Las reformas de Justicia que decaen con el adelanto: más autonomía de la Fiscalía y limitar la acusación popular

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a primera hora de este lunes el adelanto electoral y la disolución de las Cortes, mientras algunas de las medidas promovidas por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes aún se encontraban en tramitación parlamentaria y que ahora decaen, como la reforma del Estatuto Fiscal, que buscaba desligar el mandato del fiscal general de la legislatura, o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que quería limitar la acusación popular.

La disolución de las Cortes conlleva que las reformas que no habían sido todavía aprobadas caduquen y deja en manos del próximo parlamento que salga de las urnas el 29 de noviembre si quieren volver a tramitarlas desde el principio.

Entre ellas, el Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2025 el anteproyecto para reformar la Fiscalía, con el fin de "reforzar la independencia del Ministerio Fiscal" y responder a las "reiteradas recomendaciones" de la Comisión Europea y del Consejo de Europa.

En concreto, el anteproyecto recogía que el mandato del fiscal general del Estado fuera de cinco años y dejara de coincidir con el del Ejecutivo. Además, contemplaba que no sería renovable, salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año.

Para evitar ceses discrecionales, también incluía que el Gobierno solo podría apartar al fiscal general por "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones" y previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Otro de los puntos de esta reforma es el papel que se le otorgaba a la Junta de Fiscales de Sala, ya que señalaba que podía imponer su criterio al del titular del Ministerio Público si cuenta con una mayoría cualificada de tres quintas partes.

Desde la Fiscalía, que entonces encabezaba Álvaro García Ortiz, se celebró que la reforma consolidase su independencia, si bien lamentó que no se abordase su autonomía presupuestaria. Por otro lado, la mayoritaria Asociación de Fiscales consideró que la reforma era "una operación más de maquillaje de cara al exterior" que no busca reforzar la institución, sino la figura del jefe del Ministerio Público, a quien, a su juicio, se le otorgaba más poder sin los suficientes contrapesos.

REFORMA DE LA LECRIM: QUE LOS FISCALES ASUMAN LA INSTRUCCIÓN PENAL

La otra gran reforma de Justicia que no ha llegado a ver la luz fue la reforma de la LeCrim, que se presentó como la mayor reforma del proceso penal en España hasta la fecha y cuyo principal cambio es que la instrucción pasará de jueces a fiscales en las causas penales.

El texto preveía que la Fiscalía dirija la Policía Judicial en la investigación de delitos. Así, el Fiscal Jefe designaría a los fiscales instructores y se aplicaría el mismo régimen de abstención y recusación que a jueces y magistrados.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que la nueva LECrim persigue adaptar el modelo español al europeo, de modo que "los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía".

Se trataba, según defendió, de "una reforma también necesaria y más garantista", en la que establecía la figura del "juez de garantías" y que era él quien decidiera, revocara o confirmara "las decisiones que tome el Ministerio Fiscal en la investigación penal".

La sucesora de García Ortiz en el cargo, Teresa Peramato, hizo un llamamiento "al consenso parlamentario", para que se esforzara en aprobar la reforma de la LeCrim "en favor del superior interés de la sociedad española". Según ella, el Ministerio Fiscal está "sobradamente preparado" para este cambio y cuenta con "la experiencia necesaria para asumir este desafío con la mayor eficacia y rigor".

BUSCABA UN SISTEMA "MÁS GARANTISTA"

Félix Bolaños, argumentó en la Comisión de Justicia del Congreso cuando presentó esta reforma que este sistema es "más garantista" porque planteaba la existencia de tres jueces antes de una sentencia: uno de garantías, otro que determine si la prueba está correctamente establecida o si son necesarias más diligencias y, en tercer lugar, el que juzgue y sentencie.

Y es que este proyecto de ley también preveía expulsar a partidos políticos y entidades afines de la acusación popular. En la mencionada comisión, Bolaños defendió este extremo señalando que es un modelo que "no existe en otros países de Europa, sólo en España y en Andorra por imitación".

Además, explicó que incluyeron este punto en la reforma ante las "reiteradas sugerencias de modificación" por parte del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para evitar, dijo, "usos espúreos de la misma" por, a su juicio, "organizaciones ultraderechistas persiguiendo a políticos progresistas".

Sumar, socio de Gobierno del PSOE, criticó la medida en tanto que planteaba la exclusión de los sindicatos mientras que se permite que "organizaciones empresariales lleven adelante acusación popular", según dijo el diputado Enrique Santiago.

Esta reforma también fue desaprobada por el PP. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, lamentó que el Gobierno presentara una reforma "profunda" como esta sin haber buscado el entendimiento con ellos y atribuyó la premura del Gobierno para aprobarlo porque "necesita controlar la justicia". Bolaños insistió en que la nueva ley no afectaría a las causas que ya se encontraban abiertas: "No y mil veces no".