La investigación por violación en Cornell vuelve a poner a las fraternidades bajo el foco
Nueva York, 2 oct (EFE).- La denuncia de violación de una estudiante de la Universidad de Cornell ha vuelto a poner a esta prestigiosa institución educativa bajo el foco tras la demanda que presentó la víctima, la posterior reapertura de la investigación y la designación de la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial del caso.
La estudiante, identificada en la demanda como Jane Doe para proteger su identidad, sostiene que fue agredida sexualmente por siete estudiantes de Chi Phi, una fraternidad masculina con presencia en esa localidad.
La denuncia ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre las fraternidades y Cornell, que ya tenía antecedentes de denuncias de agresiones sexuales.
Las fraternidades son organizaciones estudiantiles, habitualmente masculinas, cuyos miembros participan en actividades sociales, académicas y comunitarias. Muchas cuentan además con residencias propias dentro o fuera de los campus universitarios.
Las primeras organizaciones universitarias de este tipo surgieron a finales del siglo XVIII. Phi Beta Kappa, fundada en 1776 en el College of William & Mary, es considerada la primera, aunque las fraternidades tal como se conocen hoy surgieron posteriormente.
Tienen programas de mentoría para ayudar a los que comienzan su vida universitaria, y organizan actividades para ayudarles con esta nueva etapa en sus vidas. Pero también se les ha criticado por sus rituales de iniciación y por sus problemas relacionados con el consumo de alcohol.
Una encuesta sobre agresión sexual y conducta indebida realizada por la propia universidad en 2025 mostró un aumento entre las mujeres de grado que denunciaron haber sufrido contacto sexual no consentido por fuerza o incapacidad desde que ingresaron en Cornell: del 23 % en 2023 al 35 % en 2025.
En el 50 % de los casos, los encuestados informaron haber estado conscientes pero incapacitados por el alcohol o las drogas durante parte o la totalidad del incidente, mientras que un 19 % indicó haber estado "desmayados o inconscientes" durante parte o la totalidad del tiempo.
La violencia sexual no es un problema raro ni aislado en los campus universitarios, según la Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto (RAINN), que indica además que 1 de cada 6 mujeres de primer año de universidad sufre una agresión sexual.
Es por ello que en las universidades los departamentos de policía de los campus imparten de forma habitual programas oficiales de defensa personal para mujeres, diseñados específicamente para prevenir y responder ante agresiones sexuales e intentos de violación.
En su demanda, Jane Doe afirmó que estaba demasiado intoxicada con alcohol y que fue obligada a consumir ketamina por los estudiantes a los que acusa de agredirla sexualmente durante la madrugada del 20 de octubre de 2024, por lo que era incapaz de dar consentimiento.
Aseguró que, pese a la intoxicación, estaba "totalmente segura" de que fue violada.
La estudiante, de 20 años entonces, denunció lo ocurrido a la policía de la universidad, que remitió el caso a la Fiscalía del condado de Tompkins, pero no se presentaron cargos.
La demanda contra Cornell y los siete estudiantes fue presentada el 14 de septiembre de este año. El 28 de septiembre, la Fiscalía del condado de Tompkins anunció la reapertura de la investigación y la intención de presentar el caso ante un gran jurado.
Tras conocerse la demanda, en la que Jane Doe denuncia que sufrió "grave malestar emocional y psicológico, humillación, miedo, disociación, ira, depresión, ansiedad, un fuerte impacto en su sistema nervioso, dolor físico y angustia mental", y después de la reapertura de la investigación penal, distintas voces, incluidas las de víctimas de agresiones sexuales, han reclamado que se esclarezcan los hechos.
La gobernadora del estado, Kathy Hochul, anunció el jueves el nombramiento de James como fiscal especial para hacerse cargo de la investigación, después de cuestionar la gestión inicial de la Fiscalía del condado de Tompkins.
Mientras que el presidente de la Asamblea estatal, Carl Heastie, creó un grupo de trabajo integrado por 14 legisladores para examinar las leyes sobre agresiones sexuales y elaborar recomendaciones antes de final de año, de cara a la sesión legislativa de 2027.
El debate se centra en la legislación estatal sobre la llamada intoxicación voluntaria, que establece diferencias entre los casos en que una persona queda incapacitada por sustancias que consumió voluntariamente y aquellos en los que le fueron administradas sin su consentimiento, una distinción que puede afectar a determinados casos de agresión sexual. EFE
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