Jalisco, Michoacán y Ciudad de México, entre los estados que rechazan nueva ley indígena: mapa documenta más de 120 inconformidades
La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos es impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como una reforma novedosa e incluyente que busca proteger en el marco legal a las comunidades indígenas en México, sin embargo, sus planteamientos han recibido un considerable rechazo de los pueblos indígenas.
El gobierno federal anunció a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que realizaría un proceso de consulta nacional sobre la iniciativa de ley indígena, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Dicho proceso comenzó desde julio y a la fecha continúa.
En ese contexto, el pasado 6 de octubre, comunidades wixáritari de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, Santa Catarina Cuexcomatitlán y San Andrés Cohamiata, en Jalisco, anunciaron su postura de rechazo a la consulta indígena.
“Con lo anterior, Jalisco se suma a estados como Michoacán o la Ciudad de México (CDMX), en los que la ‘consulta’ no pudo implementarse por la oposición de los pueblos indígenas”, se lee en un comunicado del Congreso Nacional Indígena (CNI) sobre el posicionamiento de las comunidades wixáritari.
Lo relevante del caso es que en total suman aproximadamente 129 comunidades, municipios y regiones en México que han manifestado su rechazo a la iniciativa de ley indígena, así lo documenta el mapa de la inconformidad, realizado por la Fundación-Colectivo Indígenas 3D, una iniciativa que busca defender el territorio y la cultura de los pueblos indígenas a través de acompañamiento a los pueblos indígenas.
Pueblos originarios de Jalisco y otros estados rechazan consulta indígena
Las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y su Anexo Tuxpan, Santa Catarina Cuexcomatitlán y San Andrés Cohamiata, ubicadas en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, acordaron no participar por el momento en la consulta sobre la propuesta de iniciativa de Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
La decisión surgió de una asamblea conjunta realizada el 27 de septiembre de 2026. Las comunidades señalaron que no cuentan con información suficiente sobre los contenidos, la naturaleza ni los posibles impactos de la iniciativa. También sostuvieron que la propuesta no les ha sido explicada en lengua wixárika ni bajo criterios de pertinencia cultural.
De acuerdo con el acuerdo comunitario, la falta de información y de condiciones para comprender el proyecto impide una participación informada en el proceso de consulta.
Más de 120 pueblos indígenas rechazan consulta nacional
De acuerdo con el mapeo elaborado por la Fundación-Colectivo Indígenas 3D, pueblos, comunidades, autoridades tradicionales, consejos y organizaciones indígenas rechazan la consulta sobre la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos por considerar que carece de condiciones para garantizar una participación informada, culturalmente pertinente y con efectos reales en el contenido de la norma.
El registro reúne 48 documentos publicados desde julio de 2026. De ellos, 38 corresponden a pronunciamientos, acuerdos de asamblea, amparos y denuncias suscritos por comunidades y organizaciones indígenas. Los diez restantes provienen de analistas, academia y medios de comunicación.
La principal objeción aparece en 28 documentos: los pueblos sostienen que el proceso no constituye una consulta en términos jurídicos. Señalan plazos reducidos para revisar una iniciativa de 453 artículos, falta de materiales completos, ausencia de traducciones a las lenguas indígenas y mecanismos de votación sin información previa. También cuestionan que las reuniones se realicen con tiempos, sedes y metodologías ajenas a sus formas comunitarias de decisión.
El mapeo concentra registros en Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, la Península de Yucatán y San Luis Potosí. También identifica tres entidades donde el amparo de México Indígena no tuvo consulta: Chihuahua, Jalisco y Nuevo León.
En 18 documentos se cuestiona que el gobierno determine qué comunidades son reconocidas como pueblos indígenas y con quién debe dialogar. Los pronunciamientos demandan que se respete la autoadscripción, las autoridades comunitarias y las decisiones tomadas en asamblea, sin intermediarios que sustituyan la representación de los pueblos.
El colectivo también precisa una diferencia entre reuniones y asambleas. Señala que el INPI denomina “asambleas” a los actos que convoca, aunque las comunidades sostienen que una asamblea es una institución de gobierno propia y solo puede ser convocada por el pueblo conforme a sus normas internas. Bajo ese criterio, los encuentros organizados por la dependencia federal serían reuniones institucionales, aun cuando adopten la forma de una asamblea.
Otros 15 documentos advierten que diversos artículos de la iniciativa podrían dejar los territorios indígenas expuestos a proyectos de infraestructura, actividades extractivas y obras relacionadas con agua, hidrocarburos o transporte. Las comunidades señalan que la propuesta no garantiza de forma suficiente su derecho al consentimiento previo, libre e informado.
Además, 12 documentos sostienen que la iniciativa reconoce derechos en el discurso, pero conserva en manos del gobierno las decisiones sobre su aplicación. Entre las exigencias aparecen el reconocimiento del Estado plurinacional, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, el autogobierno y el acceso a presupuesto directo para las comunidades.
Nueve documentos cuestionan que los resultados de la consulta no tengan carácter vinculante. Los pueblos plantean que sus propuestas deben incorporarse al texto legislativo y que cualquier decisión que afecte sus territorios debe contar con su consentimiento. Cada documento está disponible y clasificado según sus características para que pueda consultarse libremente en el micrositio.
Infobae
