Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa: “Pedro Sánchez ha unido irremediablemente su destino al de José Luis Rodríguez Zapatero”

En el mapa judicial de la política española hay varios caminos que terminan cruzándose. El ‘caso Koldo’, la investigación sobre Leire Díez, las pesquisas sobre José Luis Rodríguez Zapatero, Begoña Gómez o David Sánchez forman parte de ese entramado de procedimientos que, de una u otra forma, terminan conectando entre sí y en los que Luis María Pardo ejerce como acusación popular. El abogado y presidente de Iustitia Europa lleva los dos últimos años entrando y saliendo de los juzgados y ha hecho de los tribunales uno de los principales campos de actuación de su formación. Y ahora, con el adelanto de las elecciones generales el próximo 29 de noviembre, los casos que afectan al presidente, Pedro Sánchez, y a su entorno cobran aún más relevancia.

Durante este tiempo, Pardo ha convertido los tribunales en su principal escenario de actuación. Desde allí ha seguido la evolución de algunas de las investigaciones más relevantes de la actualidad política y ha impulsado, como acusación popular, distintas actuaciones para tratar de esclarecer hechos relacionados con contratos públicos, adjudicaciones, pagos y presuntas irregularidades.

Nota del editor: esta entrevista se realizó antes de que Pedro Sánchez adelantara las elecciones este lunes 5 de octubre.

Pregunta- Ante las sospechas de una posible financiación irregular del PSOE, ¿cómo cree que debería funcionar el control sobre los recursos de los partidos políticos?

Respuesta- Hay que eliminar las subvenciones públicas a los partidos políticos. Porque, si no, pasa esto. Y puede pasar con el Partido Popular también. Es lo mismo: la pelota la puedes mandar a la izquierda o a la derecha. El problema es que no existe una fiscalización suficiente de los partidos políticos. Al final tienes tres vías: el ‘caso Koldo’, el ‘caso Leire’ y el ‘caso Zapatero’, que confluyen en pagos de comisiones a través de rescates. ¿Sirvieron para financiar a partidos políticos, en concreto al Partido Socialista Obrero Español? Eso es algo que tendrán que determinar las investigaciones. Pero, si no tienes ningún método eficaz para fiscalizar a los partidos políticos y estos obtienen subvenciones públicas sin una fiscalización suficiente, todo va a seguir igual. Estos cincuenta años nos han demostrado que, o vamos a una reforma del sistema y de la Constitución, o no vamos a solucionar la corrupción en España. No tenemos una ley anticorrupción. Tampoco tenemos realmente unidades policiales conjuntas de Policía y Guardia Civil contra la corrupción: están separadas. O reformamos esto o nos vamos a tirar al precipicio, pero vamos con las manos atrás.

P.- ¿Cree que la investigación sobre la financiación del PSOE podría llegar a afectar a Pedro Sánchez?

R.- Hombre, como secretario general del partido... Si se imputa al Partido Socialista, no vería descabellado que se imputara también al secretario general. Porque, si usted es el máximo representante del partido y al partido se le imputa, ¿por qué no se le podría imputar al presidente del Gobierno, que es el secretario general del partido? ¿O qué se nos va a decir, que el secretario general no lo sabía? Él ha dicho: “Eso fueron determinadas personas que se han querido aprovechar del partido”. Pero, bueno, hombre, dejen de tratar a los españoles como auténticos tontos. Claro que se le podría imputar. Es más, si se imputa al Partido Socialista, la pregunta es: ¿se imputará al presidente del Gobierno?

P.- La UCO apunta también a pagos del PSOE a Leire Díez. ¿Hasta dónde cree que puede llevar el rastro de ese dinero?

R.- ¿Pagos para qué? ¿Para organizar qué? ¿Ese dinero sirvió para organizar la cloaca, para perseguir a jueces, para crear dosieres de periodistas? Hay 280 periodistas incluidos en una lista del Ministerio del Interior, en un dosier con significaciones de desinformación, de izquierda, de derecha… Es decir, se les ha hecho un seguimiento ideológico vulnerando derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la intimidad o el derecho al honor. Entonces, ¿sirvió ese dinero para eso? Si ese dinero se destinó por parte del Partido Socialista a esto a través de esa persona, no solamente tendría que responder el Partido Socialista. Tendría que responder también su secretario general, Pedro Sánchez, porque es el máximo representante del partido. No se nos puede decir que no tenía conocimiento. Y, si no tenía conocimiento, peor todavía, porque significaría tener un partido en el que tú no sabes lo que está pasando. Así que sí, entiendo que, si la investigación sigue adelante y se comprueba que Leire cobró del partido, el siguiente escalón después de Santos Cerdán sería el presidente del Gobierno.

“Si se imputa al PSOE, no vería descabellado que se imputara también al secretario general”

P.- ¿Considera que existía una estructura delictiva organizada dentro del PSOE?

R.- Eso lo tendrán que determinar los jueces. De momento, todo indica que los casos que están alrededor del Partido Socialista tienen un denominador común.

P.- Ha dicho en varias ocasiones que Pedro Sánchez es “la pieza que falta del puzle”. ¿A qué se refiere exactamente?

R.- Pedro Sánchez es la pieza central que falta de todo el puzle para entender lo que ha pasado en España en los últimos ocho años. Es lo que decía la Audiencia Provincial de Badajoz en el caso de David Sánchez: “No sabemos quién fue el que influenció...”. Claro, tú no puedes decir Pedro Sánchez, pero esa pieza que falta para entender todos los casos es la de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, por cierto, ha unido irremediablemente su destino al de José Luis Rodríguez Zapatero.

P.- Justamente siguiendo con el ‘caso Zapatero’, el expresidente sostiene que las joyas que tenía en su despacho fueron un regalo privado del rey de Arabia Saudí durante su visita a España en 2007. ¿Considera que esa explicación acredita el origen de las joyas?

R.- No. Hay una nota de prensa de aquel viaje del rey Abdalá, posteriormente reproducida por distintos medios, en la que se recoge que se reunió en visita oficial con el presidente del Gobierno durante unos treinta minutos. Zapatero dice que el encuentro se produjo en su vivienda familiar. No, perdone: fue en el Palacio de la Moncloa, que es la residencia oficial del presidente del Gobierno. Al parecer, sostiene que allí recibió las joyas como un regalo privado. Pero esos treinta minutos se desarrollaron en un acto en el que se firmó un acuerdo de prevención de la evasión fiscal y de doble imposición. Entonces, ¿el rey le entregó las joyas allí, precisamente cuando estaba firmando un acuerdo para prevenir ese tipo de situaciones? Esto no hay quien se lo crea. En este tipo de delitos, la carga de acreditar el origen de las joyas corresponde a Zapatero, no al juez ni a la Justicia. Y él no lo ha acreditado.

P.- De momento, Arabia Saudí tampoco ha respondido a la petición de aval de Zapatero. ¿Por qué cree que no lo ha hecho?

R.- Es que Arabia Saudí está bajo el amparo del derecho internacional. Sería un peligroso precedente si cada vez que realiza un viaje protegido por el derecho internacional y utiliza la valija diplomática tuviera que ir diciendo a cada Estado lo que lleva en ella.

P.- Otros regalos del rey saudí sí fueron declarados a Patrimonio Nacional, mientras que las joyas que estaban en su despacho no. ¿Qué importancia puede tener esta diferencia?

R.- Yo pienso que esas joyas no vienen del rey de Arabia Saudí. Pero eso es una opinión. No vienen de lejanos orientes. Quizás habría que mirar hacia el Atlántico.

P.- ¿Hacia Latinoamérica?

R.- No sé [risas].

“Las joyas de Zapatero no vienen de lejanos orientes. Quizás habría que mirar hacia el Atlántico”

P.- Las hijas de Zapatero han sido citadas a declarar el 30 de noviembre. ¿Cree que sus declaraciones pueden ser clave para explicar cómo se canalizaron los pagos?

R.- No sé qué estrategia de defensa van a llevar y creo que es precipitado anticiparlo. Yo esperaría a ver sus declaraciones. Con los datos documentales sobre las empresas y las comisiones que se cobraron, los datos son los que son. A partir de ahí, pueden intentar justificar algo diferente o incluso acogerse a su derecho a no declarar, algo que, desde un punto de vista penal, sería prudente. Estamos acostumbrados a que, en casos mediáticos, los investigados declaren, pero en un procedimiento penal normal mi cliente no declararía hasta tener todas las pruebas contra él. Si partes de la premisa de que existe cierta culpabilidad, ¿por qué va a declarar? Puede aparecer después un informe de la UDEF con un documento que habías olvidado y que te incrimina. Por eso, si yo fuera el abogado de las hijas de Zapatero, no declararía hasta el final. En derecho penal te tienen que acusar con pruebas. Yo no declararía hasta conocer todo lo que hay contra mí y, en ese momento, haciendo uso del derecho que me ampara la Ley de Enjuiciamiento Criminal, daría las explicaciones oportunas. Pero ahora no lo haría. Tampoco Zapatero. Ni ninguno. Pero han decidido hacerlo y yo lo respeto.

P.- ¿Cree que la decisión de Zapatero de declarar, en lugar de acogerse a su derecho a no hacerlo, responde a su posición como referente de la izquierda y a las responsabilidades que aún ostentaba?

R.- Pero está en un procedimiento penal en el que se le investiga por delitos gravísimos. En ese contexto, prima la estrategia penal. Además, su declaración ha generado más dudas y no ha aclarado la situación. Entonces, ¿de qué ha servido? De nada. Incluso ha podido enfadar al juez porque no le habló de las joyas cuando le había dicho que le daría las explicaciones en unos días. Primero habría que tener todas las pruebas contra él y después que declarase. Yo lo vería así. Vamos, que sería lo lógico.

P.- Los dos exdirectivos de Plus Ultra han ratificado que se pagó ese 1 % de comisión al grupo Zapatero. ¿Cree que esto acerca el cerco de la investigación al expresidente?

R.- Claro, dos partes de Plus Ultra te están reconociendo que Zapatero intermedió y recibió una comisión, pero no podía intervenir porque era un rescate público. Claro, entonces, pues el indicio ya se ha creado y generado, y es sólido, es suficiente, es bastante como para seguir con la causa.

P.- Tengo entendido que Iustitia Europa también se querelló contra todo el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Plus Ultra. ¿En qué punto se encuentra esa querella?

R.- Esa querella es complicada por una sencilla razón. Al igual que en el caso de David Sánchez, el expediente administrativo del rescate se crea, a nuestro modo de ver, para vestir a un muñeco. Cuando se intenta investigar el rescate de Plus Ultra, o cualquier otro expediente de este tipo, son procedimientos complejos porque partimos de una base en la que ese expediente ha sido creado precisamente con apariencia de legalidad. Por eso es muy complejo que la querella pueda ser admitida, aunque nosotros la presentamos. Lo que se va a determinar es el rescate. En el auto del juez Calama venía a decir algo así como que sí, se investigará el rescate. Pero yo lo que investigo es la comisión, porque la comisión me va a llevar al rescate. Si hay una comisión es porque hay una influencia. Y si hay una influencia, hay un expediente viciado, porque nunca pudo haberse concedido el rescate a través de una influencia, sino cumpliendo los requisitos del pliego del rescate. Esa es la cuestión. Ahora, yo creo que en España no tiene nadie ninguna duda de que en el expediente de Plus Ultra, como en el de otras empresas estratégicas, existe una sombra de duda razonable sobre si se concedieron bajo comisión o no.