La prevención, eje de la nueva protección civil en Sonora: diputado Julio Navarro Contreras
El Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, propuesta por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el objetivo de fortalecer la prevención, la coordinación institucional y la atención de emergencias y desastres.
El diputado Julio César Navarro Contreras, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, destacó la importancia de la reforma, al establecer un modelo integral que prioriza la prevención y busca reducir los efectos de desastres naturales o provocados por la actividad humana.
“Es importante esta iniciativa que nos envía el Ejecutivo, ya que pone en el centro elevar a nivel constitucional la protección civil. Es una parte muy importante y da pie a la creación del instituto encargado de la prevención, sobre todo antes que atender a posteriori los riesgos”, expresó.
La reforma reconoce constitucionalmente el derecho de todas las personas a contar con mecanismos de protección ante contingencias y establece el Sistema Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como el Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Sonora, como organismo público autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia técnica, administrativa y presupuestal.
Entre las atribuciones del instituto se encuentran establecer criterios técnicos y operativos para prevenir riesgos, así como orientar las políticas y los programas de protección civil. Su estructura contempla una persona titular de la Comisión Estatal, un Consejo Ciudadano integrado por cinco personas y un Consejo Técnico Asesor con especialistas e instituciones académicas y científicas.
Asimismo, la reforma establece que la persona titular de la Comisión Estatal será designada por el Congreso del Estado mediante un procedimiento público y con el voto de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes. También mantiene la facultad del Ejecutivo estatal para coordinar a las instituciones y, cuando sea necesario, establecer un Comité Estatal de Emergencias y Desastres para atender las labores de auxilio, respuesta, recuperación y reconstrucción.
En el ámbito municipal, los ayuntamientos deberán implementar programas de prevención y gestión de riesgos conforme a los parámetros que establezca el Instituto, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta desde el ámbito local.
La propuesta se enriqueció mediante ejercicios de parlamento abierto realizados en Ciudad Obregón, Nogales y Hermosillo, en los que participaron autoridades, especialistas, cuerpos de emergencia, académicos, representantes del sector productivo, organizaciones y ciudadanía.
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