
El sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid acaba de comunicar una noticia que ha conmocionado al país: Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años cuyo desahucio se había convertido en el símbolo de la crisis de vivienda en España, ha fallecido en el Hospital Gregorio Marañón. Llevaba ingresada allí desde aquel funesto 23 de septiembre, cuando al cuarto intento la desalojaron de su casa en camilla.
Aunque la inmensa presión popular logró una semana más tarde que la mujer llegase a un acuerdo con Urbagestión -la empresa que había comprado la casa a su propietario-, la solución llegó demasiado tarde. Su partida cierra un capítulo desgarrador e injusto, pero deja encendida una llama social y política que ha sacudido los cimientos de las instituciones hasta provocar el adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre.
Maricarmen tenía 17 años cuando su familia se instaló en 1956 en el piso del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. Dedicados al ganado lechero, sus padres vieron en aquel rincón de Madrid el lugar perfecto para su negocio. Por aquel entonces, la fisonomía de la ciudad era radicalmente distinta: por detrás de la casa pasaba el tren de Arganda, la calle Doctor Esquerdo daba a las huertas, Moratalaz ni existía y enfrente se levantaban las humildes casas —que no tenían ni agua ni luz— del denominado “barrio ciego”.
En 1960, cuando Maricarmen contaba con 21 años, su padre falleció de forma repentina en la calle. Fue el sereno del barrio (una persona que se encargaba de velar por la seguridad en los barrios) quien ayudó a subir el cuerpo a la vivienda. Aquello la obligó a asumir el peso de sacar adelante la casa familiar mientras su hermano continuaba los estudios.

El contrato de arrendamiento original fue firmado por su padre. En la España de la época, la capacidad jurídica de las mujeres casadas estaba limitada, por lo que su madre no pudo figurar como titular. Aun así, ante la muerte del progenitor, el arrendamiento pasó a la madre, y cuando esta falleció en 2005, Maricarmen se subrogó legalmente, ya que su hermano había fallecido dos años antes y vivía sola en la casa.
Maricarmen no tuvo hijos. Su núcleo afectivo más cercano lo constituían una sobrina y, muy especialmente, su primo Vicente, de 70 años, a quien consideraba un hermano y no se separó de su lado en las últimas horas que pasó en el piso.
A lo largo de siete décadas, Maricarmen vistió su piso de 58 metros cuadrados con los recuerdos de una vida: muebles de madera oscura que databan de 1956, paredes de estucado color salmón, vajillas de porcelana, fotografías antiguas y decenas de figuritas traídas de sus viajes. Pese a sus 87 años y a tener reconocida una discapacidad del 50%, rechazó rotundamente ingresar en una residencia: “Tengo vitalidad para vivir sola. Yo puedo hacer mis cosas”, afirmaba con coraje, aferrándose a sus paseos por el barrio, acudir a su médico o comprar en la carnicería Marcial de la esquina.

La vida apacible de Maricarmen se fracturó a partir de 2018, cuando el inmueble en el que había pasado la mayor parte de su vida cambió de manos. Tras ser adquirido inicialmente por Renta Corporación, la propiedad pasó a la firma Urbagestión Desarrollo e Inversiones. A pesar de que Maricarmen jamás dejó de pagar su renta mensual de unos 440-450 euros, la nueva propiedad emprendió la vía judicial alegando que el contrato de renta antigua había quedado extinguido por tratarse de una segunda subrogación.
Aunque Maricarmen batalló en los tribunales, la Audiencia Provincial y finalmente el Tribunal Supremo acabaron dando la razón a la empresa. Las alternativas que le ofreció el fondo resultaban del todo inalcanzables para su economía: comprar la vivienda por 250.000 euros o firmar un nuevo alquiler de 1.650 euros mensuales (un incremento del 275%). Con una pensión que oscilaba entre los 1.300 y los 1.450 euros, la propuesta fue una condena de expulsión. La empresa rechazó negociar un alquiler social e incluso desestimó la oferta de un tercero dispuesto a asumir el pago de la renta de la anciana.

Durante siete años en los que tuvo tres intentos de desahucio paralizados por la vecindad, la salud de Maricarmen sufrió un deterioro devastador. Pasó de celebrar la suspensión de los lanzamientos caminando con los brazos en alto a necesitar andador, luego silla de ruedas y a perder peso, masa muscular y visión. El 23 de septiembre de 2026, la fecha en la que finalmente fue desahuciada, tuvo que ser evacuada de su casa en camilla y trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón debido al agotamiento severo, ansiedad y angustia del lanzamiento.
Apenas 48 horas después del desalojo, vestida con la bata médica del hospital y visiblemente mermada, Maricarmen rompió su silencio a través de un emotivo vídeo difundido por el Sindicato de Inquilinas. “Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás”, dijo ante la cámara. No obstante, sus palabras también resucitó el ánimo de miles de personas: “No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya”.
Pese a la dolencia y al despojo, dejó claro que su conciencia combativa permanecía intacta: “El que yo no pueda hacer vídeos por la edad, por mi enfermedad, no significa que yo no vaya a colaborar con el sindicato y con todos vosotros”. Así, hizo un llamado para parar la especulación: “Lo que quiero es que este problema que tenemos con todos los fondos buitre se elimine de una vez por todas”.
Sus palabras hicieron que al día siguiente cientos de personas sacaran tiendas de campaña en la Puerta del Sol y comenzasen con un movimiento de presión para el Gobierno. Al ver la movilización de los jóvenes, agradeció el calor de la gente y pidió acudir masivamente a la concentración en la Puerta del Sol: “Id, por favor, os necesitan”.
La ola de indignación forzó a las instituciones y a la propiedad a sentarse a negociar. El 28 de septiembre, tras una agónica reunión de más de cuatro horas entre la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, representantes de Urbagestión, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y el Sindicato de Inquilinas, se alcanzó un pacto sin precedentes.
El acuerdo, suscrito bajo el marco de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) por un periodo de 8 años, estipulaba que Maricarmen podría regresar de inmediato a su domicilio abonando un alquiler ajustado a sus ingresos que no superaría el 30% de su pensión (aproximadamente 435 euros mensuales). Maricarmen conoció la noticia desde la cama del hospital y mostró su alegría. Sin embargo, su frágil estado de salud no le dio tregua: falleció en el centro sanitario diez días después sin llegar a cruzar de nuevo el umbral del que fue su hogar.

El caso de Maricarmen ha trascendido los límites de una tragedia personal para convertirse en el detonante de un estallido político y social sin precedentes en tan solo 14 días. El impacto de su imagen sacada en camilla tensó al máximo el debate parlamentario. Tras el rechazo en el Congreso de los Diputados a dos reales decretos leyes sobre vivienda por los votos en contra de Junts, PP y Vox, la crisis social escaló a una crisis dentro del Gobierno.
Ante la imposibilidad de sacar adelante la legislación habitacional y el clima de movilización popular, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales. Además, nada más conocer su fallecimiento, una horda de personas que se encontraban acampadas en Sol han marchado directos al Congreso de los Diputados al grito de “no son muertes, son asesinatos”.
Maricarmen Abascal no pudo volver al estucado salmón de Sainz de Baranda. Pero su rostro y su voz se han grabado a fuego en la memoria colectiva y han alentado a que una generación salga a las calles para reclamar, no un bien en el mercado, sino el lugar donde reside la dignidad y la vida.
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