La lucha de Elsa Riquelme contra Blackstone, que pasó de un posible desahucio a un alquiler social: “Tenemos que estar organizados para que esto cambie”

Elsa Riquelme conoce mejor que nadie lo que implica vivir bajo amenaza de desahucio. Así ha pasado buena parte de su vida esta mujer chilena desde que llegó a Madrid hace más de dos décadas tras enfrentarse a varios intentos de desalojo por parte del fondo estadounidense de inversión Blackstone, que controla unas 20.000 viviendas en el mercado del alquiler en España. Por eso se alegra tanto de ver cómo una oleada de indignación recorre España para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda tras el caso de Maricarmen Abascal , la mujer de 87 años que fue desalojada el pasado 23 de septiembre por el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones de la casa en la que vivió siete décadas y que, solo dos semanas después, fallecía en el hospital Gregorio Marañón. La vecina de Retiro, que también luchó durante años para evitar su desahucio, nunca pudo regresar a su casa, pese al acuerdo que habían alcanzado su abogada, Urbagestión, el Sindicato de Inquilinas y el Ayuntamiento de Madrid para renovar su contrato de alquiler.

El 7 de octubre, tan solo unas horas antes del fallecimiento de Maricarmen, se puso fecha a una huelga general que situará la vivienda en el centro del debate político y social, si bien los sindicatos convocantes también llaman a movilizarse el próximo 11 de noviembre por “unos mejores salarios y por el control de unos precios que lastran el poder adquisitivo”.

“El mejor homenaje que podemos hacer a Maricarmen es lo que ella dijo: hay que seguir luchando por lo que es nuestro y, para conseguirlo, la gente que tiene problemas para acceder a una vivienda, que está en riesgo de desahucio o que no llega a fin de mes, tiene que organizarse, buscar asambleas en sus barrios o sumarse a sindicatos para reclamar soluciones. La lucha vale la pena”, señala Elsa en conversación con Infobae, que confía en que las movilizaciones impulsen “un cambio real”.

Durante estos últimos días no ha dudado en acudir a la acampada de la Puerta del Sol en Madrid, que se mantiene desde el 26 de septiembre pese a las dificultades e intentos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por disolverla. “Es emocionante ver cómo ha despertado tanta gente, sobre todo tantos jóvenes que tal vez no sabían cómo canalizar esa indignación y ahora vemos que quieren continuar con las protestas. El desahucio de Maricarmen fue la gota que colmó el vaso y creo que esto es ya imparable, porque la vivienda tiene que dejar de ser una mercancía para que haya soluciones”, sostiene Elsa, cuya historia sirvió además de inspiración al actor y director Juan Diego Botto para escribir En los márgenes (2022), una película que refleja el drama de los desalojos en España.

Su vivienda salió a subasta mientras operaban a su hijo de un tumor

En el caso de Elsa, sus problemas con la vivienda comenzaron en el año 2000, cuando pidió una hipoteca para comprar un piso en el barrio madrileño de Carabanchel junto a su marido, que tenía una pequeña empresa de construcción. A la hora de concederle el crédito, explica, todo fueron facilidades, pues le bastó con acreditar “seis meses de residencia en España y mostrar su pasaporte”. De hecho, como el negocio familiar iba bien, en 2006 asumieron una segunda hipoteca para ayudar a su hermano a acceder a una vivienda. No contaban, sin embargo, con que la crisis inmobiliaria fuera a reducir el trabajo de forma drástica, complicando así el pago de las cuotas.

A esta situación se suma que Elsa sufría violencia de género por parte de su marido, que incluso trató de acabar con su vida. Tras obtener una orden de alejamiento, él regresó a Chile y dejó de colaborar con las dos hipotecas, pese a que ambos figuraban como titulares. Su hermano también volvió y, cuando su hijo menor enfermó en 2013, Elsa tuvo dificultades para mantener su empleo: logró pagar las cuotas hasta 2014, cuando su situación económica terminó por desmoronarse.

Al acumular tres impagos, Caixa Catalunya —entidad que después fue absorbida por BBVA— la demandó. En 2015, mientras operaban a su hijo de un tumor cerebral, su vivienda salió a subasta y fue adquirida por Lambeo Investments, filial de Blackstone.

Antes de llegar a ese punto, Elsa ya había buscado ayuda en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Carabanchel, donde entendió que no estaba sola y que muchas otras personas se encontraban en situaciones similares por la burbuja inmobiliaria. “Los bancos sabían perfectamente lo que hacían”, explica Elsa, que a lo largo de estos últimos doce años no ha dejado de acompañar a otras familias amenazadas por el desahucio.

En 2016 llegó el primer intento de lanzamiento, que fue paralizado gracias al apoyo de la PAH, aunque después hubo otros dos intentos más, el último con sentencia firme y con Blackstone dispuesto a recuperar la vivienda. Pese a todo, y mientras Elsa cuidaba de su hijo enfermo, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel logró que el fondo aceptara ofrecerle un alquiler en la misma vivienda. El acuerdo, sin embargo, solo le permitía quedarse de forma temporal, ya que el contrato debía renovarse cada año, por lo que siempre vivía con la incertidumbre de un posible desalojo.

“Cada vez que llegaba enero era un sinvivir, porque el fondo te escribía una carta para recordarte que en seis meses más tenía que entregar el piso. Suponía vivir en una incertidumbre constante”, asegura la activista.

La llamada que cambió todo: le adjudican una vivienda pública

En enero de este año, después de que la propiedad comunicó a Elsa que ya no renovaría el contrato de alquiler, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel decidió comenzar una campaña contra Blackstone. Elsa explica que recibió una llamada desde Barcelona en la que le pidieron frenar la protesta por el deterioro de la imagen de la empresa ante bonistas e inversores, pero les dijo que no dependía solo de ella: “Tengo a todo un colectivo detrás que no va a parar hasta que haya una alternativa para mí. Si me vais a echar a la calle, me tenéis que dar una opción”.

Para su sorpresa, apenas dos días después de esa llamada, llegó la solución. Blackstone le informó que había contactado con la Comunidad de Madrid y que la administración se comunicaría con ella. Poco después, le adjudicaron una vivienda pública en Villaverde Bajo. Elsa no salía de su asombro, porque llevaba más de una década inscrita en los registros de acceso a vivienda protegida en Madrid y asegura que se encontraba “en el puesto trescientos y pico”, y de repente, de un día para otro, le adjudicaron un piso. “Ahí te das cuenta del poder que tienen los fondos extranjeros y de que, en realidad, sí pueden ofrecer soluciones. También hace falta voluntad política”, resume.

Su nuevo contrato de alquiler es vitalicio y le permite pagar 330 euros al mes, una cantidad asumible para sus ingresos y muy alejada de los precios que marca al actual mercado. Pese a que ha podido resolver su caso, cree que las medidas tomadas por el Gobierno “no son suficientes” para frenar los desahucios y critica que la protección dependa de los informes de los servicios sociales y de la decisión judicial sobre la vulnerabilidad de cada persona o familia. Por ello reclama alternativas habitacionales para quienes se enfrentan a este tipo de situaciones e insiste en la importancia de que la gente se organice en esta lucha y acuda a sindicatos. “O estamos organizados, o esto no lo vamos a cambiar”, concluye.