Gobierno de De la Espriella estudia acabar con el subsidio al Acpm para conductores particulares y vehículos diplomáticos y oficiales: cómo lo haría

El Gobierno nacional avanza en el desmonte del subsidio al diésel para conductores particulares y vehículos diplomáticos y oficiales, mientras estudia conservar el apoyo estatal para el transporte público colectivo y de carga. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) considera viable la medida que el Ejecutivo sustenta en razones de eficiencia económica y sostenibilidad fiscal.

Con esto, el gobierno de Abelardo de la Espriella busca equiparar el precio local del Acpm con su referencia internacional para esos sectores, con el argumento de que el subsidio es regresivo y consume billones de pesos al año en un momento de estrechez fiscal. La propuesta retoma una discusión iniciada durante el gobierno de Gustavo Petro y preservaría el subsidio para el transporte de carga y pasajeros, a fin de evitar presiones sobre los fletes y la canasta básica.

Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía justificó la medida en criterios de “eficiencia económica y sostenibilidad fiscal”. El Gobierno calcula que el cambio generaría ahorros fiscales directos en el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (Fepc) cercanos a $698.000 millones anuales. En los últimos días, el precio internacional del diésel aumentó por el conflicto en Rusia e Irán, lo que amplía la brecha si la tarifa interna permanece congelada.

De igual manera, la SIC recomendó al Ministerio de Minas y Energía precisar el cálculo del ingreso al productor fósil de diésel, para que los agentes del mercado cuenten con información suficiente sobre la reglamentación. El organismo también pidió establecer un mecanismo de seguimiento para ajustar la metodología y enviar el proyecto acompañado de una justificación actualizada.

El diésel concentra la presión sobre el Fepc

La brecha del Acpm ronda los $5.100 por galón, de acuerdo con una estimación de la Unión Gremial de Estaciones de Servicio, elaborada con el volumen de diésel despachado por las estaciones y la diferencia frente a la paridad internacional. Por las estaciones del país se comercializan cerca de 160 millones de galones de diésel al mes, lo que lleva el costo a cerca de $800.000 millones mensuales y alrededor de $9,7 billones en doce meses.

Sobre esto, el vocero gremial nacional de Somos Uno, David Jiménez Mejía, explicó a Portafolio que la gasolina corriente y el Acpm presentan hoy comportamientos fiscales distintos, aunque los describió como el mismo tipo de combustible en términos de producto. La gasolina cerró su brecha y comenzó a aportar al Fondo desde 2024, con la excepción de la reversión del aumento de octubre, cuyo costo fue estimado por el Gobierno en $8.300 millones.

En cambio, la diferencia del Acpm supera los $5.000 por galón y varía con las cotizaciones internacionales del petróleo, la tasa de cambio y el costo de los biocombustibles incluidos en la mezcla. Según la información gremial, en enero de este año la brecha había llegado a unos $1.600 por galón; el alza posterior del petróleo y el congelamiento de precios de septiembre volvieron a ampliarla.

Además:

• El presupuesto de 2026 contempla $9,6 billones para el Fepc, cifra próxima al cálculo anual del gremio para la brecha del diésel.
• Las proyecciones para este año oscilan entre $6 billones y $14 billones, tras un historial de déficits que acumuló cerca de $83 billones entre 2021 y 2025.
• El Ministerio de Hacienda registró un déficit de $11,4 billones en 2021, uno de $36,7 billones en 2022 —equivalente al 2,5% del producto interno bruto—, $20,5 billones en 2023 y $7,66 billones en 2024, luego de ajustes de precios y condiciones internacionales distintas.

Alternativas para cerrar la brecha del Acpm

Aplazar durante un año una corrección de magnitud similar a la actual agregaría otros $9,7 billones al costo fiscal, según las estaciones de servicio. El gremio estima que cada $1.000 de diferencia por galón equivale a unos $1,9 billones al año.

Jiménez advirtió que el dilema afecta tanto a los consumidores como a las cuentas del Estado. “Las dos salidas terminan en el mismo bolsillo. Si el precio sube, golpea el costo de vida vía fletes y alimentos. Si no sube, el déficit lo asume primero el refinador o el importador y después el Presupuesto General de la Nación, que se financia con más impuestos a los mismos colombianos”, señaló.

La propuesta gremial plantea un ajuste escalonado desde el precio actual de $11.282 por galón. Para alcanzar la referencia utilizada en su ejercicio, el Acpm requeriría un aumento acumulado cercano al 45%; en un plazo de 24 meses, las alzas serían de $213 mensuales por galón, con una variación anual del 20,5% y un costo fiscal de $7,3 billones. Un escenario de 36 meses reduciría el incremento a $142 mensuales por galón, con una variación anual del 13,2% y un costo fiscal cercano a $8,1 billones.

Jiménez considera que esa senda requeriría anunciarla con anticipación y aplicar incrementos pequeños y frecuentes, además de revisar la referencia internacional para un país que refina diésel y podría destinar parte de la renta petrolera a cubrir el costo. El Gobierno mantiene abiertas las opciones de financiar el Fepc con recursos presupuestales, ajustes de precios, mayor deuda o una combinación de mecanismos, mientras una delegación del Ministerio de Hacienda prepara conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington sobre los desafíos fiscales y las posibles reformas.