Un registro de terroristas, entre las claves de la nueva apuesta de seguridad de Colombia
Esneyder Negrete
Bogotá, 8 oct (EFE).- El Gobierno colombiano prepara un proyecto de ley para fortalecer las herramientas jurídicas, financieras y operativas del Estado contra organizaciones y personas consideradas terroristas, una iniciativa que ha generado críticas de la oposición por el alcance de las facultades que contempla para el Ejecutivo.
El denominado 'estatuto antiterrorista' es "una pieza que ya tiene más de 130 artículos, crea una lista de organizaciones terroristas y de ahí se desprenden normas específicas para esas organizaciones", para "atacar las finanzas" de esos grupos, afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara.
Estas son las claves del proyecto, cuyo borrador fue filtrado a los medios y que el Gobierno presentará en las próximas semanas al Congreso para que sea tramitado:
El proyecto apunta a crear el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, una base pública que tendría características similares a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identifica a personas y entidades sujetas a sanciones financieras.
Su consulta sería obligatoria para bancos, notarías y otros sectores en sus procesos de debida diligencia. La inclusión contemplaría el congelamiento de fondos y activos, además de restricciones para contratar con el Estado o acceder a determinados recursos públicos.
La iniciativa pretende que sean incluidas no solo organizaciones sino también personas individuales, mediante una decisión administrativa del Consejo de Seguridad Nacional, una medida que para el senador opositor Iván Cepeda puede resultar "especialmente preocupante" porque permitiría imponer consecuencias económicas y patrimoniales sin que exista previamente una condena judicial.
El texto conocido contempla distintas vías para incluir organizaciones o personas al registro, entre ellas decisiones del Consejo de Seguridad Nacional, la inclusión en listas vinculantes de Naciones Unidas y la recepción de designaciones extranjeras.
Los afectados podrían solicitar su exclusión y, si esta es negada, acudir al Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia.
La oposición cuestiona que sea el Ejecutivo y no un juez el que determine inicialmente quién entra en la lista y advierte que una definición demasiado amplia de terrorismo podría alcanzar incluso conductas vinculadas con la protesta social.
El estatuto propone crear una incautación preventiva más rápida de bienes vinculados a organizaciones y actores incluidos en el registro y establece mecanismos para su administración y eventual destinación social.
La iniciativa también busca perseguir las fuentes de financiación de las estructuras armadas y criminales, entre ellas el narcotráfico, la minería ilegal, el comercio de oro y otras economías ilícitas.
El Gobierno propone crear el cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo por 5 años y con designación directa del presidente.
El proyecto contempla además facultades extraordinarias para el mandatario durante seis meses para reglamentar la nueva oficina.
Para la oposición, la duración del cargo, que excedería el periodo del actual Gobierno, genera dudas sobre la concentración de poder en una estructura creada para combatir el terrorismo.
"La figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo se convierte en la creación de un cargo con plenos poderes, que es definido bajo estado de excepción por Abelardo de la Espriella, y que excede el periodo de cualquier gobierno", dijo Cepeda.
El proyecto busca precisar las reglas para las operaciones de la fuerza pública contra organizaciones consideradas terroristas y contempla herramientas como bombardeos y ataques aéreos dentro del marco del derecho internacional humanitario (DIH).
También apunta a establecer que el Consejo de Estado conozca en primera instancia las acciones de tutela (recursos de amparo) presentadas contra el presidente o autoridades de Defensa por actuaciones relacionadas con operaciones de seguridad nacional.
La oposición considera que estas disposiciones pueden reducir los controles judiciales sobre las actuaciones del Ejecutivo y de la fuerza pública.
El estatuto plantea modificaciones penales para conductas relacionadas con estas organizaciones, entre ellas secuestro, extorsión, narcotráfico, minería ilegal, uso de drones, delitos informáticos, delitos electorales y ataques contra infraestructura crítica.
También propone un régimen penitenciario especial para los jefes de los grupos armados y beneficios para integrantes que colaboren con las autoridades y contribuyan a la desarticulación de sus organizaciones.
El Gobierno sostiene que el conjunto de medidas busca cerrar los espacios financieros, jurídicos y operativos de los grupos terroristas, mientras que la oposición advierte que la amplitud de las definiciones y de las facultades administrativas puede terminar afectando derechos fundamentales. EFE
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