Perú vuelve a las urnas por tercera vez en 2026: un país entre el crimen, la corrupción y la amenaza de El Niño
Por tercera vez en menos de seis meses, los peruanos están llamados a votar. El 12 de abril eligieron al nuevo Congreso y participaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El 7 de junio regresaron a las urnas para definir la Presidencia de la República en segunda vuelta. Ahora, hoy, domingo 4 de octubre, la decisión vuelve a las calles y a los barrios: los ciudadanos elegirán a quienes estarán al frente de sus gobiernos regionales y municipales durante los próximos cuatro años.
Son elecciones diferentes, pero los problemas que enfrentan los ciudadanos están estrechamente relacionados.
En las grandes ciudades del país, la inseguridad se ha convertido en una preocupación cotidiana. Las extorsiones afectan a comerciantes y transportistas, los ataques contra unidades de transporte han dejado decenas de muertos y heridos y ciudades como Trujillo enfrentan una penetración cada vez más visible del crimen organizado.
Al mismo tiempo, la corrupción y la percepción de una gestión pública deficiente siguen entre las principales preocupaciones de los peruanos. Y, mientras el país se prepara para una nueva temporada de lluvias, el fenómeno El Niño Costero plantea otra pregunta para las autoridades que serán elegidas: cuánto está preparado el Perú para enfrentar un evento climático que ENFEN considera con alta probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria.
Tres elecciones en un mismo año: Perú vuelve a las urnas
Las elecciones regionales y municipales de octubre constituyen la tercera gran jornada electoral de 2026.
El calendario comenzó el 12 de abril con las elecciones generales y continuó el 7 de junio con la segunda vuelta presidencial. Ahora, el proceso se traslada al territorio: serán los alcaldes y gobernadores quienes tendrán que responder directamente por problemas que los ciudadanos encuentran todos los días en sus calles.
El padrón definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones comprende 26.314.724 ciudadanos, incluidos 76 extranjeros habilitados para participar en los comicios municipales.
La dimensión de la elección es considerable. Se elegirán 13.148 autoridades: 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales y miles de regidores provinciales y distritales.
A diferencia de una elección presidencial, esta vez los electores votan por autoridades que estarán mucho más cerca de sus problemas cotidianos: seguridad ciudadana, transporte, limpieza pública, infraestructura urbana, prevención de desastres y servicios municipales.
La inseguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones del país
La elección ocurre en un escenario particularmente complejo para la seguridad ciudadana.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el semestre móvil octubre de 2025-marzo de 2026, la delincuencia fue considerada uno de los principales problemas del país por el 53,6% de la población, mientras que la falta de seguridad ciudadana fue mencionada por el 22,1%.
Pero uno de los fenómenos que más ha cambiado la vida cotidiana es la expansión de la extorsión.
El Ministerio Público registró 12.634 delitos denunciados por extorsión y chantaje durante el primer semestre de 2026. De ellos, 11.946 correspondieron específicamente al delito de extorsión. Los casos se concentraron especialmente en varios distritos fiscales de Lima y en regiones como La Libertad.
La violencia también alcanzó directamente al transporte público.
Entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se registraron 214 atentados contra el transporte público de Lima Metropolitana y el Callao vinculados presuntamente con extorsiones. Estos ataques dejaron 283 víctimas: 152 fallecidos y 131 heridos.
El problema no se limita a la capital.
Trujillo, símbolo de la expansión del crimen organizado
Trujillo, capital de La Libertad y una de las principales ciudades del norte del Perú, se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la crisis de seguridad.
La ciudad ha sufrido durante años la presencia de organizaciones dedicadas a la extorsión, el sicariato y otros delitos vinculados con el crimen organizado. En agosto de 2026, un ataque dejó cuatro personas asesinadas y otra secuestrada, un hecho que provocó nuevas críticas sobre la eficacia de las medidas de seguridad implementadas en la región. La Defensoría del Pueblo pidió a la Policía y al Ministerio Público una investigación exhaustiva y cuestionó la necesidad de evaluar la efectividad de las estrategias aplicadas durante los estados de emergencia.
Una investigación reciente señala que La Libertad registró 151 homicidios en 2026 hasta el momento de su publicación, solo por detrás de Lima, según cifras del Sistema Nacional de Defunciones.
La situación ha llegado incluso a las escuelas. En septiembre, alrededor de un centenar de colegios de La Libertad izaron banderas blancas como símbolo de un pedido de paz ante la violencia que afecta a la región.
Para los ciudadanos, la pregunta no es solamente quién ocupará una alcaldía o un gobierno regional. También es qué capacidad tendrán las nuevas autoridades para coordinar con la Policía, el Gobierno central y otras instituciones frente a un fenómeno criminal que excede las competencias de una municipalidad.
La corrupción y la gestión pública también llegan a las urnas
La inseguridad comparte espacio con otra preocupación estructural: la corrupción.
El INEI señala que durante octubre de 2025-marzo de 2026 la corrupción fue considerada el principal problema del país por el 59,6% de los entrevistados, por encima incluso de la delincuencia.
En los gobiernos regionales y municipales, la discusión adquiere una dimensión particularmente importante porque buena parte de las decisiones que afectan directamente a la población dependen de estas administraciones: obras públicas, infraestructura, transporte, saneamiento, gestión de residuos, prevención de desastres y servicios locales.
La Contraloría ha advertido durante años sobre problemas de ejecución, inversiones paralizadas y riesgos de corrupción en la gestión de recursos públicos. El desafío para las nuevas autoridades será no solo anunciar nuevas obras, sino terminar proyectos pendientes y administrar de manera eficiente los presupuestos públicos.
Piura: obras paralizadas mientras se acerca El Niño
Piura es una de las regiones donde la elección municipal y regional tendrá una dimensión especialmente sensible.
La región arrastra una larga historia de inundaciones y daños provocados por fenómenos climáticos. A pocas semanas de la temporada de lluvias, un reporte presentado en septiembre señaló que Piura tenía 117 obras paralizadas, con un costo aproximado de S/3.685 millones y un saldo pendiente de ejecución superior a S/1.732 millones. De ese conjunto, 40 obras paralizadas estaban vinculadas con la reconstrucción de infraestructura afectada por el Niño Costero.
El dato adquiere mayor relevancia porque el país se prepara para un nuevo episodio de El Niño Costero.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que más de 9,3 millones de personas se encuentran en zonas con riesgo muy alto de inundaciones y deslizamientos, con especial vulnerabilidad en Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque e Ica. La institución también señaló que existen más de S/11.000 millones en obras paralizadas relacionadas con la prevención, según información citada de la Cámara de Comercio de Lima.
ENFEN advierte de un El Niño Costero potencialmente extraordinario
El riesgo climático es uno de los grandes desafíos que heredarán las autoridades que sean elegidas este domingo.
La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero.
En su comunicado del 14 de septiembre, ENFEN señaló que El Niño Costero continuaría hasta mediados del otoño de 2027 y que existía una alta probabilidad de una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para febrero y marzo, la magnitud más probable se mantenía entre fuerte y extraordinaria.
El organismo también pronosticó temperaturas del aire muy superiores a las habituales en la costa peruana y lluvias por encima de lo normal en la costa norte, con posibles episodios de intensidad moderada a fuerte desde noviembre. Para el verano de 2027, prevé precipitaciones superiores a los promedios históricos en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental.
No se trata únicamente de una amenaza meteorológica.
Un fenómeno de esta magnitud puede afectar carreteras, viviendas, colegios, centros de salud, cultivos, sistemas de agua y transporte, además de generar inundaciones, huaicos y deslizamientos.
Por eso, las decisiones de los gobiernos regionales y municipales serán determinantes en materia de prevención y respuesta.
¿Está preparado el Perú para enfrentar un nuevo El Niño?
Las señales son contradictorias.
Por un lado, el Estado ha anunciado recursos adicionales para enfrentar tanto El Niño como la inseguridad. El 1 de octubre, el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto para aprobar créditos suplementarios por hasta S/8.228 millones, destinados, entre otros objetivos, a acciones frente al fenómeno El Niño 2026-2027 y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Por otro lado, organismos como la Defensoría del Pueblo han advertido sobre retrasos en obras y la necesidad de acelerar acciones preventivas.
En Piura, por ejemplo, la Defensoría ha pedido a las autoridades regionales y municipales reforzar la descolmatación de ríos y quebradas, elaborar mapas de zonas críticas, identificar espacios seguros y garantizar reservas de ayuda humanitaria.
La pregunta que quedará para las nuevas autoridades será si podrán transformar los recursos disponibles en prevención efectiva antes de que lleguen las lluvias más intensas.
Las elecciones locales definirán quién administrará la respuesta frente a estos problemas
El resultado de estos comicios tendrá consecuencias que van mucho más allá de la elección de nombres.
Los nuevos alcaldes tendrán que administrar ciudades que enfrentan problemas de seguridad, transporte, infraestructura y servicios básicos. Los gobernadores regionales tendrán bajo su responsabilidad territorios donde la prevención de desastres, la salud, la educación y las grandes obras públicas requieren coordinación entre diferentes niveles del Estado.
La elección también pondrá a prueba la capacidad de los ciudadanos para evaluar propuestas y antecedentes de quienes buscan administrar recursos públicos.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que su supervisión del proceso busca garantizar transparencia, debido proceso y participación política, mientras que el sistema electoral —integrado por el JNE, la ONPE y Reniec— tiene a su cargo la organización y fiscalización de los comicios.
Un país que vota mientras enfrenta varias crisis simultáneas
Las elecciones del 4 de octubre llegan en un momento particularmente complejo para el Perú.
Por tercera vez en 2026, los ciudadanos entran a una cabina de votación para decidir quiénes ocuparán cargos públicos. Pero esta vez las decisiones no estarán centradas en la Presidencia de la República.
Estarán mucho más cerca de la vida cotidiana.
El alcalde de una ciudad deberá responder por la gestión de espacios públicos, transporte, limpieza y coordinación de seguridad. El gobernador regional tendrá que enfrentar desafíos de infraestructura, salud, educación, inversión y prevención de desastres.
Y ambos niveles de gobierno recibirán sus cargos en un momento en que el país enfrenta una criminalidad que ha transformado la vida de comerciantes y transportistas, una fuerte preocupación ciudadana por la corrupción y un escenario climático que podría poner a prueba la capacidad de prevención del Estado.
Más de 26 millones de electores decidirán quién asumirá esas responsabilidades.
El desafío para quienes resulten elegidos será convertir las promesas electorales en políticas públicas capaces de responder a problemas que, para millones de peruanos, dejaron hace tiempo de ser amenazas abstractas y forman parte de su vida cotidiana.
Infobae
