Radiografía de impunidad, abuso de poder, acoso laboral y corrupción en COBAEV

**Es un llamado social: No Normalizar los Abusos de la Función Pública.

“Más allá de la responsabilidad de las autoridades educativas, institucionales, estatales y sindicales, se hace un llamado firme a la sociedad veracruzana a no normalizar las conductas denigrantes, el saqueo ni el patrimonialismo por parte de los servidores públicos”.

La asunción de cargos públicos por parte de funcionarias como la directora administrativa Laura Eugenia Hernández Pérez y la nueva directora general María Luisa Izquierdo está sujeta al cumplimiento estricto del marco constitucional y administrativo. Conforme al artículo 134 de la Constitución Política y a la normatividad de responsabilidades administrativas, la función pública se rige por los principios de transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas e idoneidad, por lo que un cargo público jamás se ocupa en el anonimato o en el silencio.

Quien asume la titularidad de una institución pública sea de educación, salud o seguridad, etc. tiene la obligación legal y ética de presentarse formalmente, transparentar su plan de trabajo en apego a las atribuciones del organismo y responder ante la ciudadanía que sostiene la hacienda pública con sus contribuciones (artículo 31, fracción IV constitucional). Ocupar la titularidad y actuar a puerta cerrada vulnera el derecho a la buena administración y el derecho de acceso a la información.

Ningún servidor público es propietario de las instituciones ni posee patente de dominio sobre ellas: el presupuesto y la infraestructura educativa son bienes del dominio público y del patrimonio social, los cuales están legal y obligatoriamente sujetos a la fiscalización, vigilancia y defensa colectiva.

El respeto no se exige, se gana. En oficinas centrales del COBAEV hay quienes quieren trato de reyes mientras siguen afectando la dignidad y los derechos de los trabajadores, y presuntamente el patrimonio de la institución. Una funcionaria ya fue reportada y nada cambia. Los cargos son para servir, no para servirse.”

“De acuerdo con testimonios recabados, trabajadores de la institución, personas que ya se retiraron quienes solicitaron reservar su identidad por temor a represalias, describieron la crítica situación que se vive al interior de la institución.

Detrás del discurso institucional de integridad y servicio público que se maneja dentro del partido se esconde una realidad que vulnera la dignidad de los trabajadores: un ambiente regido por el amedrentamiento, la explotación laboral y la gestión discrecional de recursos.
El caso de la servidora pública identificada como ARACELI DEL CARMEN ALMENDRA CHAVEZ, jefa del departamento de Recursos Financieros del COABEV, quien presume respaldos políticos y opera bajo el agrado de la extitular Mtra. LORENA MARTÍNEZ CABRERA trasciende el conflicto interpersonal para configurar conductas ilícitas bajo el marco normativo mexicano.

La C. ARACELI DEL CARMEN ALMENDRA CHÁVEZ, pese a desconocer su función y de su puesto, ha incurrido en irregularidades y faltas que atentan a los derechos humanos, acoso laboral, hostigamiento, coacción política, despido indirecto y presunción de desvíos de fondos:
1. La C. Araceli del Carmen Almendra Chávez incurre en constantes maltratos laborales. Diversos testimonios señalan cómo exhibe al personal de su departamento dirigiéndose a ellos de manera despectiva y descalificándolos profesionalmente, tratándolos prácticamente con desdén al expresar frases como: “¿Cómo es posible que llevando más de 10 años en su trabajo no sepan cómo hacerlo?”.

Además, menciona de contar con el respaldo de la actual funcionaria del OPLE, Lorena Martínez Cabrera, y siempre manifestando que sus años de servicio en la SEFIPLAN le otorgan total experiencia para actuar de esa forma.

El personal también denuncia hostigamiento fuera de la jornada laboral: son llamados por teléfono pasadas las 10:00 de la noche para realizar tareas, o citados durante los fines de semana. En caso de argumentar la imposibilidad de asistir o solicitar continuar en el horario oficial, la servidora pública amedrenta señalando que ella tiene “luz verde” para despedirlos, reubicarlos o descontarles del sueldo, espetando textualmente: “si no quieren quedarse es porque no tienen necesidad, aquí el trabajo es a morir, ¿o qué, le digo a la maestra que ustedes no quieren?” “Debería estar comprometidos, miren me a mi yo llego desde las 9 de la mañana y me voy a las 10 u 11 de la noche, acaso me ando quejando, yo aquí estoy al pie del cañón, lo que la maestra me mande” son sus palabras textuales de la C. Almendra Chávez.

De igual manera, condiciona arbitrariamente los permisos personales, negándolos incluso ante emergencias médicas graves de familiares directos o de los propios trabajadores, despojándolos de su dignidad con la justificación: “ustedes son de confianza, ustedes no tienen derechos”.

Ciudadano veracruzano: ¿Es justo que cualquier persona trabajadora sufra este tipo de violencia y acoso laboral por parte de una servidora pública? A pesar de que existen denuncias formales ante la Contraloría Interna, no se ha tomado acción alguna. ¿Es posible que sus superiores desconozcan el indebido e ilegal actuar de la C. Araceli del Carmen Almendra Chávez?

2. Asimismo, existen denuncias sobre cómo se condiciona la permanencia del personal, obligándolo a asistir a eventos políticos bajo advertencia de despido. Sumado a esta coacción, los trabajadores deben costear con sus propios recursos tanto el transporte como sus alimentos, aun cuando son trasladados a otros municipios o ciudades.

3. También se señala cómo la C. Araceli del Carmen Almendra Chávez hizo uso abusivo de su autoridad para menospreciar, humillar y dirigir un lenguaje inapropiado hacia la contadora Mayte Landa, quien el mes pasado fue reprendida al extremo de salir llorando de la oficina de la jefa de Financieros. Posteriormente, fue confrontada en las instalaciones del Colegio de Bachilleres, culpándola de que, por su falta de asesoramiento, la exdirectora le había llamado la atención la maestra Lorena. Se sabe que la titular del área desconoce las funciones de su puesto y que quien realmente sostenía el departamento era la contadora Mayte Landa; sin embargo, los constantes insultos, el hostigamiento y la incapacidad de la jefa para gestionar su propia responsabilidad, orillaron a la contadora a presentar su renuncia.

4. Por otra parte, se advierten presuntas irregularidades en el manejo presupuestal del colegio. Mediante su firma, se han avalado pagos a proveedores por la supuesta compra de material tecnológico, herramientas, papelería y suministros para aulas que jamás ingresaron a bodega ni llegaron a los planteles; o bien, cuya entrega física difiere de los volúmenes reportados en las facturas y comprobantes fiscales.

A esto se suma la conducta del Departamento de Recursos Materiales, donde su jefa, Rubí Guzmán Méndez, colaboradora cercana de la exdirectora, gestiona el pago de viáticos simulados mediante prestanombres para comisiones inexistentes, todo esto con el conocimiento directo de la Jefatura de Recursos Financieros.

¿Acaso esto no constituye una franca infracción a la ley? ¿Quién ordena estas irregularidades y quién las tolera?

Mientras se adquieren insumos de uso exclusivo para la cúpula directiva del COBAEV (como agua embotellada, papel higiénico y jabón), a la base trabajadora se le niegan sistemáticamente estos recursos elementales, casi nunca hay. Y es que acaso solo ellos tienen ese provilegios?

5. En el colegio existen recursos para financiar eventos políticos, respaldar la supuesta facturación de operaciones simuladas y sostener sueldos exorbitantes para los directivos; sin embargo, no hay presupuesto para liquidar los adeudos con el personal jubilado ni para cumplir puntualmente con los salarios de los trabajadores, a quienes se les vulneran sistemáticamente sus derechos laborales.

¿Este es el perfil de autoridades que deben dirigir una institución educativa? Directivos que se suben a un estrado exigiendo aplausos y reconocimiento, recorriendo planteles esperando que la comunidad les rinda pleitesía, mientras a puerta cerrada pisotean la dignidad y el sustento de la plantilla docente y administrativa.

El personal docente, administrativo y la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) decimos ¡ya basta! No podemos tolerar a directivos que atropellan los derechos de las y los trabajadores.

Lanzas este llamado a la sociedad porque las autoridades han decidido hacer caso omiso, silenciando la voz de un personal que hoy sufre graves secuelas físicas y psicológicas a causa del estrés y la violencia laboral impuesta por los altos mandos del COBAEV.

¿Las leyes están, pero para quienes? Revisamos el actuar de la servidora publica que violenta los derechos de los trabajadores, bajo el apadrinamiento de gente con poder.

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