Investigan contratos de la policía de Baja California con proveedora vinculada al Cártel de Sinaloa

BAJA CALIFORNIA.- Inteliproof Efficient, empresa de seguridad privada sancionada por autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, obtuvo cinco contratos por 17 millones 535 mil pesos con los ayuntamientos de Playas de Rosarito y Tecate entre 2022 y 2025.

Las contrataciones comprendieron la compra de patrullas, cámaras corporales y uniformes para policías, además del arrendamiento de vehículos. Los datos aparecen en contratos municipales y registros de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), de acuerdo con la información difundida originalmente.

Inteliproof Efficient fue señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense debido a que su propietario es Antonio Moreno Gómez Santelices. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de presuntamente lavar recursos para la facción de “Los Mayos” mediante una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento.

La compañía opera en México desde 2022 con un permiso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además de los gobiernos municipales, habría obtenido contratos con el Gobierno de Baja California y la fiscalía estatal.

Contratos en Playas de Rosarito

El Ayuntamiento de Playas de Rosarito adjudicó tres contratos a Inteliproof Efficient. El primero, otorgado en 2022, fue por 7 millones 638 mil pesos para comprar cinco patrullas tipo pickup. En 2024 recibió otro por 2 millones 805 mil pesos para proporcionar uniformes policiales.

Un tercer contrato, correspondiente a 2025, fue por 1 millón 425 mil pesos y tuvo como objetivo adquirir cámaras corporales para los elementos de seguridad. Aunque el documento no está disponible para descarga, la adjudicación y su monto quedaron asentados en la PNT.

Los contratos de 2022 y 2024 fueron firmados por Hilda Araceli Brown Figueredo, actual diputada federal de Morena y alcaldesa de Playas de Rosarito entre 2021 y 2024. Ambos fueron adjudicados directamente y pagados con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, conocido como Fortamun.

El reporte también indica que autoridades estadounidenses señalaron a Brown Figueredo por supuestamente permitir operaciones del Cártel de Sinaloa en Playas de Rosarito. La legisladora ha negado esas acusaciones.

Adjudicaciones realizadas en Tecate

El Ayuntamiento de Tecate otorgó otros dos contratos a Inteliproof Efficient. Uno ascendió a 3 millones 542 mil pesos y correspondió al arrendamiento de cuatro vehículos tipo patrulla.

El segundo fue por 2 millones 125 mil pesos. El registro de transparencia no precisa el bien o servicio adquirido y únicamente lo describe como un contrato administrativo de reconocimiento y extinción de obligaciones pendientes, con transmisión de propiedad y finiquito. Los documentos completos tampoco están disponibles para descarga.

Por otra parte, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que la empresa recibió contratos por más de 200 millones de pesos con la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Otras compañías incluidas en los señalamientos

Wermak Publired y Private Equity Baja, dos empresas también incluidas por la OFAC en la presunta red empresarial, consiguieron contrataciones públicas en Baja California.

Wermak Publired recibió de la Oficialía Mayor estatal un contrato para organizar el Foro Internacional de Transformación Digital. La adjudicación directa, firmada el 2 de julio de 2025, tuvo un monto aproximado de 1 millón 682 mil pesos con impuestos, además de una modificación por 329 mil 999 pesos.

Private Equity Baja aparece como proveedora del Ayuntamiento de Tecate mediante un contrato directo por 350 mil pesos, firmado el 31 de enero de 2025, para brindar asesoría jurídica, fiscal, contable y administrativa.

Los registros muestran que las contrataciones fueron efectuadas antes de que las compañías quedaran incluidas en la lista estadounidense de sanciones. Los señalamientos de la OFAC constituyen acusaciones administrativas del gobierno de Estados Unidos y no equivalen, por sí mismos, a una sentencia penal.