¿Quién paga el cambio? La ley de economía digital y los negocios que viven del efectivo

Imagine, estimado lector, que son las siete de la mañana y doña Lupita levanta la cortina de su tiendita. Antes de que tome el primer café de la mañana y antes de que llegue el primer cliente, hace algo que ningún algoritmo ha aprendido hasta ahora: cuenta el cambio que tiene en la caja. Monedas de diez, de cinco y de dos; un par de billetes de cincuenta doblados, y espera que nadie llegue temprano con uno de quinientos para no batallar en cambiárselo.

Junto a la caja, doña Lupita tiene una libreta algo gastada. En ella está lo que deben don Chema, la señora de la única casa azul de la siguiente cuadra, el muchacho del taller al que siempre mandan por los refrescos y los bolillos preparados, pero que nunca alcanza a pagar completo, y otros casi 50 clientes que le deben poco, aunque algunos ya adeudan varios cientos de pesos. No les cobra intereses, ni en este esquema de crédito se revisa el buró de crédito de sus clientes, ni mucho menos se hacen contratos de compraventa. Con doña Lupita, los clientes hacen los tratos a la antigua: empeñando la hoy frágil palabra con la promesa de pago.

Ahora imagine que alguien le explica a doña Lupita que el gobierno quiere que la mitad de los pagos del país sean digitales, que basta un código QR pegado en el mostrador, que no le cobrarán comisión y que el dinero le llegará al instante. Doña Lupita escucha con educación y hace la única pregunta que importa en un negocio que vive al día: ¿Y con qué les pago a los proveedores, que solo reciben efectivo?

En esa pregunta, que parece ingenua, considero que cabe todo el debate sobre la nueva Ley de Economía Digital.

El pasado 6 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum enviada junto con el Paquete Económico 2027. Obtuvo 330 votos a favor en lo general y hoy espera turno en el Senado. La promesa de esta ley suena a modernización: cobrar con el celular sin comisiones, abrir cuentas bancarias con la CURP digital, pagar trámites con un QR y lograr que en 2027 la mitad de los pagos del país sean digitales.

El diagnóstico que sostiene a esta nueva ley es contundente. Según el titular de la Agencia de Transformación Digital, 85% de las operaciones menores a 500 pesos todavía se hacen en efectivo, uno de los niveles más altos del mundo.

Pero la ley contempla algo que nos pone en alerta o, si no, cuando menos nos inquieta, puesto que faculta a la Secretaría de Hacienda para decidir en qué sectores estratégicos y actividades relevantes el pago digital podrá ser la única forma de pago, y le da quince días hábiles, una vez vigente, para publicar la primera lista. El gobierno ya adelantó por dónde empezará: gasolineras y casetas de cobro en carreteras. Tampoco ocultó el propósito: la Presidenta explicó que un historial de pagos en una cuenta ayuda a la seguridad, a la eficiencia y, en su momento, a formalizar comercios.

Es decir, la ley no prohíbe el uso de efectivo, pero sutilmente le pone fecha de caducidad por sectores, empezando por aquellos donde retirarlo resulta más sencillo, y deja la puerta abierta para seguir fácilmente con los siguientes sectores de manera sucesiva.

Para entender lo que está en juego, hay que ver quién vive del uso de efectivo. En el primer trimestre de 2026, 54.8% de las personas ocupadas trabajaba en la informalidad: 32.6 millones, según el INEGI. Casi la mitad de quienes trabajan, 47%, ganaba hasta un salario mínimo, y 24.5 millones laboraban en micronegocios. Para ese México, el efectivo no es una excentricidad: es su sistema de sustento.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 confirma que el 85.2% de la población paga en efectivo sus compras de 500 pesos o menos, y 73.5% hace lo mismo en las compras mayores. En la región Occidente y Bajío, a la que pertenece Aguascalientes, tres de cada cuatro personas pagan en efectivo las compras grandes, y menos de la mitad (44.3%) cree que todos o casi todos los negocios aceptan tarjeta o transferencia.

Sería un error, sin embargo, pensar que el uso de efectivo es cosa exclusiva de informales. Lo usan por igual el negocio de gorditas que está registrado en el SAT, el consultorio médico que da recibo de honorarios, el taller mecánico que factura cuando se lo piden, así como el abarrotero que tributa en el RESICO. Para muchos negocios formales, el efectivo no es evasión, es un instrumento que te permite tener liquidez para poder pagar hoy al proveedor que no acepta transferencias, darles su paga diaria a los ayudantes, comprar insumos con proveedores pequeños y, sobre todo, dar cambio.

Aquí es donde tenemos el primer costo invisible. El uso de efectivo funciona como un circuito: el cliente le paga a la tiendita, la tiendita al repartidor, el repartidor a la distribuidora y el ayudante se gasta su sueldo en el tianguis del domingo. En este caso, si se digitaliza un eslabón y los demás no, el pequeño comerciante queda atrapado en medio: tiene que cobrar en el celular, pero tiene que pagar en efectivo, con billetes y monedas. Y para conseguirlos deberá ir al cajero, con los gastos de tiempo, dinero y riesgo que implica realizar este proceso de forma constante.

El segundo costo es el de la resistencia al cambio. CoDi no cobra comisión, es cierto, y esa es la mejor noticia de la ley. Pero la misma ley reconoce tarjetas y terminales, y ahí las cosas cambian. De acuerdo con la Cofece, las cuotas de intercambio en México promedian 1.36%, contra alrededor de 0.2% en otros países; según el Banco de México, en tarjetas de crédito pueden llegar a 1.91%. A eso se suman el margen de quien renta la terminal, el internet, el teléfono de gama alta que soporte el nivel de desgaste diario que se requiere y el tiempo para aprender a realizar los cobros digitales. Para un negocio que gana diez centavos por cada peso que vende, una comisión total de 2.5% se come la cuarta parte de la utilidad. No es casual que, en el debate legislativo, la oposición advirtiera que esos costos terminarían en el precio de los productos.

¿Por qué tanta gente prefiere el uso de efectivo, aunque las transferencias sean más cómodas? Lo más fácil de contestar sería decir que es para evadir la declaración de ingresos totales. Aunque la respuesta va más allá de creer que es solo por evasión.

El efectivo es el único dinero que no necesita que alguien más confirme que existe: no se cae el sistema, no pide contraseñas de acceso, no hay aplicaciones que puedan estar fallando o que se actualicen justo cuando hay fila de clientes para realizar sus pagos. Para las generaciones que vieron evaporarse sus ahorros en las crisis de los ochenta y en la de 1994, guardar dinero en el colchón no es algo que hagan por ignorancia, sino por el recuerdo que les dejaron esas experiencias, y mantienen la idea de que existe la posibilidad de que vuelvan a pasar eventos similares.

Además, todos recordamos que en 2008 entró en vigor el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, que llegó a cobrar 3% sobre los depósitos en efectivo que superaban 15 mil pesos al mes. En aquel entonces, la iniciativa original se llamaba, sin eufemismos, Ley del Impuesto contra la Informalidad. Se abrogó con la reforma de 2014, en medio de amplias críticas porque no había reducido la informalidad, pero sí había castigado a los negocios formales que vivían del uso de efectivo. Quien pasó por eso aprendió una lección que ninguna campaña de inclusión financiera borra en años.

Hay otro argumento del que casi nadie habla en los discursos oficiales. Los economistas que estudian cómo tomamos decisiones lo llaman “el dolor de pagar”; digamos que es ese apretón en el estómago que sentimos al ver salir los billetes de la cartera y que, a diferencia de lo que ocurre con el efectivo, no aparece cuando pasamos la tarjeta o acercamos el celular al realizar los pagos. Ese dolor que mencionan es el que nos hace pensarlo dos veces antes de gastar. Varios estudios han encontrado que, cuando usamos tarjetas, estamos dispuestos a pagar más que con billetes en mano. Para una familia que vive con lo justo, esa punzada es el único asesor financiero que tiene.

Por eso, en tantas casas el dinero se separa en sobres y frascos sobre la mesa de la cocina: para la luz, el mandado y lo que no se toca porque es para comprar algo necesario, pero para lo cual se necesita ahorrar varias quincenas. Los especialistas le llaman contabilidad mental; en México le decimos hacer rendir la quincena. Cuando el dinero se vuelve un número en la pantalla del celular, ya no hay sobre que se vaya quedando flaco ni frasco que se vacíe a la vista: el límite se vuelve casi invisible, y lo que no se ve es muy fácil de rebasar.

Se repite con frecuencia que el efectivo no genera riqueza. Es verdad. Pero tampoco genera comisiones, ni cargos por saldo mínimo, ni mensajes de “actividad inusual” para acceder a tu cuenta. Y tampoco deja huella. Byung-Chul Han advierte que el control contemporáneo ya no prohíbe: seduce, y por eso aceptamos con gusto esa comodidad que nos engancha. No hace falta creer en conspiraciones para notarlo. La propia ley crea un Expediente Digital Ciudadano, y cada pago digital es también una pequeña demostración de dónde estuvimos, qué compramos y a quién le pagamos.

Nada de esto significa que la digitalización sea mala. El plomero que cobra con QR no carga billetes de noche para dar el cambio; la señora que recibe su pago al instante no tiene que esperar a que “caiga” la transferencia; el negocio que construye un historial de pagos puede pedir un crédito que no sea el del agiotista. Brasil lo demostró con Pix, el sistema que el propio gobierno mexicano toma como modelo.

Pero conviene recordar que CoDi existe desde septiembre de 2019. Para 2023 tenía más de 24 millones de dispositivos registrados y, sin embargo, apenas 1.46 millones de cuentas habían hecho al menos un pago. El Estado lleva años construyendo la infraestructura para una multitud digital que no termina de presentarse. Y cuando la multitud no llega por convicción, la tentación es convocarla por decreto. ¿Por qué ahora? ¿Qué gana el gobierno con esto?

Tampoco conviene ignorar la experiencia del modelo. En enero de 2025, Brasil puso en vigor una norma para vigilar movimientos financieros, incluidos los de Pix. En menos de dos semanas, los rumores sobre un supuesto impuesto obligaron al gobierno a revocarla y a anunciar la prohibición de cobrar más por pagar con Pix que con efectivo, porque algunos comercios ya habían empezado a hacerlo. La lección es clara: la confianza que tarda años en construirse se pierde en un par de semanas, y el miedo al fisco es el peor enemigo de la inclusión financiera.

La pregunta, entonces, no es si el efectivo va a desaparecer. Probablemente se irá reduciendo, como se redujeron las cartas y los teléfonos fijos, pero seguirá circulando. La pregunta es quién va a pagar el tránsito entre la economía tradicional y la economía digital. Si la transición se diseña desde el escritorio, sin internet en las comunidades, sin topes reales a las comisiones y sin un periodo de acompañamiento para la tiendita que todavía apunta en una libreta, el resultado será contradictorio: una ley de inclusión financiera que termina excluyendo a quienes decía incluir.

Doña Lupita no le teme a la tecnología. Le teme a quedarse sin cambio y hasta sin clientes si los cambios resultan en un embudo de miedos y complicaciones técnicas. Y en México, ya lo sabemos, el cambio casi siempre lo termina pagando el que no tiene para dar cambio.

Rolando Martínez Cornejo es abogado e ingeniero en sistemas, cuenta con una Certificación en Project Management for IT/IS y una Maestría en Ciencias Económicas y Administrativas. Se especializa en la intersección entre innovación tecnológica y normatividad, con énfasis en el impacto jurídico de reformas, plataformas digitales, protección de datos, propiedad intelectual y firma digital NOM151.