Abogado de Olmedo López argumentó por qué su cliente no debería estar en La Picota: recordó crimen de testigo clave en caso de Marcelo Pecci
El abogado José Luis Moreno, defensor de Olmedo López, siguió cuestionando el traslado de su cliente a la cárcel La Picota de Bogotá y sostuvo que la discusión no debe centrarse en supuestos beneficios para el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), sino en las medidas necesarias para proteger su vida como testigo en varios procesos de corrupción.
Sumado a lo anterior, también se confirmó que el penalista hizo una solicitud al juez 35 de garantías de Bogotá para que se desarrolle una audiencia preliminar con miras a revisar si la medida de aseguramiento que emitió dicho despacho en una guarnición militar, luego de la orden del presidente Abelardo de la Espriella.
López fue trasladado junto con Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, ambos protagonistas de la investigación por las presuntas irregularidades en la compra de carrotanques destinados a atender la sequía en La Guajira.
La decisión de su traslado fue resuelta por parte del mandatario, que compartió a través de su cuenta en X el video de ambos exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro, siendo dirigidos por miembros del Inpec hacia el penal ubicado en la capital colombiana, y en el que sentenció: “Se acabó la guachafita y se acabaron los beneficios”.
En las imágenes se observa a los dos exfuncionarios esposados de pies y manos, con la cabeza rapada, durante el traslado, tal y como ocurre en las megacárceles de El Salvador que ha promulgado el jefe de Estado Nayib Bukele.
Tras la divulgación de las imágenes, Moreno insistió en que su reclamo no busca impedir que López cumpla la medida de aseguramiento que le fue impuesta.
La defensa afirma que Olmedo López es testigo en procesos que comprometen a más de 20 personas
Moreno explicó la mañana del miércoles 7 de octubre en entrevista con Noticias Caracol que su cliente ha colaborado con la Fiscalía General de la Nación y que sus declaraciones involucran a más de 20 personas, entre ellas altos funcionarios de la administración anterior.
“Esto no es una discusión sobre privilegios, sino una alerta urgente para impedir que la historia se repita”, afirmó el penalista.
Según el defensor, la decisión judicial que impuso la medida de aseguramiento contra López determinó de forma expresa que debía permanecer en un centro de reclusión militar.
Moreno señaló que esa decisión no obedeció a una concesión especial, sino a una valoración de riesgo realizada durante las audiencias.
El jurista que representa a López sostuvo que el exdirector de la Ungrd estaba recluido en una cárcel y no en un lugar de descanso, y sustentó: “No era un casino del Ejército, no era un lugar de esparcimiento”.
La defensa afirmó que el traslado a La Picota debe revisarse a la luz de la orden dictada por el juzgado y de la condición de López como testigo en investigaciones que siguen en curso.
Moreno recordó el asesinato de un testigo que estuvo en La Picota por el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci
El principal argumento de Moreno está relacionado con la seguridad de su cliente. El abogado aseguró que en enero de 2025 fue asesinado en La Picota un testigo que iba a colaborar con la Fiscalía en un proceso relacionado con el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci: Luis Correa Galeano.
“En Colombia ya asesinaron dentro de La Picota a un testigo clave que había sido trasladado de un lugar de mayor seguridad”, señaló el penalista.
Para el defensor, ese antecedente obliga al Estado a evaluar de manera reforzada las condiciones de reclusión de López.
Moreno también mencionó denuncias sobre corrupción dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y las fugas registradas en centros de reclusión del país. A su juicio, esos elementos deben considerarse ante un traslado que pueda exponer al exfuncionario a personas o intereses afectados por sus declaraciones.
El abogado sustentó que un privilegio supone una ventaja que carece de justificación, mientras que una protección responde a un riesgo particular que ha sido acreditado y valorado por una autoridad judicial.
El traslado ocurre en medio de las investigaciones por el caso Ungrd
López y Pinilla han aportado información dentro de las investigaciones por un presunto entramado de corrupción en la Ungrd. El caso se originó por la compra de carrotanques para llevar agua a comunidades afectadas por la sequía en La Guajira, pero las pesquisas se extendieron a otros contratos y a posibles actuaciones de congresistas, exfuncionarios y particulares.
Las declaraciones de ambos exfuncionarios han sido relevantes para la Fiscalía en procesos que involucran a distintas personas. Por esa razón, la defensa de López sostiene que las autoridades tienen el deber de garantizar su integridad mientras cumple la medida de aseguramiento y participa como testigo.
Moreno recordó que el juez que definió el centro de reclusión habría reconocido la existencia de riesgos. El funcionario judicial señaló que, aunque como ciudadano podía tener una apreciación distinta, debía otorgar garantías de seguridad a López con base en los elementos presentados por la defensa.
Infobae
