El campo necesita capital: el llamado desde Panamá para transformar las economías rurales de la región
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) advirtió en Panamá que aumentar la inversión en las zonas rurales será determinante para impulsar el crecimiento económico de América Latina y el Caribe, una región donde persisten brechas de pobreza, acceso a servicios y oportunidades laborales, pese a los avances registrados durante los últimos años.
El planteamiento fue realizado durante el encuentro regional “El futuro comienza en las zonas rurales: invirtiendo en los jóvenes, los mercados y la innovación”, celebrado en Ciudad de Panamá.
La cita reunió a más de 80 participantes procedentes de 15 países, entre gobiernos, organismos internacionales, instituciones financieras, empresas y representantes juveniles.
Rocío Medina Bolívar, directora regional del FIDA para América Latina y el Caribe, planteó que existe una oportunidad para trabajar conjuntamente y movilizar mayores recursos destinados a transformar las economías rurales.
La apuesta, explicó, pasa por conseguir inversiones a mayor escala que permitan aprovechar el potencial económico existente en estos territorios.
Medina Bolívar sostuvo que el impacto de una economía rural dinámica trasciende directamente a las comunidades donde se realizan las inversiones. Cuando estos territorios prosperan, señaló, toda la sociedad obtiene beneficios y los sistemas alimentarios se fortalecen, al tiempo que aumenta la capacidad para enfrentar situaciones adversas.
La directora regional vinculó además la inversión rural con la preparación de las comunidades frente a crisis económicas y climáticas, dos factores que adquieren mayor relevancia ante la incertidumbre internacional.
A su juicio, la seguridad alimentaria, la estabilidad y la prosperidad económica de los países también dependen del dinamismo alcanzado por sus zonas rurales.
En Panamá, el FIDA contabiliza ocho proyectos de desarrollo rural con un costo total de $182.41 millones, de los cuales $68.93 millones corresponden a financiación aportada por el propio organismo.
Las intervenciones han incluido iniciativas dirigidas a comunidades indígenas y pequeños productores, además de programas de desarrollo sostenible ejecutados en territorios como Darién, Ngäbe Buglé, Coclé, Colón y Panamá Oeste.
La discusión ocurre mientras Panamá mantiene fuertes contrastes entre su desempeño económico y las condiciones sociales existentes en diferentes territorios. El Índice de Pobreza Multidimensional más reciente muestra que el 12.4% de la población estaba en esa condición en 2025, una reducción frente al 14.7% registrado durante 2022.
Ese descenso significó que 83,949 personas dejaron de encontrarse en condición de pobreza multidimensional durante el período analizado. Los avances también alcanzaron territorios históricamente rezagados como la comarca Emberá, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, aunque estas áreas todavía enfrentan importantes desafíos sociales y económicos.
La medición permite observar más que los ingresos de los hogares, porque considera privaciones relacionadas con educación, trabajo, vivienda, servicios básicos, salud y condiciones ambientales.
Estas brechas adquieren especial importancia en áreas rurales, donde las dificultades de conectividad, infraestructura y acceso a servicios pueden profundizar las desigualdades frente a los principales centros urbanos.
Entre 2022 y 2025, Panamá logró electrificar 3,407 viviendas ubicadas en comunidades rurales, comarcales y de difícil acceso, contribuyendo a reducir en 39.8% la privación relacionada con la falta de electricidad. Durante ese mismo período, la carencia asociada al acceso a vías terrestres disminuyó 31.1% en el país.
Para el FIDA, transformar esas economías requiere facilitar que los pequeños productores accedan a financiamiento y tengan mejores conexiones con los mercados.
La estrategia también contempla incorporarlos a actividades con mayor valor agregado mediante procesamiento, almacenamiento y comercialización, permitiendo que una mayor proporción de los ingresos permanezca dentro de las comunidades.
El sector privado aparece como otro componente de esa transformación. Según datos presentados por el organismo, una participación empresarial sólida puede generar aumentos de hasta cuatro veces en los ingresos de trabajadores rurales frente a escenarios con menor involucramiento privado, especialmente cuando las inversiones fortalecen cadenas de valor y conectan producción con mercados.
Fausto Fernández, viceministro de Finanzas de Panamá, sostuvo que el desarrollo rural debe integrarse a una agenda de crecimiento, productividad, generación de empleo y reducción de desigualdades.
Además de agricultura y agroindustria, identificó oportunidades en turismo, logística, servicios y economía digital capaces de generar valor y puestos de trabajo.
La tecnología también forma parte de las alternativas. Mediante Innovatech, más de 30 empresas tecnológicas emergentes han colaborado con más de 1,000 organizaciones de pequeños productores para adaptar soluciones a sus necesidades.
Los proyectos abarcan servicios financieros, comercialización, educación financiera y producción sostenible, entre otras áreas vinculadas con las actividades rurales.
Otro desafío es generar condiciones para evitar que la falta de perspectivas económicas continúe impulsando a jóvenes rurales hacia las ciudades o al extranjero. El encuentro abrió un diálogo sobre alternativas para que puedan permanecer, invertir y desarrollar emprendimientos en sus propias comunidades, convirtiéndose en participantes de la transformación económica de sus territorios.
El FIDA ha movilizado desde su fundación más de $9,000 millones mediante 525 proyectos de desarrollo rural en América Latina y el Caribe. Actualmente mantiene una cartera regional de 25 proyectos valorados en unos $2,500 millones, incluyendo recursos propios y financiamiento aportado por otros socios.
La discusión celebrada en Panamá se desarrolló en el marco de la Decimocuarta Reposición de Recursos del FIDA, destinada a financiar su programa entre 2028 y 2030. El organismo busca combinar contribuciones de sus Estados miembros con otras fuentes de capital para ampliar inversiones, fortalecer sistemas agroalimentarios y convertir las economías rurales en motores de crecimiento.
Infobae
