Denuncian irregularidades en el proceso judicial contra el Mayor del Ejército venezolano acusado de robar material militar
El mayor del Ejército Marvin Rafael Cequera Mendoza fue detenido el 22 de noviembre de 2025 en Maracay por una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de Caracas, según ha señalado su esposa, María Chiquinquirá Tubíñez Colmenárez. La familia afirma que el procedimiento se realizó sin una orden judicial previa.
Tubíñez sostiene que durante la primera semana el oficial estuvo en desaparición forzada. Agrega que Cequera permaneció cerca de cuatro meses en la sede del CONAS de Quinta Crespo, en Caracas, donde habría sido golpeado, torturado y amenazado, según el testimonio familiar.
La esposa asegura que acudió a la sede del organismo y recibió confirmación de que el militar estaba allí, pero no pudo verlo durante dos meses. Posteriormente, las visitas se habrían realizado a través de un vidrio.
El 17 de marzo de 2026, Cequera fue trasladado al Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, donde, según Tubíñez, le contó los presuntos maltratos sufridos. La familia afirma que la audiencia preliminar se celebró nueve meses después de la detención.
Señalamientos de la investigación
Cequera estaba adscrito a la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX) en Carabobo y era segundo comandante de la dependencia de Puerto Cabello. También impartía cursos de explosivos para la División de Almacenamiento y Control de Químicos y Explosivos de la Región Central (DIACOQUERCE).
El oficial fue acusado de sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de delitos contra la seguridad de la institución. “El mayor fue detectado vendiendo municiones, explosivos y piezas de armas”, dijo una fuente militar en conversación con Infobae.
Además, asegura que el Grupo Antiextorsión y Secuestro detectó números telefónicos, conversaciones y supuestas órdenes directas del coronel Oswaldo Flores Rojas, entonces director del DAEX en Puerto Cabello. Según esa fuente, “las instrucciones habrían sido emitidas por el general de división Jesús Antonio Carrera Mora cuando dirigía el DAEX”.
En la investigación supuestamente aparecieron indicios “de negocios con armas, municiones, explosivos y chatarra; venta de portes de armas; acreditaciones de civiles como funcionarios; e inspecciones presuntamente falsas a empresas estatales y compañías pirotécnicas”, dijo la fuente.
También sostiene que Cequera señaló al coronel Flores Rojas, contra quien se libró una orden de aprehensión y quien habría sido acusado de desobediencia en calidad de encubridor.
La versión familiar
La explicación de la familia y abogado de Cequera es que el Mayor fue vinculado al caso por una llamada telefónica y por la supuesta sustracción de material estratégico de la sede del DAEX en Puerto Cabello. Aseguran que se realizaron al menos tres inspecciones técnicas en los depósitos y que los inventarios no presentaron novedades.
Su defensa señaló que la Corte Marcial de Caracas infringió los derechos y garantías constitucionales establecidos en los Artículos: 26, 49, 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos: 12 y 6 del Código Orgánico Procesal Penal.
El caso, identificado con el número CJPM-TM1C-421-2025, cursa ante el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, a cargo del teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Mickel Enrique Amézquita Pión. La Fiscalía Tercera Militar, dirigida por el capitán de la GNB Elber Jesús Montero Mendoza, interviene en la causa.
La audiencia de imputación formal se realizó el 29 de noviembre de 2025 ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, según la información suministrada por la defensa.
El 9 de diciembre de 2025, María Chiquinquirá Tubíñez Colmenárez designó a los abogados de su esposo ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los tribunales penales militares. La defensa denuncian que transcurrió un mes antes de que pudiera juramentarse.Según los abogados, el tribunal autorizó que acudieran al centro de reclusión para obtener la nota marginal, el sello y las huellas del imputado en el escrito de designación. Sin embargo, un funcionario del CONAS, el Sargento Mayor Hernández Meza, se negó a ejecutar esa instrucción y sostuvo que el tribunal debía ordenar formalmente el traslado del detenido.
Los defensores fueron juramentados el 6 de enero de 2026, después de presentar solicitudes y un amparo constitucional ante la Corte Marcial. Desde ese momento pidieron copias certificadas del expediente para proponer diligencias durante el lapso legal de investigación, pero aseguran que el Tribunal Primero negó reiteradamente la entrega, incluido el acto conclusivo de la Fiscalía.
Amparo sin respuesta
El 20 de enero de 2026, la defensa interpuso una acción de amparo constitucional ante la Corte Marcial Penal Militar del Área Metropolitana de Caracas contra el tribunal de control. Alegó vulneraciones del derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
Los abogados presentaron una solicitud de celeridad procesal el 27 de enero e insistieron el 10 de febrero, pero afirman que no obtuvieron respuesta. Sostienen que la falta de pronunciamiento permitió el vencimiento de los lapsos de investigación y les impidió conocer oportunamente las actuaciones.
La defensa considera vulnerados los artículos 26, 49, 51, 257, 334 y 7 de la Constitución venezolana, así como los artículos 6 y 12 del Código Orgánico Procesal Penal. Hasta la información disponible en este texto, no consta una respuesta oficial del tribunal, la Fiscalía Militar, el CONAS ni las autoridades señaladas frente a estas denuncias.
María Chiquinquirá Tubíñez Colmenárez le dijo a Infobae que el Tcnel. Maikel Amezquita Pion, Juez militar primero de Control del circuito judicial Penal Militar de Caracas y el Capitan Elber Montero, Fiscal Militar Tercero de Caracas, “desde el inicio del proceso, en noviembre 2025, no han permitido el derecho a la defensa de mi esposo”.
Finalmente sostuvo que “los abogados han realizado todas las solicitudes de copias certificadas, del expediente y del escrito acusatorio, y no les ha sido entregado”. El 13 de agosto 2026 su esposo fue pasado a juicio sin tener claridad de qué sustenta la acusación realizada contra él.
Infobae
