Menos trámite ¿más corrupción?

Es evidente que hay buenas intenciones detrás de la política educativa nacional. La brecha educativa en México existe y crece con el paso de los años, alimentándose de la falta de oportunidades económicas o laborales para las familias, la violencia producida por los grupos delictivos en todo el país, entre otros factores. De ahí que al darles una “solución inmediata”, las y los beneficiarios se sienten atendidos y acompañados, con un proceso ágil y universal va a tener una excelente aceptación. Sin embargo ¿qué pasa cuando estos programas tienen fallas en su ejecución? ¿Puede haber corrupción por parte de los usuarios?

Durante el periodo de arranque de la 4T en 2019, el entonces presidente López Obrador anunció el recorte masivo de las delegaciones del gobierno federal, de ahí que se creó la figura de los“Delegados de Programas para el Desarrollo” (los “superdelegados”), así como también muchos de los programas de asistencia social como “Prospera” y posteriormente en 2021 “Escuelas Tiempo Completo” fueron reemplazados por los programas de becas para el bienestar. El objetivo era recortar el número de intermediarios en los programas sociales, buscando así evitar agentes que pudieran propiciar actos de corrupción para el registro u obtención de dichos programas, garantizando un acceso directo y universal. En un inicio, las críticas rondaban en la medición y evaluación de estos programas, toda vez que con estos mecanismos se tendría menos información disponible para conocer el impacto de esta nueva política educativa y social, pero no se preveía la posibilidad de que se ampliara la corrupción en este entorno. Pero, la realidad terminó superando a las buenas intenciones.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) realizó una auditoría del programa de becas para el bienestar “Benito Juárez”, observando que hubo pagos en 2025 por 592.3 millones de pesos a 67 mil estudiantes aproximadamente, cuyos datos no fueron validados ante el Registro Nacional de Población. En el reportaje realizado por Arturo Sánchez Jiménez para el portal La Jornada, señaló que en 2024 no se entregaron 95 mil 960 tarjetas de las cuales 94,251 aparecían como “activas”. Si bien, siguiendo el procedimiento de auditoría, la Secretaría de Educación Pública aun puede solventar dichas observaciones si logra comprobar o justificar, legal y documentalmente, cuál fue el destino de estos recursos, o bien, porque se encuentran activas estas tarjetas; lo cierto es que evidencia como persisten fallas estructurales en la operación de estos programas, fallas que le cuestan cientos de millones de pesos al erario. Por otra parte, esta no es la primera vez que se detectan irregularidades en la política educativa nacional.

En 2021, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades con el manejo del programa “La Escuela es Nuestra”, esto de acuerdo a la acción “2020-0-11100-19-0124-06-001” de la Cuenta Pública 2020, corresponde a una transferencia indebida de 9.4 millones de pesos a 40 planteles de los cuáles “no se demostró que se realizaron las acciones necesarias para recuperar los recursos, toda vez que los respectivos Comités Escolares de Administración Participativa (CAEP) no activaron las tarjetas bancarias en las que les ministraron los referidos apoyos”; otra correspondiente a la acción “2020-0-11100-19-0124-06-002” por 12 millones de pesos, dado que 71 planteles no demostraron con evidencia comprobable que los recursos se usaron para mejorar los planteles; y finalmente otra acción “2020-0-11100-19-0124-06-003” por un monto de 552 millones de pesos por la falta comprobación de apoyos a más de 1.686 planteles. Un total aproximado de 573 millones de pesos por fallas en la gestión. Esto último responde a dos problemas estructurales: Falta de control/rigor institucional en la gestión de los programas y de monitoreo ¿No se supone que la simplificación de los programas traería consigo menos corrupción?

Imaginemos los escenarios en los cuáles, tanto los que gestionan estos recursos como lo son directores con apoyo de los comités de padres de familia, y quienes deben supervisar el gasto (los CAEP, las Contralorías Sociales y los Superdelegados) no están haciendo bien su trabajo al documentar y registrar adecuadamente cuánto y cómo se gastó el recurso. Ahora, esto atendiendo al mejor escenario posible y asumiendo que no se está ante un caso de corrupción escolar o beneficios personales. Esa misma falta de rigor institucional existe en el programa de Becas para el Bienestar, por la falta de controles de verificación de identidad en los registros y la trazabilidad del recurso ejercido.

La intención, repito, tenía sentido: acortar los trámites y dar un beneficio directo. Sin embargo, lo que tenemos hoy en día es el reflejo de que la falta de planeación y organización trae consigo irregularidades que no necesariamente tienen que serpor descuidos. Finalmente, la política educativa debería blindarse institucionalmente con mecanismos efectivos de combate a la corrupción, dado que es quizás el segundo programa presupuestario con más recursos de toda la federación. De no atenderse estas fallas estructurales, el costo seguirá ascendiendo y comprometerán el futuro de millones de estudiantes en todo el país.