Caso del Liceo Naval: ¿Qué medidas se tomarán con los adolescentes en Maranguita y qué pasará con el presunto nuevo abuso sexual?
Los seis adolescentes internados preventivamente en el centro juvenil conocido como Maranguita continuarán bajo disposición de las autoridades mientras avanzan dos investigaciones distintas: la vinculada con el caso denunciado el 15 de septiembre en el Liceo Naval y otra abierta tras una acusación de presunto intento de agresión sexual dentro del establecimiento. El Programa Nacional de Centros Juveniles separó al adolescente señalado en la nueva denuncia y anunció medidas de apoyo para quienes resulten afectados.
La denuncia reciente fue presentada por la madre de uno de los jóvenes recluidos. Según su relato, su hijo le contó que el episodio habría ocurrido el 6 de octubre, cuando se encontraba en las duchas del centro de rehabilitación juvenil. La mujer identificó como presunto responsable al adolescente considerado principal sospechoso en el caso inicial, aunque la atribución de responsabilidad dependerá de las diligencias fiscales y de la evaluación de los elementos recogidos.
La situación abre un nuevo frente para las autoridades responsables de la custodia de los adolescentes. La medida de internamiento que cumplen los seis jóvenes tiene carácter preventivo y socioeducativo, por lo que no implica una sanción definitiva por los hechos investigados. La permanencia de los internos en el centro, sus condiciones de alojamiento y el contacto entre ellos quedarán sujetos a las disposiciones que adopten el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Programa Nacional de Centros Juveniles.
La Fiscalía abrió actuaciones por la denuncia ocurrida en las duchas
La fiscal Rita Ajalquiriña Cabezudo encabezó diligencias durante la madrugada posterior a la denuncia. El Ministerio Público inició actuaciones preliminares para establecer qué ocurrió dentro del centro juvenil, quiénes estuvieron presentes y si existieron condiciones que permitieron o evitaron que el presunto ataque se concretara. Personal del Ministerio de la Mujer también acudió al establecimiento como parte de la intervención posterior al reporte.
Uno de los puntos centrales será la declaración del adolescente que denunció el hecho. El joven debía pasar por una evaluación mediante Cámara Gesell, mecanismo que busca recoger su testimonio en un entorno especializado y con condiciones adecuadas para evitar una exposición innecesaria. Hasta la tarde del jueves no se había confirmado si esa diligencia se realizó, por lo que ese dato forma parte de las actuaciones pendientes.
El Programa Nacional de Centros Juveniles informó que el adolescente denunciado fue separado de los demás internos. La decisión busca impedir nuevos contactos entre el denunciante y el señalado, mientras se determina si corresponde mantener, ampliar o modificar las medidas de protección. La separación no equivale a una declaración de culpabilidad, pero responde a la necesidad de resguardar a los adolescentes involucrados y preservar las condiciones para que la investigación avance sin interferencias.
La nueva acusación será investigada de forma independiente al caso del Liceo Naval
El abogado Peña, defensor de uno de los agraviados en la investigación inicial, sostuvo que la denuncia ocurrida dentro de Maranguita constituye un hecho diferente al expediente relacionado con el Liceo Naval. “Para mi patrocinado es un caso que no tiene relación con la investigación”, afirmó. Bajo ese criterio, la Fiscalía deberá establecer una línea de investigación propia, aun cuando algunos de los adolescentes involucrados estén vinculados con la causa anterior.
La pesquisa por los hechos del 15 de septiembre seguirá su curso con base en las declaraciones que los adolescentes brindaron ante instancias policiales, fiscales y judiciales antes de su internamiento. Peña indicó que esas versiones incluyeron información sobre la participación de quienes estuvieron presentes durante el episodio bajo investigación. También quedan testimonios por recibir de personas que habrían presenciado hechos relevantes o escuchado conversaciones posteriores entre los investigados.
La audiencia programada para recoger nuevas declaraciones deberá esclarecer qué se habló en un chifa y durante el trayecto desde el colegio hasta ese local, según explicó el abogado. Los testimonios buscarán reconstruir la secuencia previa y posterior al caso denunciado en septiembre, así como establecer el grado de intervención o conocimiento de cada adolescente. La información recogida en esa etapa será evaluada por las autoridades a cargo del expediente, sin que los señalamientos constituyan por sí mismos una decisión judicial.
La supervisión en zonas privadas será uno de los puntos bajo revisión
El especialista Julio Rodríguez advirtió que las duchas y los baños representan espacios de riesgo en los centros de internamiento, porque exigen compatibilizar la vigilancia del personal con la privacidad de los adolescentes. En ese contexto, la investigación deberá determinar si existía supervisión suficiente en el lugar, si había protocolos específicos para el uso de esas áreas y si una intervención de terceros evitó que el hecho denunciado se consumara.
Rodríguez remarcó que la acusación se refiere a un presunto intento y no a un hecho consumado. Esa precisión será relevante para definir el alcance de las diligencias y las medidas de protección que correspondan. También deberá establecerse si la denuncia describe una conducta individual o si existieron otros internos que participaron, conocieron lo ocurrido o pudieron alertar al personal encargado de la seguridad en el establecimiento.
Las eventuales responsabilidades del personal de Maranguita dependerán de lo que determinen la Fiscalía y las autoridades administrativas. Si las diligencias acreditaran negligencia, incumplimiento de funciones o una vulneración de los protocolos de custodia, podrían aplicarse sanciones. Por ahora, los adolescentes permanecerán sujetos a las medidas ordenadas en sus respectivos procesos, mientras las investigaciones definen si corresponde adoptar nuevas restricciones, reforzar la protección de los internos o disponer cambios en su ubicación dentro del centro juvenil.
Infobae
