ATE convocó a un paro nacional para el jueves contra el DNU 70/23: qué servicios se verán afectados
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para el jueves 15 de octubre. La medida afectará el funcionamiento de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales e incluirá movilizaciones en las principales ciudades del país. El reclamo central será la derogación completa del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión.
En la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato se concentrará desde las 13:30 frente al Congreso, donde la oposición convocó a una sesión especial para intentar rechazar la norma. La protesta coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, que reclamará el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y recursos para las universidades públicas.
La conducción nacional de ATE formalizó la convocatoria mediante una comunicación presentada ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende del Ministerio de Capital Humano. El documento, fechado el 9 de octubre, fue dirigido al secretario Julio Cordero y lleva las firmas de Rodolfo Aguiar, secretario general de la organización, y Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta.
En la notificación, el gremio anunció una “Jornada Nacional de Lucha de 24 horas con Paros, Asambleas y Movilizaciones” en toda la Administración Pública Nacional. La medida alcanzará a organismos centrales, desconcentrados y descentralizados, entes, empresas y sociedades del Estado, además de administraciones provinciales y municipales. Cada conducción distrital definirá las modalidades de protesta.
El paro de ATE afectará hospitales, controles migratorios y servicios de transporte
La huelga tendrá consecuencias sobre la prestación de distintos servicios públicos. Según informó ATE, solo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y la atención de urgencias en centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores. El alcance efectivo de las restricciones dependerá de la adhesión de los trabajadores y de la organización de los servicios esenciales.
Entre las actividades que podrían verse afectadas figuran la recolección de residuos, los servicios de auxiliares de educación, las guardias urbanas, los controles migratorios, las tareas de agentes de tránsito y los controles sanitarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en puertos y aduanas.
La convocatoria también comprende a trabajadores de organismos vinculados con el transporte, entre ellos la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), controladores aéreos y personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). De acuerdo con el anuncio sindical, en este último organismo se garantizarán únicamente los vuelos sanitarios y de Estado.
ATE anticipó, además, restricciones en la atención del PAMI y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde se atenderían exclusivamente emergencias. La medida incluye a radiooperadores de medios públicos, personal dedicado al manejo de incendios forestales y trabajadores encargados del mantenimiento de plantas nucleares. Los servicios provinciales y municipales también podrían sufrir interrupciones, según las decisiones de cada representación sindical.
Diputados debatirá el DNU en medio de marchas
El conflicto se desarrollará en simultáneo con una sesión especial convocada por bloques opositores de la Cámara de Diputados para el jueves a las 14. El temario incluye el tratamiento del DNU 70/23, iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias y una propuesta para prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027.
La principal incógnita parlamentaria será la posibilidad de reunir los 129 diputados necesarios para el quórum. El peronismo, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, la izquierda y otras bancadas impulsaron la convocatoria. El oficialismo busca evitar que avance el rechazo del decreto y mantiene conversaciones con aliados y representantes de las provincias.
El DNU 70/23 fue rechazado por el Senado en marzo de 2024. Una votación negativa de la Cámara de Diputados completaría el procedimiento previsto por la legislación que regula el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia y dejaría sin vigencia la norma, con los alcances y efectos establecidos por esa ley.
Uno de los focos de la controversia es la Ley de Tierras, derogada por el artículo 154 del decreto presidencial. La norma establecía restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales, incluido un límite del 15 % de la superficie a nivel nacional, provincial y municipal, además de otras condiciones para la adquisición de propiedades rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras.
La discusión sumó un capítulo judicial durante octubre. Tras una resolución anterior de la Corte Suprema sobre la legitimación de quienes cuestionaban la derogación, el máximo tribunal dictó una medida cautelar interina que suspendió los efectos del artículo 154 del DNU y restableció de forma provisoria la aplicación de la Ley de Tierras.
La decisión modificó el escenario previo a la sesión de Diputados. Mientras la oposición mantuvo su intención de discutir la totalidad del decreto, el Gobierno consideró que la resolución judicial podía reducir los respaldos necesarios para habilitar el debate. La cautelar, de carácter transitorio, dejó pendiente una definición final de la controversia.
La conducción de ATE incorporó expresamente este asunto entre los fundamentos de la huelga. En la presentación ante la Secretaría de Trabajo, la organización señaló que la protesta reclamará por la soberanía nacional, cuestionará la extranjerización de las tierras y defenderá la educación pública universitaria.
“Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, afirmó Aguiar al anunciar la medida.
El dirigente también cuestionó el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para introducir reformas legislativas. “No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”, sostuvo.
Aguiar vinculó la protesta con las modificaciones que introdujo el decreto en distintos sectores de la economía. “Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo”, declaró el secretario general de ATE.
Las afirmaciones del dirigente expresan la posición del sindicato frente a una de las principales herramientas de desregulación económica de la administración libertaria. El decreto introduce modificaciones en materia laboral, comercial, contractual y de regulación estatal, varias de las cuales fueron objeto de impugnaciones judiciales y controversias legislativas desde su publicación.
La jornada del jueves también estará atravesada por el conflicto universitario. Rectores, docentes, trabajadores no docentes y agrupaciones estudiantiles convocaron a concentrarse frente al Congreso para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de la disputa presupuestaria con el Poder Ejecutivo y de las actuaciones judiciales relacionadas con su implementación.
La coincidencia entre la sesión parlamentaria, la movilización universitaria y el paro de ATE convertirá al Congreso en el principal escenario de las protestas previstas para el jueves. Distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas anunciaron que participarán de las actividades contra el decreto.
En el interior, las representaciones provinciales de ATE definirán los lugares de concentración, los recorridos y las modalidades de protesta. La organización sostuvo que sus reclamos también incluyen el deterioro del empleo estatal y la defensa de los recursos estratégicos.
El resultado de la sesión dependerá de los acuerdos que alcancen los bloques opositores, mientras el Gobierno buscará conservar los apoyos necesarios para sostener la vigencia del DNU. En paralelo, ATE llevará sus reclamos al espacio público mediante una huelga nacional que confluirá con la protesta universitaria frente al Palacio Legislativo.
Infobae
