La reforma del registro horario todavía podría ver la luz antes de las elecciones del 29N

La reforma del registro horario, uno de los grandes caballos de batalla de esta legislatura de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, todavía podría ver la luz pese a la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre y la disolución de las Cortes Generales.

La intención del Gobierno es aprobar esta reforma por Real Decreto, por lo que no precisaría de convalidación ni en el Pleno del Congreso ni en la Diputación Permanente, que es la que vela por los poderes de la Cámara cuando las Cortes Generales están disueltas o han expirado su mandato.

La única competencia legislativa directa entre legislaturas de la Diputación Permanente es debatir y votar la convalidación o derogación de los Reales Decretos-Leyes de "extraordinaria y urgente necesidad" dictados por el Gobierno.

En el caso de la reforma del registro horario, la fórmula legislativa que eligió el Gobierno es la del Real Decreto, por lo que, al no ser una ley, no requeriría de convalidación alguna y podría aprobarse sin problemas en el Consejo de Ministros y entrar en vigor.

Hace apenas unos días, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, expresaba su confianza en que a lo largo de este mes de octubre se despejara definitivamente el camino al Consejo de Ministros de la reforma del registro horario, "un elemento clave para controlar el tiempo de trabajo efectivo en el país y evitar buena parte de los abusos que se concentran en la realización de horas extraordinarias no pagadas o excesos de jornada habituales".

Esta norma recibió el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, por lo que Trabajo lleva meses puliendo el texto, también con el Ministerio de Economía, para adaptarlo a los requerimientos del Consejo de Estado.

"Hemos estado trabajando para depurar ese reglamento, hemos trabajado para que las objeciones que señala el Consejo de Estado queden, en la medida de lo posible, superadas y, por lo tanto, para garantizar la integridad y la seguridad jurídica del texto", defendió Pérez Rey, que afirmó además que ese trabajo ya puede "darse por concluido".

En este sentido, el "número dos" de Trabajo destacó el esfuerzo "muy considerable" que se había hecho para cumplir con los requerimientos del Consejo de Estado, intentado garantizar la protección de datos en la línea marcada por la Agencia de Protección de Datos y por el propio Consejo de Estado y dando un mayor papel a la negociación colectiva en la conformación del registro.

"Por lo tanto, yo creo que estamos en disposición ya de avanzar en la tramitación de este nuevo registro horario que tiene que ser digital, que tiene que ser accesible para la Inspección de Trabajo y que debe desterrar definitivamente las prácticas de apuntar en un folio en blanco cuándo se entra y cuando se sale, que son siempre sinónimo de fraude", explicó.

Así las cosas, pese al anuncio de nuevas elecciones generales para el 29 de noviembre y la disolución de las Cortes, aún hay tiempo para que el Gobierno apruebe su Real Decreto de reforma del registro horario antes de la celebración de los comicios.

SUBIDA DEL SMI EN EL AIRE

Lo que no está tan claro es que el Gobierno proceda a acometer una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) antes de las elecciones, aunque dicha subida también se ejecuta mediante Real Decreto.

Lo normal sería que fuera el próximo Ejecutivo salido de las urnas el que se encargara de tomar una decisión respecto al SMI de 2027. Y si esta decisión se fuera más allá del mes de enero, siempre podría aplicarse con efectos retroactivos, como se ha hecho ya varias veces en el pasado.

La intención del Ministerio de Yolanda Díaz, al menos hasta hace unos días, era la de convocar este mismo mes a la comisión asesora del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que iniciara sus trabajos de cara a la subida de 2027.

Está también por ver qué pasará con la reforma para evitar que los pluses y complementos salariales absorban las subidas del SMI. Este cambio normativo se iba a incluir en la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social sometió a audiencia pública el proyecto de Real Decreto de transposición a finales de febrero de 2026, y estaba pendiente de recibir informes de distintos organismos, entre ellos el Consejo de Estado, para su aprobación.

REFORMA DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Lo que no dará tiempo a aprobar antes de las elecciones será la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que el Gobierno aprobó a finales del pasado mes de abril en Consejo de Ministros, en forma de anteproyecto de ley.

Ni siquiera ha vuelto a pasar como proyecto de ley por el Consejo de Ministros, por lo que no ha llegado a entrar en el Congreso.

Tampoco verá la luz la reforma del despido para adecuarlo a las exigencias de la Carta Social Europea, salvo que el Gobierno se proponga sacar adelante los cambios normativos en forma de Real Decreto o hacerlo en formato Real Decreto-ley contando, eso sí, con que la Diputación Permanente pudiera tumbar esta reforma.

Trabajo estaba elaborando ya una propuesta normativa para reformar el régimen del despido después de recibir las aportaciones iniciales de los sindicatos y en contra de la patronal CEOE, pero no sin reconocer la dificultad que supondría sacar adelante esta reforma, que coincidía además con el debate judicial sobre el despido y de pronunciamientos pendientes por parte del Tribunal Constitucional.

TRANSPARENCIA RETRIBUTIVA

Otro asunto que estaba en la cartera de Trabajo antes de la convocatoria de las elecciones era la transposición de la directiva comunitaria sobre transparencia retributiva, cuyo texto ya está cerrado, al menos en sus aspectos más importantes.

El objetivo del Ministerio era el de cerrar en la próxima reunión, prevista inicialmente para mañana martes, los elementos esenciales de la norma o, al menos, dejar pendientes únicamente aspectos de detalle para culminar de forma inmediata su transposición.

Esta directiva busca reforzar la igualdad salarial y la transparencia empresarial para combatir la discriminación retributiva entre mujeres y hombres. Si el Consejo de Ministros aprobara esta transposición como Real Decreto, también podría ver la luz antes de las elecciones.

No obstante, aunque en agosto se publicó el borrador de esta norma, también estaba pendiente de la recepción de distintos informes, por lo que podría no dar tiempo a su aprobación antes de las elecciones del 29 de noviembre. En todo caso, el plazo de Bruselas para la transposición de esta directiva al ordenamiento jurídico español finalizó el pasado 7 de junio.

Entre las normas laborales que ya estaban en tramitación en el Congreso y que ahora quedarán paralizadas con la disolución de las Cortes se encuentran el Estatuto del Becario, la reforma para conceder jubilaciones anticipadas sin penalización a trabajadores con más de 40 años cotizados o las bonificaciones en las cuotas empresariales a los empresarios de Ceuta y Melilla.