México y Europa: La infraestructura como prueba de absorción
Alstom fabricará en su planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, los 47 trenes de pasajeros que correrán en los corredores México-Querétaro-Irapuato y Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, un contrato de unos 920 millones de euros con 76% de contenido nacional y cuya primera unidad debería entrar a pruebas a mediados de 2027. La empresa francesa opera en México desde 1952, y en el año en que se conmemora el bicentenario de la relación con Francia, el caso muestra que la presencia europea en la obra pública mexicana tiene raíces largas y, sobre todo, proyectos con fecha y cifras verificables. En agosto argumentábamos en este espacio que el reto para que el Acuerdo Global Modernizado (AGM) entre México y la Unión Europea se traduzca en flujos de inversión está en la capacidad de absorción de la economía. La infraestructura es probablemente donde ese potencial empezará a medirse primero.
Un vehículo nuevo para el capital privado El Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030 contempla 5.6 billones de pesos de inversión pública y mixta, con más de la mitad destinada a energía, 16% a trenes, 14% a carreteras y 6.5% a puertos. Para alcanzar una meta de ese tamaño, el gobierno apuesta por un esquema de inversión mixta en el que el Estado conserva la propiedad de los activos y el capital privado participa asumiendo riesgo financiero, con contratos de entre cuatro y cuarenta años. El diseño responde a un espacio fiscal acotado, ya que el presupuesto de 2026 recortó de manera importante los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas), las asociaciones público-privadas (APP), y el Paquete Económico 2027 deja poco margen en el gasto, de modo que la participación privada será determinante para el ritmo de ejecución. Los primeros pasos ya se están dando. A mediados de septiembre, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) presentó una cartera de 19 proyectos carreteros de inversión mixta por unos 214 mil millones de pesos en 17 estados. De ellos, 14 ya cuentan con el aval de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y cuatro iniciaron obra. Es un primer historial de ejecución que cualquier inversionista de largo plazo querrá revisar antes de comprometer capital. El Acuerdo Comercial Interino, que cubre comercio y liberalización de inversión, ya fue aprobado en julio por el Parlamento y el Consejo europeos y solo espera la ratificación del Senado mexicano, con lo que podría entrar en vigor hacia diciembre o a inicios de 2027. Con él llega un capítulo de compras públicas que abre las licitaciones mexicanas, incluidas las estatales, a empresas europeas bajo reglas de transparencia y no discriminación alineadas con las de la OMC. La protección a la inversión, con la corte internacional que describíamos como un mecanismo para reducir el costo del capital, forma parte del acuerdo completo, cuya ratificación en los 27 parlamentos nacionales tomará más tiempo; mientras tanto, siguen vigentes los catorce tratados bilaterales de inversión que México ya tiene con Estados miembros. Para la infraestructura, esta secuencia significa que las empresas europeas podrán participar en licitaciones relativamente pronto, y que la ejecución de los primeros contratos bajo el esquema mixto irá generando la confianza que después reforzará el tratado.
Contenido nacional y crecimiento De regreso en Sahagún, el 76% de contenido nacional es la parte del contrato que más interesa desde el punto de vista del crecimiento, porque el efecto de una obra sobre el Producto Interno Bruto (PIB) aumenta cuando los equipos se fabrican en el país y la demanda se queda en la cadena de proveedores locales. Cuánto de ese porcentaje termina siendo valor agregado mexicano dependerá de la profundidad de los proveedores de segundo y tercer nivel, que es justamente donde la llegada de capital europeo paciente puede hacer la diferencia, en línea con lo que planteábamos en agosto sobre la composición de esa inversión. El paquete de 5 mil millones de euros que la Unión Europea anunció en mayo a través de Global Gateway apunta en la misma dirección, con énfasis en energía limpia, movilidad sostenible, infraestructura digital, farmacéutica y economía circular, sectores que coinciden en buena medida con las prioridades del plan mexicano, y su impacto será mayor en la medida en que venga acompañado de fabricación local. El caso de Alstom es un contrato de suministro, y el siguiente paso natural sería ver capital europeo entrando directamente como socio en los proyectos de inversión mixta, en carreteras, puertos y, sobre todo, en energía, el sector que concentra más de la mitad del plan y que será el tema de la siguiente entrega de esta serie. _______________________ Nota del editor: Pamela Díaz Loubet es Economista en jefe de BNP Paribas México. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>
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