Y tú, ¿cuánto salario destinas a la vivienda?: cuatro historias desde Sol ponen cifras a la crisis habitacional: “Con 900 euros al mes no puedo ni compartir piso”

Independientemente del perfil de las personas que permanecen acampadas en la Puerta del Sol en Madrid para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda, la mayoría comparte un problema: destinan buena parte de su salario al pago del alquiler o de la hipoteca. Aunque el salario mínimo interprofesional (SMI) ha aumentado un 66% desde 2018 tras las sucesivas subidas aprobadas por el Gobierno, los sueldos no avanzan al mismo ritmo que el coste de vida, de forma que el poder adquisitivo de los salarios en España ha crecido solo el 5,1% en dos décadas frente al 19,4% de la OCDE. Los expertos recomiendan que el gasto en vivienda no supere el 30% de los ingresos, pero para muchos hogares ese objetivo resulta inalcanzable.

En Infobae hemos consultado a varios participantes de la acampada instalada en la Puerta del Sol en Madrid para conocer su situación económica y qué proporción de sus ingresos destinan a la vivienda. Todos coinciden en que llegar a fin de mes cada vez es más complicado.

No poder independizarte con más de 40 años

Nacho tiene 41 años y se ve obligado a vivir en casa de sus padres en la capital porque no podría pagar un alquiler con su salario de 900 euros al mes. Aunque es técnico audiovisual, trabaja como teleoperador para una ONG y no solo descarta poder vivir solo, “una posibilidad que ni se plantea”, es que también ve inviable compartir piso, teniendo en cuenta que los precios de las habitaciones rondan en muchas ocasiones los 500 euros.

“Me gustaría poder dejar la casa de mis padres, pero no puedo. Por eso estoy aquí en la acampada, que me parece increíble lo que ha logrado movilizar, es un éxito. Tanto esta como el resto de protestas son un reflejo de nuestro rechazo al modelo actual, porque no podemos seguir viviendo así”, explica desde la acampada, que ya suma 11 días en Sol. La protesta surgió tras una manifestación multitudinaria en rechazo al desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años que vivió durante siete décadas en la misma casa en el barrio de Retiro y que se ha convertido en símbolo de la crisis de la vivienda. La presión social llevó a Urbagestión Desarrollo e Inversiones, la empresa que ejecutó el desahucio, a revertir su decisión y alcanzar un acuerdo para que la mujer regresara a su casa, aunque por el momento Maricarmen permanece hospitalizada debido al impacto que tuvo todo este proceso en su salud.

Desde ese 26 de septiembre que se instaló la acampada, en menos de dos semanas se han extendido las manifestaciones y acampadas en otros puntos del país, el Congreso ha derogado dos decretos de vivienda que buscaban proteger más a los inquilinos de la especulación y se ha producido un adelanto electoral para el 29 de noviembre.

“El piso donde vivo pertenece a un fondo buitre”

La situación que atraviesa Sara tampoco es sencilla. Esta joven madrileña de 31 años trabaja 20 horas semanales como educadora y su sueldo no alcanza para afrontar sola un alquiler social de 400 euros, por lo que comparte un piso con su pareja. “Puede parecer un alquiler bajo, pero es un piso de 30 metros cuadrados que se cae a trozos y solo tiene dos ventanas”, explica a este periódico.

La vivienda formaba parte originalmente del parque de protección oficial, pero la Comunidad de Madrid vendió después el bloque al fondo Nestar-Azora, empresa que acumula alrededor de 40 bloques en toda la región y que fue condenada por la Justicia a indemnizar a decenas de vecinos por aplicar cláusulas abusivas tras una demanda colectiva interpuesta por el Sindicato de Inquilinas.

“Este fondo presiona de forma continua a la gente para que se marche y así pueda subir los precios a los vecinos que lleguen después. En mi caso, quieren aumentarme el alquiler y no dejan de pedirme más y más papeles, pese a que cumplo con los requisitos que exige la Comunidad de Madrid. Yo sigo ingresando la renta todos los meses en la misma cuenta bancaria en la que se cobraba antes, para dejar constancia de que pago y de que no me niego a cumplir con mis obligaciones”, añade.

“Llegamos a fin de mes tiritando”

En el caso de Jorge, profesor de Educación Infantil de 48 años, calcula que destina el 50% de su salario a la hipoteca. Paga, junto a su pareja, alrededor de 1.000 euros mensuales por la vivienda y tienen dos hijos, por lo que muchas veces se ven obligados a recurrir a ahorros y a esperar las pagas extras. “Al final, muchas veces llegamos a final de mes tiritando porque los salarios no alcanzan”.

Jorge es uno de los muchos profesores de la etapa de 0 a 3 años que han acudido a la acampada para visibilizar las demandas del sector, entre las que destacan salarios más altos, la reducción de ratios y la implantación de la pareja educativa, es decir, dos profesionales por aula “para poder mejorar la calidad de la enseñanza”. En la Comunidad de Madrid, mantienen desde abril una huelga indefinida y denuncian que las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, “perjudican a la infancia” y agravan la precariedad de un sector mayoritariamente feminizado.

Los salarios de las educadoras infantiles, recuerda Jorge, se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional, al tiempo que cuestiona el modelo de contratación de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid por “favorecer las propuestas con menor coste para gestionar las escuelas”. “Eso termina afectando a los sueldos, el material para los niños, la alimentación y la cobertura de las bajas”, afirma.

“Voy de piso en piso”

Edalí tiene 25 años y lleva independizada desde los 18, encadenando contratos precarios como ayudante de camarera, con jornadas de entre 20 y 30 horas semanales. Durante años vivió en Valencia “de piso en piso” compartiendo con amigas, porque, según relata, los propietarios terminaban por pedirles que se marcharan para alquilar las habitaciones a un precio mayor. De los 600 euros que ingresaba al mes, destinaba la mitad al alquiler de una habitación.

Hace unos meses regresó a Madrid y encontró un mercado de la vivienda aún más inaccesible que cuando se fue. “Por suerte”, dice, acaba de conseguir una habitación en Vallecas por 300 euros mensuales, aunque no confía en encontrar un empleo en la hostelería que le permita mejorar sus ingresos.

Por el momento, la acampada en Sol continúa y desde el Sindicato de Inquilinas aseguran que no van a dar “ni un paso atrás” tras el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre. La organización, además, ha llamado a todos los sectores a unirse en una huelga general de 24 horas y ha celebrado que UGT y CCOO se hayan puesto de su lado para impulsar la movilización. En ella, aseguran, se reclamarán medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna y salarios que permitan pagarla.