Ministra del Trabajo cuestionó a juez que le impuso tres días de arresto por presunto incumplimiento de tutela: “Denunciando la vagabundería”

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali declaró en desacato a la ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, y al director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Fray Ricardo Torres Castro, por el presunto incumplimiento de órdenes de tutela relacionadas con la situación laboral de Gregorio Alfredo Dajome Granja.

La decisión judicial impuso a cada funcionario tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, la medida todavía debe pasar por el grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que podrá confirmarla, modificarla o revocarla antes de una eventual ejecución.

El expediente tiene origen en una acción de tutela resuelta mediante el fallo T-097 del 22 de julio de 2026.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Cali revisó la decisión en segunda instancia y mantuvo la protección de los derechos fundamentales al trabajo, la estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital del accionante.

Dajome Granja solicitó una medida laboral después de salir de su cargo como consecuencia de un concurso de méritos. Las órdenes judiciales disponían que las instituciones evaluaran alternativas para proteger sus derechos, incluida una posible reubicación.

El juzgado cuestionó la falta de pruebas sobre la reubicación

De acuerdo con la providencia, el Ministerio del Trabajo no demostró que hubiera realizado las verificaciones necesarias sobre vacantes de carrera administrativa o cargos temporales dentro de su planta de personal.

El despacho debía establecer si existían puestos disponibles para los cuales el trabajador cumpliera con los requisitos previstos en el manual específico de funciones y competencias laborales. De existir una opción compatible, la orden contemplaba un nombramiento provisional como mecanismo de reubicación.

“Nada han hecho”, indicó el juzgado al referirse a las actuaciones acreditadas dentro del trámite. La decisión sostuvo que las entidades tuvieron un plazo para responder a los requerimientos, pero no probaron que hubieran ejecutado las gestiones necesarias.

La providencia señaló que no se materializó la reubicación laboral de Dajome Granja. También cuestionó la ausencia de soportes que permitieran concluir que la cartera laboral examinó de manera completa las plazas disponibles.

En cuanto al Sena, el juzgado afirmó que tampoco se acreditó una respuesta de fondo mediante un acto administrativo motivado. Esa determinación debía definir si procedía alguna medida en favor del accionante, de acuerdo con las órdenes de tutela.

El desacato es un mecanismo previsto para exigir el cumplimiento de fallos de tutela. La sanción no supone una decisión sobre la responsabilidad penal o disciplinaria de los funcionarios, sino una consecuencia por el presunto incumplimiento de una orden judicial.

Natalia López cuestionó el fallo y atribuyó el origen del caso a la administración anterior

Tras la decisión judicial, la ministra del Trabajo, Natalia López, reaccionó a través de su cuenta de X. La funcionaria aseguró que la tutela corresponde a un asunto anterior a su llegada al Gobierno, el 7 de agosto, y afirmó que su despacho ya adelantó actuaciones para acatar el fallo.

“No originamos” el desacato, escribió la ministra al cuestionar la sanción. López manifestó que la medida de arresto no era el aspecto central de su reclamo, sino la obligación de responder por hechos que atribuyó a la gestión previa.

La titular de la cartera laboral mencionó al gobierno del expresidente Gustavo Petro y al exministro del Trabajo Antonio Sanguino. En su publicación los acusó de “ineptitud”, “negligencia” e incumplimientos frente a las obligaciones relacionadas con el trabajador.

¡En la #PatriaMilagro vamos de frente, con la verdad, sin discursos mentirosos y denunciando la vagabundería!“, afirmó López. La ministra agregó que presentará ante las autoridades pruebas sobre presuntas irregularidades encontradas en la entidad y sostuvo que quienes resulten responsables de actos de corrupción podrían enfrentar sanciones dentro de los parámetros constitucionales y legales.

“Que quede claro: seguiremos denunciando la podredumbre y las presuntas irregularidades que estamos encontrando, con pruebas ante las autoridades. Para quienes resulten responsables de corrupción, tres días de arresto podrían ser nada frente a las sanciones que les esperan en el marco de la Constitución y la ley”, finalizó.