Analizan los alcances y riesgos de la iniciativa que busca regular las transacciones digitales en el país

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una propuesta orientada a impulsar el uso de estas formas de pago en México. El proyecto fue enviado al Senado para continuar con el proceso legislativo, por lo que sus disposiciones todavía no constituyen una ley vigente.

De acuerdo con la presentación del dictamen, el objetivo es reducir la distancia entre la infraestructura digital disponible y su utilización cotidiana, de manera que más personas puedan pagar por medios electrónicos. Sus promotores consideran que esto ayudaría a la inclusión financiera y abriría oportunidades para los negocios; sus críticos advierten posibles riesgos de vigilancia, exclusión y costos adicionales.

¿Qué pagos contempla la propuesta?

El proyecto considera pagos digitales y electrónicos a los realizados mediante códigos QR, dispositivos con tecnología NFC, tarjetas de débito o crédito y órdenes de transferencia de fondos, incluida la domiciliación. También incluye dispositivos, tarjetas o interfaces que permitan hacer pagos y transferencias, además de otros mecanismos reconocidos por las autoridades competentes.

La normativa establece que la CURP Digital deberá aceptarse como un mecanismo válido para acreditar la identidad de quienes pretendan contratar servicios financieros en plataformas electrónicas. No sería la única opción, pues los usuarios también podrían presentar otros documentos oficiales.

Otro elemento es la creación del Expediente Digital Ciudadano. Este recurso permitiría a las instituciones financieras consultar documentos o información digital de una persona que busque contratar un servicio, siempre con autorización previa. Los archivos tendrían los mismos efectos jurídicos que sus equivalentes físicos y podrían ser consultados y trasladados por sus titulares.

Gobiernos y negocios tendrían obligaciones distintas

La propuesta plantea que las autoridades federales, estatales y municipales adopten pagos digitales para trámites y servicios. Los proveedores de bienes y servicios, por su parte, podrían implementar estos mecanismos. En ambos casos se tendría que contar con infraestructura, informar sobre las opciones disponibles y establecer medidas para atender fallas que impidan temporalmente recibir pagos electrónicos.

Uno de los puntos que provoca mayor discusión es la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar sectores estratégicos o actividades relevantes donde los pagos digitales y electrónicos serían la única modalidad aceptada. El dictamen no detalla todavía cuáles serían esos sectores ni los criterios para seleccionarlos.

En caso de una contingencia tecnológica, se permitiría temporalmente el uso de efectivo o cheque. Sin embargo, estas excepciones no podrían convertirse en una práctica permanente.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones quedaría encargada de desarrollar soluciones relacionadas con la digitalización de servicios, entre ellas la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano, una Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y una Plataforma de Establecimientos Mercantiles.

Inclusión financiera frente a riesgos de vigilancia

El diputado de Morena Carlos Hernández Mirón defendió que el país cuenta con infraestructura para extender estos pagos. Al citar datos del Inegi, afirmó que 98% de los mexicanos dispone de un dispositivo móvil con acceso a esos servicios. También señaló que el proyecto presupuestal contempla 4 mil millones de pesos para la agencia digital y Hacienda.

Luis Armando Díaz, del Partido del Trabajo, sostuvo que el marco jurídico permitiría establecer reglas de identidad digital, seguridad, trazabilidad e interoperabilidad. Afirmó que los registros generados por los pagos podrían ayudar a formar historiales para acceder al crédito y avanzar hacia la formalización.

Desde la oposición, Emilio Suárez, del PRI, advirtió que una aplicación obligatoria sin infraestructura suficiente podría ampliar la brecha digital. Verónica Pérez Herrera, del PAN, cuestionó que la modernización pueda facilitar un mayor conocimiento gubernamental sobre las actividades de los ciudadanos.

Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, señaló que el proyecto no define quién pagará la conectividad, los dispositivos de cobro y la adaptación de los establecimientos. También cuestionó la falta de detalles sobre los datos que serían almacenados, el tiempo de conservación y las personas autorizadas para consultarlos.

Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del PAN, criticó que no se precisen los criterios para definir las actividades obligadas a recibir pagos digitales. El dictamen, derivado de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobado con 327 votos a favor y 122 en contra. Su futuro dependerá ahora de la revisión en el Senado.