Madres buscadoras demandan a Ernestina Godoy y 32 fiscales por fallas en banco de datos forenses
Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, dos madres que buscan a sus hijos desaparecidos, presentaron una demanda de amparo contra la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy y contra los 32 fiscales estatales del país.
El reclamo apunta a la falta de interconexión del Banco Nacional de Datos Forenses, lo que retrasa la identificación de restos humanos en todo México.
El amparo se presentó el 7 de octubre de 2026 ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito. Las quejosas acusan que hasta esa fecha no existe información pública sobre el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses y que su portal digital permanece inactivo.
Qué es el Banco Nacional de Datos Forenses y por qué no funciona
El Banco Nacional de Datos Forenses es la plataforma creada para concentrar y cruzar información de todas las fiscalías del país con el objetivo de identificar cuerpos localizados y relacionarlos con reportes de personas desaparecidas.
El 22 de diciembre de 2022 se firmaron las Bases de Colaboración, documento en el que la FGR se comprometió a habilitar los mecanismos tecnológicos para la interconexión en tiempo real con las bases de datos de las fiscalías estatales.
El 11 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el aviso de inicio de operaciones del banco. Ese documento ya hablaba de una interconexión “gradual”, no inmediata, lo que según la demanda explica parte del rezago actual.
Las quejosas, que están acompañadas por la organización Defensorxs, afirman que más de tres años después de ese compromiso, el Banco Nacional de Datos Forenses no opera plenamente y que las autoridades han incumplido su obligación de garantizar su funcionamiento. Señalan además que la página oficial del sistema, registros.bndf.fgr.org.mx, está fuera de servicio.
Sin la interconexión en tiempo real, las fiscalías estatales deben cruzar manualmente la información de sus bases con las de otras entidades. El procedimiento se realiza mediante oficios en papel, enviados de una fiscalía a otra cada determinado tiempo.
La demanda detalla que esta práctica provoca que, aunque los restos de una persona ya hayan sido localizados y estén en resguardo de los servicios forenses, estos no sean identificados ni entregados a sus familiares por falta de cruce de información con otras entidades.
El resultado es que los cuerpos permanecen en fosas comunes o en instalaciones periciales mientras las familias continúan buscando a alguien que, en los hechos, podría ya haber sido encontrado.
Las madres buscadoras describen esta demora como una fuente de sufrimiento prolongado e injustificado para las familias, que viven en una espera indefinida sin respuesta de ninguna autoridad.
A quién demandan y qué piden al juez
La demanda señala como responsables a Ernestina Godoy, a la fiscal Mariana Díaz Figueroa, a la fiscal especial Adriana Lizárraga González, y a los 32 fiscales generales de todas las entidades federativas del país, de Aguascalientes a Zacatecas, junto con sus respectivas fiscalías especializadas en desaparición forzada.
El amparo lo promueve la organización Defensorxs, en representación de las dos quejosas directas y también en nombre de una colectividad más amplia de víctimas directas, familias buscadoras y víctimas indirectas de desaparición en México.
Las madres solicitan al juez federal que ordene a todas las autoridades señaladas garantizar la interconexión real y en tiempo real del Banco Nacional de Datos Forenses, como condición necesaria para que las búsquedas y procesos de identificación avancen sin depender de oficios manuales entre fiscalías.
La demanda invoca los artículos 1, 14, 16, 17, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución, además de disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Lista de los 32 fiscales:
- Aguascalientes — Manuel Alonso García
- Baja California — María Elena Andrade Ramírez
- Baja California Sur — Antonio López Rodríguez (Procurador General de Justicia)
- Campeche — Jakson Villacis Rosado
- Chiapas — Jorge Luis Llaven Abarca
- Chihuahua — César Jáuregui Moreno
- Ciudad de México — Bertha María Alcalde Luján
- Coahuila de Zaragoza — Federico Fernández Montañez
- Colima — Bryant Alejandro García Ramírez
- Durango — Sonia Yadira de la Garza Fragoso
- Guanajuato — Gerardo Vázquez Alatriste
- Guerrero — Zipacná Jesús Torres Ojeda
- Hidalgo — Francisco Fernández Hasbun
- Jalisco — Salvador González de los Santos
- Estado de México — José Luis Cervantes Martínez
- Michoacán de Ocampo — Israel Vega Rodríguez (Encargado de Despacho)
- Morelos — Fernando Blumenkron Escobar
- Nayarit — Elvia Ludmila Heredia Verdugo
- Nuevo León — Javier Flores Saldívar
- Oaxaca — Bernardo Rodríguez Alamilla
- Puebla — [Fiscal General, nombre no especificado en el documento]
- Querétaro — Víctor Antonio De Jesús Hernández
- Quintana Roo — Raciel López Salazar
- San Luis Potosí — María Manuela García Cázares
- Sinaloa — Claudia Zulema Sánchez Kondo
- Sonora — Gustavo Rómulo Salas Chávez
- Tabasco — Óscar Tonathiú Vázquez Landeros
- Tamaulipas — Irving Barrios Mojica
- Tlaxcala — [Procurador General de Justicia, nombre no especificado en el documento]
- Veracruz de Ignacio de la Llave — Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre
- Yucatán — Juan Manuel León León
- Zacatecas — Cristian Paul Camacho Osnaya
Quiénes son las madres buscadoras que impulsan la demanda
Margarita López Pérez es fundadora del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México. Su activismo comenzó tras la desaparición de su hija Yahaira Guadalupe Bahena López, ocurrida en 2011 en Oaxaca cuando la joven tenía 19 años.
López localizó por cuenta propia los restos de su hija dos años después y, a partir de esa experiencia, fundó el colectivo que hoy representa a miles de familias. Actualmente mantiene un plantón de más de 26 días frente a las oficinas de la fiscal general, que se niega a recibirlas.
Por otro lado, Brenda María Valenzuela Gil busca a su hijo Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido el 5 de octubre de 2025 en el restaurante-bar Terraza Valentino de Mazatlán, Sinaloa.
El caso de López está documentado en la carpeta CI/AP/FGR/FEMDH-FEIDDF/M6-02/2024 y el de Valenzuela en la carpeta FED/FEMDH/FEIDDF-SIN/226/2026, ambas a cargo de la fiscal especial Adriana Lizárraga González, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República.
Infobae
