Familiares de víctimas del Casino Royale piden reunión con la FGR tras liberar a dos exmiembros de Los Zetas
Familiares de víctimas del Casino Royale pidieron una reunión con la Fiscalía General de la República (FGR), después de que una jueza federal ordenara la liberación de dos hombres sentenciados por el atentado de 2011 en Monterrey, Nuevo León.
Samara Pérez, vocera del colectivo de víctimas y madre de una de las personas fallecidas, encabezó el reclamo. La jueza federal Mabel Cortés Navarrete emitió la orden de libertad a favor de José Alberto Loera Rodríguez, alias “El Voltaje”, y Héctor Javier Montoya Chávez, alias “La Rana”.
La medida corresponde únicamente a la causa penal 162/2011 y está vigente desde el 4 de octubre. Las familias desconocen aún el contenido completo de la resolución y exigen que la fiscalía aclare sus alcances.
Samara Pérez exige a la FGR aclarar la liberación de “El Voltaje” y “La Rana”
La vocera solicitó ser recibida en la FGR junto con las demás familias afectadas. En entrevista con Milenio Televisión, con Zelenny Ibarra y Ricardo Solaback, Pérez pidió ser integrada como tercero interesado en el juicio.
Esa figura legal le permitiría conocer el universo total de responsables del ataque y el estatus real de la resolución judicial. Pérez afirmó también haber solicitado medidas de protección al fiscal general de Nuevo León, Javier Flores, ante el riesgo que representa señalar a integrantes de la delincuencia organizada.
“Ante la libertad reportada de estas personas, que sabemos que son de la delincuencia organizada, es un riesgo enorme estarlo señalando”, declaró Pérez en una rueda de prensa realizada el 8 de octubre, según consignó Infobae. La vocera agregó que las familias han señalado a todos los implicados desde hace quince años, sin que las autoridades les den una respuesta clara.
El colectivo realizó esa rueda de prensa porque no contaba con la resolución judicial ni con información sobre la autoridad que la dictó. Pérez exigió a las autoridades identificar con precisión la resolución de libertad y confirmar si ambos hombres permanecen recluidos o ya fueron liberados.
También pidió que se informe de manera individualizada qué procesos, sentencias y órdenes de aprehensión corresponden a cada uno. Hasta el momento, según el diario, no está confirmado que Loera Rodríguez y Montoya Chávez se encuentren libres.
Montoya permanecía recluido en el penal federal número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila. Loera, por su parte, purgaba su condena en el Cefereso número 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato.
La vocera remarcó que el colectivo carece de confirmación documental sobre si ambos siguen presos por otras causas o si alguno ya salió. Pérez pidió además un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que no anule la Recomendación 66-2012.
Esa recomendación aborda las violaciones a los derechos humanos derivadas del ataque. El colectivo considera que su eventual anulación afectaría el proceso de reparación que han buscado durante más de una década.
La condena de 15 años dictada en Matamoros, Tamaulipas, en julio de 2025
El Tribunal Colegiado en Materia de Apelación que conoció la causa penal 162/2011 notificó la orden de libertad. El organismo solicitó al juzgado de origen informar si ambos hombres fueron puestos en libertad y si señalaron un domicilio para recibir notificaciones.
La condena original se dictó el 9 de julio de 2025. Ese día, la FGR, entonces a cargo de Alejandro Gertz Manero, informó que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, sentenció a seis integrantes de Los Zetas vinculados al atentado.
La resolución se obtuvo con elementos aportados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Baltasar Sauceda Estrada, alias “El Mataperros”, identificado como autor intelectual del ataque, recibió una condena de 135 años de prisión.
Loera Rodríguez y Montoya Chávez recibieron condenas de 15 años de prisión cada uno, al igual que Luis Carlos Carrasco Espinoza, Hugo Fernando Rodríguez Castillo y Juan Norberto Estrada Valdez. Los seis fueron hallados penalmente responsables de delincuencia organizada, bajo las hipótesis de delitos contra la salud y secuestro.
Loera Rodríguez, exluchador profesional en Nuevo León, coordinaba a cerca de 40 vigilantes encargados de monitorear movimientos de autoridades y grupos rivales. Montoya Chávez, por su parte, quedó identificado como encargado del resguardo y distribución de armamento entre células del grupo.
La extinta Policía Federal detuvo a ambos el 4 de octubre de 2011 sobre la carretera México-Laredo. Los arrestó junto con Juan Antonio Meléndez Suárez, alias “El Chore”, en un operativo que derivó meses después en el aseguramiento de 15 armas largas y dos lanzagranadas en un domicilio de Monterrey.
El ataque del 25 de agosto de 2011 que dejó 52 muertos en el Casino Royale
El atentado contra el Casino Royale ocurrió el 25 de agosto de 2011 a las 15:48 horas. Al menos diez personas llegaron al establecimiento en cuatro vehículos y tres de ellas descendieron con garrafones de combustible que vertieron en el interior.
Para las 15:51 horas, el incendio ya se propagaba con intensidad en todo el inmueble. El saldo final fue de 52 personas muertas: 51 por intoxicación de monóxido de carbono y una calcinada, además de 11 personas lesionadas.
Un dictamen pericial de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que el fuego se provocó al verter gasolina sobre máquinas tragamonedas, mobiliario y la alfombra del lugar. La CNDH documentó además que el inmueble no contaba con hidrantes, equipo contra incendios ni red hidráulica interna.
El entonces gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, señaló que el ataque se originó por una extorsión. Los propietarios del casino se negaron a pagar una cuota semanal de 130 mil pesos que Los Zetas exigían como derecho de piso.
El inmueble donde funcionaba el casino fue demolido años después y el predio se transformó en una zona comercial. En 2024 se develó un memorial frente al lugar, con un muro que conserva los nombres de las 52 víctimas y de los dos bebés no nacidos.
Infobae
