“La transformación comienza por recuperar la función esencial de la justicia: poner límites al poder”

En el marco del proceso de negociación auspiciado por Estados Unidos, el régimen chavista y la oposición han acordado trabajar juntos por la transformación del sistema de justicia de Venezuela. Esa ambiciosa intención pasa por la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), hoy controlado totalmente por el oficialismo.

El mecanismo para la designación de los magistrados será impulsado por un comité de postulaciones judiciales, que ahora tendrá una mayoría de 12 representantes de la sociedad civil frente a 11 diputados, gracias a una modificación de la Ley Orgánica del TSJ que se pactó en la mesa de diálogo.

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap -ONG que promueve y defiende los derechos de niñas, niños y adolescentes- presentó su nombre para formar parte del comité de postulaciones judiciales.

“Tenemos que aspirar a una justicia independiente, accesible, transparente y técnicamente competente, pero también cercana a las personas. Una justicia capaz de proteger derechos incluso cuando hacerlo resulte incómodo para quienes ejercen el poder”, argumenta Trapani.

El investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) sostiene que “renovar la justicia no es solamente cambiar nombres, es discutir qué justicia necesita Venezuela”.

“Podemos sustituir magistrados y jueces, reformar leyes o modificar estructuras y, sin embargo, mantener los mismos problemas. La transformación comienza por recuperar la función esencial de la justicia: poner límites al poder, resolver conflictos conforme al derecho y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación”, plantea el profesor de la UCAB.

Trapani enfatiza que el país requiere “una cultura judicial diferente”, que escuche a las personas, comprenda las consecuencias de las decisiones y recuerde que detrás de cada expediente existe una historia de vida.

Aboga por apuntalar el protagonismo de la sociedad civil dentro del sistema. “La sociedad civil no está llamada a convertirse en una extensión del Estado ni de ningún sector político. Su aporte está precisamente en llevar una mirada distinta, construida desde las comunidades, las víctimas, la academia, los derechos humanos y la experiencia acumulada acompañando a las personas frente a las instituciones”, describe.

Autonomía

Trapani advierte sobre la propensión a tratar de arreglarlo todo fabricando o cambiando leyes. “Ninguna reforma legislativa sustituye la independencia judicial, la idoneidad de quienes administran justicia, el debido proceso o el cumplimiento efectivo de las decisiones”, opina.

“Necesitamos revisar normas y procedimientos donde existan vacíos, contradicciones o prácticas que dificulten el acceso a la justicia. Pero necesitamos, sobre todo, que las garantías que ya existen dejen de ser únicamente declaraciones normativas y se conviertan en experiencias concretas para las personas. El desafío no es solamente tener mejores leyes. Es lograr mejores instituciones”, puntualiza.

Teniendo claro el desafío que significa alcanzar la prometida renovación de la justicia venezolana, Trapani subraya el valor de la labor que desarrollará el comité de postulaciones que deberá evaluar a los aspirantes y elevar al Parlamento los nombres de quienes serán considerados para asumir las riendas del TSJ.

“Por eso la discusión sobre la selección de magistrados es tan importante. La idoneidad no puede agotarse en títulos académicos o años de ejercicio profesional. También supone independencia de criterio, integridad, conocimiento de los derechos humanos, capacidad para escuchar y comprender las consecuencias que una decisión judicial produce sobre las personas”, subraya el defensor de Derechos Humanos.