Claudia Sheinbaum: Nunca más una represión del Estado a los movimientos sociales

CIUDAD DE MÉXICO. — Al cumplirse cincuenta y ocho años de la trágica matanza estudiantil registrada en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó su compromiso institucional y ético de garantizar que el Estado mexicano nunca más vuelva a ejercer la violencia ni a reprimir a un movimiento social, expresando al mismo tiempo su solidaridad permanente con las víctimas directas, los sobrevivientes y todos sus familiares. Durante la conferencia matutina institucional denominada “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria federal recordó este acontecimiento histórico como uno de los episodios más dolorosos, oscuros y agraviantes de la vida pública contemporánea del país.

La titular del Ejecutivo federal subrayó que, desde el inicio de la actual administración, se formalizó mediante un decreto y su respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación el reconocimiento oficial de que el principal responsable institucional de la represión fue el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, una responsabilidad histórica documentada y asumida de diversas formas a lo largo de su vida posterior. La mandataria enfatizó que mantener viva la memoria colectiva bajo la divisa de que “2 de octubre no se olvida” constituye un ejercicio indispensable para la consolidación de la vida democrática nacional y la salvaguardia de las libertades civiles.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum Pardo recordó los alcances del acuerdo histórico firmado el 2 de octubre de 2024, a través del cual la administración federal catalogó formalmente la matanza estudiantil como un crimen de lesa humanidad. Dicho decreto instruyó a la Secretaría de Gobernación para que, en nombre, representación y desagravio del Estado mexicano, se ofreciera una disculpa pública e institucional a las víctimas, a sus deudos y a la sociedad mexicana en su conjunto, sentando un precedente jurídico y moral en la reparación histórica de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en el pasado.