Sánchez adelanta el final de una legislatura marcada por la crispación política

José Miguel Blanco

Madrid, 5 oct (EFE).- El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones el 29 de noviembre, adelanta el final de una legislatura marcada por una aritmética parlamentaria muy ajustada y una fuerte crispación política alimentada por casos de corrupción y diversas investigaciones judiciales.

Tras las comicios del 23 de julio de 2023, en los que ningún partido consiguió mayoría absoluta y después de una investidura fallida del líder del PP (el partido más votado), Alberto Núñez Feijóo, Sánchez consiguió su reelección tras un acuerdo con diversas fuerzas políticas de izquierda.

Pero a ellas se sumó Junts después de una dura negociación marcada por la petición de amnistía de Carles Puigdemont y que desembocó en acuerdo tras la reunión que hubo en Bruselas a finales de octubre entre el expresident catalán y el entonces secretario de Organización del PSOE y protagonista posterior de un caso que golpeó a los socialistas, Santos Cerdán.

El 2 de noviembre, Félix Bolaños y Oriol Junqueras sellaron en Barcelona el acuerdo entre PSOE y ERC, y el 9 se firmó el pacto con Junts y que incluía la amnistía de los líderes del 'procés'.

Decisión que vino acompañada de una contestación social y política muy intensa y se convirtió en el principal factor de confrontación entre Gobierno y oposición.

Sánchez fue investido el 16 de noviembre con 179 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, BNG, Bildu y Coalición Canaria) y 171 en contra (PP, Vox y UPN), y cuatro días más tarde formó un Gobierno de coalición junto a Sumar, quien asumió cinco de los 22 ministerios que lo conforman.

Un Gobierno en minoría obligado a pactar iniciativa por iniciativa y sometido a la presión de aliados parlamentarios con intereses distintos y cuya fragilidad se agravó pronto, porque en diciembre Podemos abandonó Sumar y pasó al Grupo Mixto.

En sus primeros compases, el Ejecutivo aprobó medidas anticrisis, acordó desclasificar los documentos del espionaje al que fuera president catalán Pere Aragonès mediante Pegasus, y el Congreso aprobó la reforma constitucional del artículo 49 para sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”.

Febrero del 2024 abrió nuevos focos de tensión con protestas de agricultores y el estallido del 'caso Koldo', con la detención del que fuera asesor de José Luis Ábalos por supuestas comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia, y el pase del exministro al Grupo Mixto tras suspenderle el PSOE de militancia.

Este caso se convirtió en un gran frente de desgaste político para el Ejecutivo y reforzó el clima de confrontación ya existente, que llevó a Sánchez a tomarse cinco días de reflexión para decidir sobre su continuidad tras la investigación abierta contra su esposa, Begoña Gómez. Su decisión fue seguir al frente del Gobierno.

En el terreno internacional con repercusión política directa en España, el 28 de mayo de 2024 España reconoció a Palestina como Estado entre fuertes críticas de Israel que llevaron a una crisis diplomática

La culminación del gran compromiso político de la investidura, la amnistía, llegó en junio de ese año, pero Puigdemont no pudo beneficiarse de ella al rechazar el Tribunal Supremo perdonarle el delito de malversación.

Tras las elecciones europeas del 9 de junio, en las que el PP ganó con 22 escaños, dos más que el PSOE, Yolanda Díaz renunció el 10 de junio a la dirección de Sumar, y el 11 de julio Vox rompió sus pactos de gobierno autonómicos con el PP.

En la serie de elecciones autonómicas de la legislatura, en agosto Salvador Illa fue investido presidente de la Generalitat de Cataluña con el insólito regreso fugaz de Puigdemont a Barcelona.

La dana que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana en octubre provocó 238 fallecidos. Días después, en una visita de los reyes y Sánchez a la zona, hubo insultos y lanzamiento de barro a la comitiva, y meses más tarde dimitió el presidente valenciano Carlos Mazón.

Tras el apagón en abril de 2025, el Gobierno y el PSOE vivieron otro momento delicado con la dimisión de Cerdán tras el informe de la UCO que señalaba "consistentes indicios" de posibles delitos de organización criminal y cohecho por adjudicaciones a cambio de mordidas.

Otro caso sigue avanzando entretanto, el de la exmilitante socialista Leire Díez, por supuestas maniobras de instrucción a la justicia, y todo ello llevó a que Sánchez compareciera ante la comisión de investigación del Senado relacionada con diversas causas de presunta corrupción.

En noviembre, el Tribunal Supremo anticipa el fallo de la sentencia y condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.

Todo ello sigue abonando un enfrentamiento político presente también tras el accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) que deja 42 fallecidos.

Enfrentamiento que siguió escalando tras la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que derivó en su imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales antes de ampliarse esa investigación por presunto delito fiscal y contrabando por las joyas que se le encontraron.

Además, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue condenado por la Audiencia de Badajoz a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, y el juez Juan Carlos Peinado envió a juicio con jurado popular a Begoña Gómez.

El choque entre bloques utilizó también como argumento la política migratoria del Gobierno (agravada tras la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos el pasado 31 de julio) y el problema de la vivienda.

Una cuestión que, tras el desahucio de Maricarmen, ha sido el detonante del adelanto electoral. EFE