Juan David Castilla
Más del 70 por ciento de los municipios del estado de Veracruz se encuentran asentados en zonas de alta vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos, de acuerdo con datos oficiales del Atlas de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil (SPC) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
Sin embargo, la prevención a nivel local enfrenta una marcada deficiencia: la mayoría de los ayuntamientos carece de un instrumento actualizado para mapear sus focos rojos.
El diagnóstico estatal detalla que un total de 149 municipios presentan severas afectaciones por inundaciones pluviales y fluviales derivadas del desbordamiento de las 12 principales cuencas hidrográficas, entre las que destacan los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos, Jamapa-Cotaxtla, Actopan, La Antigua y Cazones.
Por otra parte, el mapa de inestabilidad de laderas ubica a municipios de ocho zonas serranas en constante peligro de derrumbes y desprendimientos de tierra durante la temporada de lluvias.
Las regiones con mayor exposición corresponden a la Sierra de Zongolica, Huayacocotla, Chiconquiaco, el Totonacapan, Los Tuxtlas y la Sierra Montañosa Central, donde cientos de familias habitan al borde de barrancas o sobre laderas inestables.
A pesar de la alta exposición a desastres naturales, informes del Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) revelan que aproximadamente el 80 por ciento de las administraciones municipales incumple la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, al no mantener vigente su Atlas de Riesgo.
Apenas 44 de los 212 municipios veracruzanos cuentan con este documento de planeación. Adicionalmente, dentro de las demarcaciones que sí lo integran, existen casos con rezagos severos; municipios como Veracruz y Boca del Río conservan cartografías elaboradas desde 2006 sin renovar, mientras que urbes clave como Xalapa mantienen instrumentos cuya última actualización datan del 2019.
Especialistas y defensores civiles advierten que la falta de actualización en los Atlas de Riesgo limita la capacidad de respuesta de los ayuntamientos, perpetúa los asentamientos irregulares en franjas federales de cauces o zonas de deslave y frena la asignación oportuna de recursos para la mitigación de contingencias medioambientales.
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