El Salvador lidera la percepción regional de avances contra el crimen organizado, según Latinobarómetro
El Salvador aparece como el país de América Latina con la percepción más favorable sobre la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, de acuerdo con el Informe 2026 de Corporación Latinobarómetro.
El 75% de los salvadoreños considera que el país está ganando esta batalla, una cifra que contrasta ampliamente con el promedio regional, donde solo el 18% comparte esa opinión.
El estudio, basado en 19,207 entrevistas presenciales realizadas en 17 países latinoamericanos entre mayo y junio de 2026, muestra que la seguridad se ha convertido en uno de los factores centrales para evaluar a los gobiernos.
En el caso salvadoreño, la percepción de resultados en esta materia está acompañada por una reducción sostenida de la presencia percibida de pandillas, narcotráfico y otros grupos criminales en los lugares donde viven los ciudadanos.
En 2020, el 41% de la población de El Salvador afirmaba que había presencia de crimen organizado, grupos armados, estructuras narcotraficantes o pandillas en su entorno. Para 2026, esa proporción cayó a 9%, una disminución de 32 puntos porcentuales y la más pronunciada entre los países medidos por Latinobarómetro.
La diferencia con el resto de la región es significativa. El 79% de los latinoamericanos considera que el crimen organizado tiene mucho o bastante poder, mientras que en El Salvador esa percepción se sitúa en 28%.
A nivel regional, el 47% cree que se está perdiendo la batalla contra estas estructuras y el 29% estima que simplemente no es posible ganarla. El Salvador rompe esa tendencia: tres de cada cuatro ciudadanos creen que el combate está dando resultados.
Otros indicadores de seguridad también refuerzan esta percepción. El 95% de los salvadoreños señaló no haber sido víctima de un asalto, agresión o delito durante los últimos 12 meses, según el informe. Además, el 60% dijo que se preocupa ocasionalmente o nunca por la posibilidad de convertirse en víctima de la delincuencia.
La evaluación positiva no se limita a las políticas de seguridad. El informe destaca que El Salvador es el único país de la región donde una mayoría manifiesta alta satisfacción con las cuatro instituciones estatales evaluadas: policía, sistema judicial, hospitales públicos y educación pública. Asimismo, el 52% afirma que el Estado ha hecho mucho o algo por ellos, el porcentaje más alto de América Latina.
La eficiencia estatal también recibe una valoración superior a la regional. En una escala de 1 a 10, El Salvador alcanza una nota de 6.8, frente a un promedio latinoamericano de 4.7.
En materia de uso de recursos públicos, el país es el único donde la desconfianza respecto al gasto de impuestos se sitúa por debajo del 50%: 44% considera que esos fondos no serán bien utilizados, mientras en la región el promedio asciende a 78%.
La confianza institucional es otro de los factores que explica el respaldo ciudadano. Tras la llegada de Nayib Bukele al poder, Latinobarómetro registra niveles de confianza de 78% en el presidente, 70% en el Gobierno, 75% en las Fuerzas Armadas y 71% en la Policía. Estas cifras superan incluso el respaldo declarado a la democracia en el país.
En el plano internacional, los salvadoreños también atribuyen una influencia favorable a Estados Unidos. El 64% considera positiva la influencia estadounidense en América Latina, ubicando al país por encima del promedio regional de 57%.
El informe sitúa a El Salvador entre los países que integran el denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por Estados Unidos con énfasis en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Para Latinobarómetro, la adhesión a este tipo de alianzas responde a una demanda regional de seguridad, aunque advierte que la cooperación internacional no garantiza por sí misma resultados duraderos.
El documento también plantea una tensión relevante: mientras la población salvadoreña valora los resultados en seguridad y la eficacia estatal, el informe califica al Gobierno como autoritario y cuestiona el impacto de sus políticas sobre los derechos humanos y las garantías democráticas.
Infobae
