Sinaloa: ¿alianza por seguridad vs. maquinaria guinda?
Ivonne Melgar.
Centrada en la propaganda y el uso que el partido-gobierno hace de los programas sociales, la maquinaria electoral guinda tendría asegurado su triunfo hasta en Sinaloa.
Es una realidad que se ha transmitido incluso desde Palacio Nacional al difundir encuestas que colocan a Morena con 38 puntos de intención de voto en esa entidad.
Sinaloa se convierte en un referente casi icónico cuando la inseguridad es el calificativo de la capital, Culiacán, para 80% de sus habitantes y la economía sigue tronando.
La explicación de sinaloenses como Omar Garfias, quien no cesa en documentar las consecuencias de la tragedia, es que la oposición aún no ofreció una alternativa.
Y es que PRI y PAN habían colocado a la entidad entre los casos perdidos, frente a una normalizada violencia criminal que el discurso oficialista sigue trivializando.
Ese ninguneo se alimenta de la postura indefinida del gobierno ante las acusaciones estadunidenses, en abril, de que en Sinaloa hay cobertura política a cárteles del narco.
Porque si bien la lista de los 10 extraditables del Departamento de Justicia de EU forzó en mayo la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya y en agosto la salida del senador Enrique Inzunza de la bancada de Morena, ambos siguen sin ser investigados por la FGR.
Mientras el gobierno seguía reclamando pruebas, el Congreso mexicano aprobó una reforma para anular elecciones si se considera que hubo injerencia extranjera.
Así que cobijados en la retórica de que las acusaciones de EU son una intromisión que busca descarrilar a la 4T, la gestión estatal quedó en gente de Rocha Moya.
La primera gobernadora interina Yeraldine Bonilla seguía consultando sus pasos con quien siempre fue su jefe, hasta que él resolvió volver a despachar personalmente.
Vino entonces más indefinición gubernamental, porque después de cuatro meses de hablar de falta de pruebas e intromisión, el principal rechazo al regreso de Rocha fue de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Forzado por la recriminación federal de que volver era una imprudencia y el anuncio de una investigación abierta en la FGR, el hombre acusado de proteger al Cártel de Sinaloa y a Los Chapitos pidió licencia indefinida el 23 de agosto.
La fiesta morenista de que el escándalo les hacía lo que el viento a Juárez continuó con la designación de Graciela Domínguez Nava, con el subrayado presidencial de que su interinato concluirá en 2027.
Días después, Morena comenzó las nominaciones de candidatos en las 17 entidades que renovarán gubernaturas con la senadora Imelda Castro, quien ya había bajado de sus redes las fotos con Rocha.
Pero las imágenes de encuentros de políticos de la entidad con el acusado gobernador son conocidas en Sinaloa. Y, desde la cotidiana evolución del ánimo estatal, surgió la alerta de que, ante el máximo gesto de impunidad, el del fallido regreso de Rocha, el miedo colectivo se estaba trastocando en enojo.
Es un cambio que adquirió rostro con la Marcha por la Paz en Culiacán, el domingo 13 de septiembre, y que comenzó a registrarse en las mediciones de la oposición.
Según datos recientes, en la encuesta interna de Morena, Imelda Castro obtiene 26% de intención de voto, por debajo de la marca que además sigue en su desgaste estatal.
Y en la oposición aseguran tener ahora mejores datos que los mostrados a finales de julio en Palacio, donde el bloque oficialista tenía 44% y el resto opositor apenas 27.
“Estamos a ocho puntos de diferencia si vamos en alianza y faltan nueve meses para la elección”, nos compartió una fuente opositora que asegura que las conversaciones podrían incluir al Partido Sinaloense del asesinado Héctor Melesio Cuén.
La definición de la alianza estatal entre las dirigencias de Jorge Romero Herrera en Acción Nacional y de Alejandro Moreno en el PRI está por concretarse en los próximos días.
Y los nombres de los posibles prospectos son conocidos, al igual que sus historias frente a la narcopolítica, el gobierno de Rocha y los morenistas: Paola Gárate, Mario Zamora y Paloma Sánchez.
Gárate es diputada local y denunció en 2021 haber sido levantada por el operativo de la narcopolítica que le despejó el camino a Rocha. Recientemente dejó el PRI y se acercó al PAN, que en una negociación aliancista podría postularla a la alcaldía de Culiacán.
El diputado priista Mario Zamora es el excandidato opositor a gobernador que salió a dar la cara por los secuestrados de hace cinco años y habló de narco elección ante la OEA.
El exsenador de Ahome podría jalar el voto de los morenistas que esperarían una transición sin estigmatizarlos.
La senadora Paloma Sánchez es del equipo del dirigente del PRI, quien llevaría mano en la definición del abanderado, y tiene la ventaja del género, después de muchas candidaturas masculinas en la oposición. Su candidatura se sustentaría en la denuncia a la narcopolítica en Sinaloa que viene realizando desde 2021 como diputada federal.
¿Quién puede confrontar mejor a la maquinaria guinda con una oferta de pacificación? Ésa es la pregunta.
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