Presidencia negó que el alcalde de Sincelejo fuera intimidado con armas durante encuentro oficial: “Victimizarse sin razón”

El Gobierno nacional defendió el encuentro regional y el consejo de seguridad que el presidente Abelardo De La Espriella encabezó en el municipio de Coveñas, Sucre, y que generó polémicas tras el fuerte pronunciamiento contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, que denunció una presunta intimidación del esquema de seguridad del mandatario nacional.

Y es que el polémico alcalde señaló que, durante el encuentro, algunos hombres vestidos de civil y con armamento de largo alcance tipo fusil se ubicaron detrás suyo, lo que consideró como un ‘mensajes’ del presidente.

Ante las denuncias, el Ejecutivo afirmó que se trataba de integrantes del esquema habitual de seguridad presidencial, desplegado de acuerdo con los protocolos establecidos para proteger al jefe de Estado y a los asistentes.

Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), aseguró en la noche del lunes 5 de octubre que los agentes presentes en el recinto “correspondían exclusivamente al esquema de seguridad habitual del presidente de la República, Abelardo De La Espriella”. Añadió que su presencia no tuvo ningún propósito distinto al de salvaguardar la integridad del mandatario nacional.

“El presidente, por sus condiciones propias de su cargo y su nivel de riesgo, cuenta permanentemente con un esquema de protección y con protocolos que se aplican en todos sus desplazamientos, reuniones y eventos oficiales. Ese día había personal de seguridad distribuido en diferentes lugares del salón, no exclusivamente detrás del alcalde. Nadie fue ubicado allí para intimidarlo, amenazarlo o ejercer presión sobre él”, señaló Ríos.

Incluso el vocero señaló que la denuncia de Yahir Acuña sería una estrategia para “victimizarse” tras el fuerte encontrón con el presidente y en el que lo acusó de cometer presuntos actos de corrupción en Sincelejo.

" Otra cosa es que la reacción del alcalde ante la solicitud de pulcritud del presidente sea la de victimizarse sin razón. La conversación fue franca y directa, como suelen ser las reuniones del presidente, pero se desarrolló dentro de un escenario institucional y con las condiciones habituales de seguridad", comentó el director del Dapre.

El Gobierno afirmó que continuará recorriendo el país, dialogando con autoridades territoriales y tomando decisiones sobre las necesidades de cada departamento para prevenir “cualquier atisbo de corrupción”.

El control de recursos públicos en los encuentros regionales

En otro momento de su pronunciamiento, el director del Dapre defendió las visitas del presidente Abelardo de la Espriella a los territorio, asegurando que esas reuniones representan un espacio para escuchar directamente a gobernadores y alcaldes, revisar las necesidades de las comunidades y verificar el destino de los recursos públicos. La administración señaló que busca fortalecer los mecanismos de seguimiento y control ante alertas o posibles hechos de corrupción.

Ríos explicó que la iniciativa, denominada “El milagro de las regiones”, pretende sacar al Gobierno de los escritorios y llevarlo a los territorios. Según describió, el propósito es examinar los problemas de cada región y comprobar que los fondos lleguen al destino previsto.

“Frente a las versiones que han circulado sobre la reunión en Coveñas, quiero hacer una precisión muy clara. El milagro de las regiones tiene un propósito claro: sacar el Gobierno de los escritorios y llevarlo al territorio, escuchar directamente a los gobernadores y alcaldes, revisar los problemas de cada región y, sobre todo, verificar que los recursos públicos realmente estén llegando a donde tienen que llegar”, comentó Ríos.

Los recursos públicos, afirmó el director del Dapre, no pertenecen al Gobierno nacional, a un gobernador ni a un alcalde, sino a los ciudadanos. Señaló que deben traducirse en seguridad, vías, educación, salud, agua potable y oportunidades para las regiones.

El funcionario sostuvo que el presidente dio instrucciones desde los procesos de empalme para identificar alertas, revisar antecedentes y establecer mecanismos que protejan los recursos de la nación. Esas medidas, indicó, buscan impedir que los fondos caigan “en las garras de los corruptos”.

Cuando existen dudas, alertas o información que requiere una revisión adicional, el Gobierno tiene la obligación de reforzar los controles antes de comprometer recursos públicos, explicó Ríos. Aclaró que esas revisiones no implican cerrar las puertas a las regiones ni castigar a sus habitantes, sino procurar que las inversiones lleguen con garantías sobre el uso de cada peso asignado.