Jueza de Ecuador declara inocentes a 32 pescadores cuyos barcos fueron hundidos por fuerzas de Estados Unidos
Una jueza de Ecuador declaró inocentes a 32 pescadores cuyos barcos fueron interceptados y hundidos por fuerzas de Estados Unidos en aguas del Pacífico, después de que fueran procesados por el presunto delito de asociación ilícita y señalados de tener vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.
La decisión fue emitida este miércoles 7 de octubre en Manta y corresponde a los tripulantes de las embarcaciones Conquista II y María Candelaria, intervenidas por fuerzas estadounidenses entre finales de agosto y septiembre.
La jueza determinó que las pruebas presentadas no demostraban que los pescadores hubieran cometido un acto ilícito.
De acuerdo con el abogado Juan Alvia, la Fiscalía no logró acreditar la existencia del delito. La sentencia corresponde a una primera instancia, por lo que todavía puede ser apelada.
¿Qué ocurrió con los pescadores?
Los 32 procesados eran parte de las tripulaciones del Conquista II, con ocho pescadores, y del María Candelaria, con 24.
Las embarcaciones fueron interceptadas por fuerzas estadounidenses y posteriormente destruidas, mientras sus tripulantes fueron entregados a las autoridades ecuatorianas.
El Comando Sur de Estados Unidos había señalado que los barcos presuntamente funcionaban como estaciones flotantes para abastecer de combustible a embarcaciones utilizadas para transportar droga y los vinculó con la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.
Sin embargo, durante el proceso judicial no se logró demostrar que los 32 pescadores hubieran cometido un delito.
El caso de estos pescadores forma parte de una serie de operaciones realizadas por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones ecuatorianas en el Pacífico Oriental.
El Comité Permanente en Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha documentado 11 embarcaciones y 206 pescadores afectados durante 2026, además de ocho personas desaparecidas de la embarcación Fiorella, cuyo paradero se desconoce desde enero.
Cuestionamientos por las operaciones en altamar
Las intervenciones han generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch (HRW) pidió a los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador explicar cuál es la base legal de estas operaciones y presentar las pruebas que relacionan individualmente a los pescadores con los delitos que se les atribuyen.
La organización señaló que, tras revisar documentación judicial y policial de varios casos, no encontró referencias a drogas, combustible, carga u otras evidencias que respaldaran algunas de las acusaciones formuladas contra los tripulantes.
En el caso de los 32 pescadores, la defensa también cuestionó la falta de pruebas que los relacionaran directamente con actividades de narcotráfico.
Según información revisada por HRW, autoridades policiales y navales ecuatorianas reconocieron durante el proceso que las fuerzas estadounidenses no habían aportado evidencias de que los tripulantes hubieran cometido un delito.
Abogado denunció amenazas y una fiscal fue asesinada
El proceso también ha estado acompañado de denuncias de amenazas. El abogado Juan Alvia afirmó públicamente que ha recibido intimidaciones relacionadas con sus investigaciones sobre los casos de los pescadores.
Además, en junio fue asesinada en Manta la fiscal Gloria Alexandra Bravo, quien investigaba la desaparición de pescadores y los ataques contra embarcaciones. El caso de los 32 tripulantes se suma así a una serie de investigaciones y procesos derivados de las operaciones marítimas realizadas durante este año.
El CDH sostiene que las acciones estadounidenses han afectado a pescadores de distintas embarcaciones desde enero y ha documentado denuncias de abordajes, detenciones y destrucción de barcos.
¿Qué sigue para los otros pescadores procesados?
La resolución de este miércoles es el primero de tres procesos judiciales relacionados con 88 tripulantes de cinco embarcaciones destruidas por fuerzas estadounidenses. Otros 56 pescadores todavía esperan una decisión judicial en sus respectivos casos.
Human Rights Watch ha solicitado que tanto Ecuador como Estados Unidos hagan pública la información que sustenta las operaciones y las acusaciones contra los pescadores. La organización también pidió que las autoridades garanticen que cualquier interceptación y detención se realice conforme a la ley y quede sujeta a revisión judicial.
El caso también fue relacionado por el diario estadounidense The Washington Post con un supuesto programa encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dirigido contra embarcaciones sospechosas de tener vínculos con el narcotráfico, según una investigación publicada el pasado 13 de agosto.
El Imparcial
