sus beneficios compensarán el encarecimiento del viaje. La secretaria tiene la obligación de defender al sector ante Hacienda y exigir esa evaluación, un aumento menor no es una victoria para el turismo.

Los diputados que respaldan la medida también deben recordar para qué fueron elegidos, defender a la ciudadanía, proteger sus oportunidades y exigir cuentas al gobierno. Avalar mayores cobros mientras los destinos pierden visitantes, sin justificar sus consecuencias sobre el empleo, es una irresponsabilidad. Su mandato proviene de quienes les confiaron el voto, no de quienes les dictan cómo ejercerlo. La disciplina partidista no los exime de pensar ni de responder por el sustento de las familias que ponen en riesgo.

Representar a una comunidad turística exige conocer su economía, escuchar a quienes generan empleo y evaluar las consecuencias de cada medida. Aprobar mayores cobros mientras los destinos pierden visitantes, sin demostrar cómo contribuirán a su recuperación, es una irresponsabilidad impresentable. La disciplina partidista no exime a los diputados de pensar ni a la secretaria de defender a su sector. Cada voto y cada respaldo tienen consecuencias fuera del recinto, y las pagan familias cuyo sustento debería pesar más que cualquier consigna.

Cuando un destino pierde visitantes, el daño llega al ingreso de los hogares. Cobrar más puede ser sencillo para Hacienda; recuperar al turista que eligió otro país cuesta mucho más. Antes de levantar la mano, los diputados deberían recordar que su voto puede subir una cuota, pero también poner en riesgo el sustento de quienes los eligieron.

Antes de cerrar estas líneas, una despedida que me duele profundamente. Esta semana me toca decir adiós a mi querido Garfitas, Francisco Garfias, amigo entrañable desde hace décadas y parte inseparable de mi historia personal. Cuesta escribir de alguien tan cercano en pasado; cuesta aceptar que ya no habrá una próxima conversación. México pierde a un gran periodista y una pluma valiosa. Yo pierdo, además, a un amigo al que quise profundamente y cuya ausencia duele más de lo que estas líneas alcanzan a decir. Gracias por tanto, Garfitas. Me quedo con nuestras historias, con el cariño de tantos años y con todo lo que hubiera querido decirte una vez más.

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