Comité de Participación Ciudadana entre más facultades y el fin de los sueldazos

1.- Comité de Participación Ciudadana entre más facultades y el fin de los sueldazos

En el Congreso del Estado se comenzó a analizar un asunto que llevaba tiempo en el congelador y tiene que ver con el papel del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, que ha acumulado señalamientos por sus escasos resultados frente a los altos salarios que reciben sus cinco integrantes.

Ayer la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales analizó la iniciativa del diputado morenista Ernesto Millán Soberanes, presentada a finales de 2024 y que parecía condenada a dormir el sueño de los justos.

La propuesta plantea ampliar las atribuciones del CPC, que preside Alejandro Ramírez Zamarripa, para dar seguimiento a denuncias ciudadanas. También busca reducir los salarios de sus integrantes, que rondan los 100 mil pesos mensuales.

En términos generales hubo apertura para aumentar las facultades, aunque sus integrantes tampoco desaprovecharon la oportunidad para defender su desempeño. Uno de los integrantes del CPC, Ramiro Daniel Sánchez Gayosso, reconoció un “desfase” entre lo que se esperaba del sistema y sus resultados. Sin embargo, su intervención se fue en explicar que Guanajuato figura entre los estados que mantienen completo su sistema anticorrupción, mientras otros ni siquiera han conseguido integrar sus comités ciudadanos. De los salarios, incluso superiores a los de algunos subsecretarios del gobierno estatal, nada dijo.

Pero hay otra iniciativa que podría resultar bastante más radical para los integrantes del CPC y fue la que se presentó en septiembre del año pasado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que propone eliminar de plano las remuneraciones y convertir los cargos en honoríficos.

El argumento no tiene desperdicio: evitar la burocratización del comité y devolverle su vocación de vigilancia ciudadana. Y todavía va más lejos, porque entre los motivos, se señala que el CPC absorbe el 30% del presupuesto del Sistema Estatal Anticorrupción, casi 5.7 millones de pesos en sueldos, para realizar “pocas y débiles acciones” frente a los sueldazos.

Las dos iniciativas apuntan al mismo problema desde caminos distintos: una pretende darle más herramientas al CPC y la otra cortarle los sueldazos. Tampoco sería descabellado que en el Congreso terminaran por combinar ambas propuestas. Más facultades para combatir la corrupción, pero sin que la vigilancia ciudadana se convierta en un privilegio de casi 100 mil pesos mensuales.

2.- Protestas que exhiben otra vez problemas de fondo en el IMSS

De nueva cuenta trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato se sumaron a las protestas nacionales para exigir mejores salarios y denunciar la falta de insumos básicos.

El detonante inmediato fue el incremento de 2.9% al salario tabular, aprobado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), frente al 10% que reclama la base trabajadora. Lo que también habla de una fractura entre los trabajadores y su representación sindical, que le da más densidad al conflicto.

Ayer respondió el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, pero la respuesta es insuficiente para calmar los ánimos. Ahora se plantea una consulta “piso por piso” para conocer la opinión del personal sobre el aumento salarial y las condiciones en las que trabaja. Un bomberazo frente a las denuncias por falta de medicamentos e insumos que llevan años acumulándose sin que se consiga una solución duradera. Algo que el gobierno federal simula apenas darse por medio enterado y ahora requiere una encuesta.

Ayer incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el propio Robledo tuvieron que reconocer la problemática de desabasto y se anunció la cancelación de contratos con empresas que no hayan cumplido con las entregas. Resta ver si no sale más caro el remedio que la enfermedad.

Las nuevas protestas muestran otra vez que las compras y la distribución de medicamentos e insumos no han sido ineficientes. Ahora se suma el componente de inconformidad laboral. Todo en realidad, vinculado al deterioro evidente del IMSS y el fracaso que resultó el IMSS-Bienestar.

Quizá ahora sí con la consulta el gobierno federal asuma que no estamos como en Dinamarca.

3.- Distrito Comercial Salamanca avanza entre dudas razonables

Quedó aprobado el proyecto del Distrito Comercial Salamanca, que se perfila como la mayor apuesta del gobierno del morenista César Prieto Gallardo y una obra de legado.

No ha sido un camino sencillo, porque la propuesta enfrentó reclamos y resistencias, particularmente de comerciantes de los mercados Tomás Estéves y Barahona. Sin embargo, la administración municipal consiguió destrabar buena parte de esas inconformidades mediante el diálogo, algo que parece elemental, pero que recurrentemente se convierte en la piedra en el zapato de muchos gobernantes: socializar sus proyectos.

Ayer tampoco hubo unanimidad y el regidor panista Missael Solís Jiménez cuestionó que no se entregara el expediente técnico. Pero hay otro asunto que merece especial atención y es la solidez jurídica del esquema de financiamiento, sobre la que el gobierno municipal tendrá que despejar cualquier duda.

El proyecto, que contempla una concesión por 15 años, consiguió pasar de una etapa marcada por el rechazo a otra donde su viabilidad dependerá, en buena medida, de que Prieto Gallardo mantenga abierto el diálogo con los comerciantes y quienes serán sus principales beneficiarios, pero también con la oposición que aunque ayer votó en contra, se mostró abierta a respaldar el proyecto.

Durante la sesión se reveló que se estima que inicialmente podría alcanzarse apenas un 40 por ciento de ocupación. Aunque todavía falta para conocer el comportamiento real, con un proyecto apenas aprobado en papel, la previsión representa una señal de alerta.

El éxito del Distrito Comercial estará en que resulte atractivo y funcional para comerciantes y consumidores, en una ciudad cuyos centros de abasto populares enfrentan problemas que van desde la saturación hasta la inseguridad.

Contra Retrato

Claudia Susana Gómez López

El clima de hostilidades y agresiones al interior de la Escuela de Nivel Medio Superior en el municipio de Pénjamo no debería pasar inadvertido para la rectora de la Universidad de Guanajuato. Lo que denuncian estudiantes y una docente tiene componentes suficientemente graves como para exigir una intervención institucional urgente.

Ayer un grupo de estudiantes protestó para denunciar el ambiente de violencia sistemática, con agresiones atribuidas a algunos alumnos contra sus propios compañeros e incluso contra una docente en particular.

Pero hay elementos muy delicados, porque las denuncias de los jóvenes señalan incluso amenazas de violencia extrema. Y aunque no se trata de anticipar escenarios ni alimentar temores, tampoco pueden minimizarse señalamientos de esta naturaleza.

Sobre todo cuando en otras entidades del país se han registrado episodios de violencia escolar extrema, incluso contra docentes, que hasta hace algunos años parecían ajenos a la realidad de las escuelas mexicanas.

La protesta de ayer tampoco surgió de un día para otro y los estudiantes acusan una actuación pasiva de Gerardo Fuentes Cordera, director de la Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo, pese a que los problemas llevan tiempo.

Corresponde a la máxima casa de estudios esclarecer los hechos, escuchar a las partes y determinar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus alumnos, pero también de sus docentes.