Bolivia reconoció a José Armando Urioste como fiscal general interino tras la destitución y encarcelamiento de Roger Mariaca

El Gobierno de Bolivia reconoció este lunes 5 de octubre a José Armando Urioste como fiscal general interino del Estado, con un mandato de 90 días. El acto se celebró en el antiguo Palacio de Gobierno, en La Paz. El presidente, Rodrigo Paz, aclaró que no se trataba de una posesión formal, porque esa potestad corresponde al vicepresidente y presidente del Legislativo, Edmand Lara.

Urioste sustituye a Roger Mariaca, destituido y encarcelado. El Ejecutivo lo acusa de encabezar una organización criminal que protegía al narcotráfico. Paz encomendó a su sucesor “recuperar la institucionalidad” y la credibilidad de la Fiscalía, y sostuvo que el Ministerio Público no debe usarse para perseguir a nadie. Urioste prometió que no habrá una “cacería de brujas” y, según el diario Opinión, pidió a los fiscales departamentales que pongan sus cargos a disposición.

Mariaca llegó a la Fiscalía en octubre de 2024. Lo eligió para un mandato de 6 años el Legislativo anterior, de mayoría del MAS, el partido de Evo Morales y Luis Arce. Su caída comenzó el lunes 28 de septiembre, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de funcionarios y ex funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Bolivia es el país con más nombres en la lista. Washington acusó a Mariaca de abusar de su cargo para pedir y aceptar sobornos que facilitaran el narcotráfico y ayudaran a criminales violentos a evadir la justicia.

El fiscal rechazó los señalamientos. Dijo que la retirada del visado era una muestra de injerencia y presión política por sus investigaciones. Dos días después, el miércoles 30, fue detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, junto al fiscal departamental Alberto Zeballos, también incluido en la lista de Washington. La Fiscalía calificó el arresto de ilegal y dijo que se practicó sin orden de aprehensión. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó de que los cargos eran organización criminal, lavado de activos y tráfico de drogas.

El caso tiene un antecedente que lo vincula con el narcotráfico regional. En marzo, durante la gestión de Mariaca, la Policía capturó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que después fue expulsado a Estados Unidos con apoyo de la DEA. El Gobierno sostiene que Mariaca ya tenía antecedentes de protección a la organización de Marset antes de asumir el cargo. Este fin de semana, un juez dictó 180 días de detención preventiva en una cárcel de Potosí, por dos causas: una por organización criminal y tráfico de sustancias controladas, y otra por legitimación de ganancias ilícitas.

Para destituirlo hizo falta cambiar la ley. La Ley 1773, promulgada el viernes por Paz, obliga a elegir un sustituto en la misma sesión si el fiscal general es destituido por estar formalmente imputado o sujeto a una medida cautelar por delitos con pena de cárcel. La reforma modificó el artículo 25 de la Ley 260 del Ministerio Público. La suspensión se aprobó con 113 votos a favor, 11 en contra, 3 abstenciones y 1 voto en blanco, de 128 legisladores presentes.

La sesión se prolongó más de 20 horas. Tras cinco votaciones entre tres candidatos propuestos por las fuerzas con representación en el Legislativo, la Asamblea eligió a Urioste en la madrugada del sábado. Obtuvo más de dos tercios de los 128 votos.

El nuevo fiscal es abogado, con una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Agrario. Fue juez de Instrucción, de Partido y Civil y Comercial, vocal de sala y decano del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, además de docente universitario.

El procedimiento sigue en disputa. La Vicepresidencia indicó este lunes en un comunicado que analiza cómo se eligió a Urioste, en ausencia de Lara. El vicepresidente, declarado opositor al Gobierno, estaba en España en un evento internacional. Lara cuestionó a su regreso que la reforma pudiera aplicarse a Mariaca, porque la ley no es retroactiva y rige solo para lo venidero. No se conoce aún la conclusión de ese análisis.

Durante el interinato, la Asamblea debe iniciar el proceso para designar a un titular, que ejercerá durante seis años. La discusión sobre la validez de la destitución anticipa que esa elección se juzgará tanto por quién resulte nombrado como por el procedimiento que se siga.