Dan 40 años de prisión en EEUU a "El güero menso", ligado al CJNG, por distribuir metanfetamina en Texas

Luis Manuel Abarca-Torres, alias el “Güero Menso”, fue sentenciado a 480 meses de prisión federal por conspirar para traficar casi cuatro kilogramos de metanfetamina de alta pureza en el norte de Texas. La condena, dictada el 30 de septiembre por el juez federal Brantley Starr, se enmarca en una investigación de varios años que ya suma trece acusados y vínculos documentados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El caso fue impulsado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Dallas, con apoyo del Servicio de Impuestos Internos (IRS), y forma parte de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) contra organizaciones de narcotráfico que operan en Estados Unidos.

La condena y el origen del caso

Abarca-Torres se declaró culpable el 29 de julio de 2025 de conspirar para poseer con intención de distribuir y distribuir 50 gramos o más de metanfetamina. La pena de 40 años responde a un operativo encubierto realizado entre el 21 y el 30 de junio de 2022, cuando acordó suministrar a un agente encubierto cuatro kilogramos de la droga a cambio de 10 mil dólares.

Torres fue sentenciado por conspirar para distribuir metanfetamina con una pureza del 97%, en un operativo encubierto iniciado en 2022. La causa, investigada por la DEA de Dallas, estableció que las ganancias del tráfico estaban vinculadas al CJNG, organización designada como terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según documentos judiciales, durante esa transacción Torres informó al agente encubierto que un distribuidor con sede en Dallas se pondría en contacto con él identificándose como “Guero”, en representación suya. La entrega física de la droga quedó a cargo de la coacusada Adriana Meléndez Calvillo, quien se reunió con el agente en un McDonald’s ubicado en 7305 Airport Freeway, en Richland Hills, Texas.

Calvillo entregó 3 mil 953 kilogramos de metanfetamina con una pureza del 97%. Por este hecho, y por cargos de lavado de dinero, fue sentenciada el pasado 20 de noviembre de 2024 a 480 meses de prisión por narcotráfico y 240 meses adicionales por lavado de instrumentos monetarios.

El fiscal federal Ryan Raybould declaró que “cuatro kilogramos de metanfetamina casi pura listos para su distribución no son solo una transacción de drogas, sino una amenaza directa para todas las familias del norte de Texas”. Según Raybould, el trabajo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional permitió desmantelar la red de distribución vinculada a Torres.

Decomisos, laboratorio clandestino y nexo con el CJNG

Joseph B. Tucker, agente especial a cargo de la división de campo de la DEA en Dallas, sostuvo que la sentencia busca que Torres “rinda cuentas por el veneno que llegó a nuestros vecindarios por su culpa”. Tucker agregó que ninguna cantidad de droga es aceptable y que la agencia continuará sus esfuerzos para erradicarlas de las calles del norte de Texas.

La investigación documentó además un allanamiento realizado el 25 de octubre de 2022 en una dirección de Reno, Texas, donde los agentes encontraron más de 24 kilogramos de metanfetamina cristalizada con una pureza del 99%. En el lugar se identificó además un laboratorio de conversión de metanfetamina, con cantidades de la droga en forma líquida y cristalizada.

Ese operativo derivó en la condena de Ignacio Manzo Cárdenas, sentenciado el 29 de octubre de 2025 a 440 meses de prisión por narcotráfico y 240 meses adicionales por lavado de instrumentos monetarios. Documentos judiciales del caso incluyeron fotografías de bloques de metanfetamina en proceso de secado y recristalización, además de paquetes vacíos usados para su transporte.

El registro también permitió incautar varios libros de contabilidad vinculados al narcotráfico, que mostraban la recepción y distribución de cientos de kilogramos de metanfetamina desde ese mismo lugar, junto con pruebas de entregas de dinero.

El testimonio presentado en la audiencia de sentencia de Meléndez confirmó que los envíos de droga y las ganancias de esta causa están vinculados al CJNG. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a esa organización como grupo terrorista extranjero, al señalar que mantiene contactos en América, Australia, China y el sudeste asiático. El organismo también atribuyó al CJNG ataques con armamento militar y drones cargados de explosivos contra fuerzas de seguridad mexicanas, además de asesinatos e intentos de asesinato de funcionarios en México.

Trece acusados y una condena pendiente

Abarca-Torres es el duodécimo acusado sentenciado en esta investigación, que involucró a un total de trece personas en dos causas judiciales distintas. En conjunto, fue considerado responsable de 396.769 kilogramos, calculados como peso total de droga, por tráfico de metanfetamina y heroína. Un acusado permanece prófugo.

En el expediente principal ya habían sido condenados Omar Gilliam, a 270 meses de prisión; David García, a 121 meses; Fátima García, a 108 meses por narcotráfico y lavado de dinero; Juan Pablo Guerra, a 62 meses por conspirar para distribuir 100 gramos o más de heroína; Gerardo Campos García, a 27 meses por lavado de instrumentos monetarios, y Hilario Zamago, a un año de libertad condicional por usar un medio de comunicación para facilitar un delito grave relacionado con drogas.

Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad de Torres, el Gobierno aceptó desestimar los cargos en una causa paralela, identificada como el caso número 3:23-CR-177-N. En ese expediente ya se habían dictado sentencias contra Oscar Alonso Domínguez Rodríguez, de 240 meses por posesión de metanfetamina con intención de distribuirla; Guadalupe Ramírez, de 97 meses por lavado de dinero, y Franklin José Cruiz Arguijo, de 70 meses por conspirar para distribuir metanfetamina.

El rol del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional

El proceso judicial se enmarca en la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creada a partir de la Orden Ejecutiva 14159. Según el comunicado, el HSTF es una alianza intergubernamental orientada a eliminar cárteles criminales, bandas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera de Estados Unidos.

El organismo reúne a agentes y oficiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (DSI), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS), el IRS, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y el Servicio Secreto, en colaboración con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el Departamento de Policía de Dallas y la Oficina del Sheriff del Condado de Dallas.

El caso contra Abarca-Torres fue investigado por la división de Dallas de la DEA con asistencia de la oficina de campo de Texas de la división de investigación criminal del IRS. Los fiscales federales adjuntos George Leal, Joseph T. Lo Galbo y Abby Policastro estuvieron a cargo del procesamiento judicial.