El adelanto electoral cobra fuerza en España tras "no" del Congreso a decretos de vivienda

Madrid, 2 oct (EFE).- El Congreso español enterró este viernes los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno de coalición y dio alas a la posibilidad de un adelanto de las elecciones previstas para 2027, apenas diez días después del desahucio de Maricarmen, que encendió la llama de unas protestas ciudadanas que prometen continuar.

El desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años, ha desatado en España en poco más de una semana una oleada de acontecimientos, con multitudinarias protestas y acampadas en plazas de todo el país, que culminaron este viernes con el rechazo del Congreso a los dos decretos de vivienda que el Gobierno de coalición acordó de urgencia para enfrentar la situación.

El partido independentista catalán Junts se ha descolgado de la mayoría parlamentaria que permitió la investidura del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y votó en contra de los decretos, junto al conservador PP y la ultraderecha de Vox.

En medio de rumores sobre un posible adelanto electoral desde primera hora de este viernes, fuentes del Ejecutivo aseguraron tras la votación que Sánchez ha abierto un periodo de reflexión para decidir si adelanta o no los comicios previstos para 2027.

Desde el Ejecutivo afirmaron, no obstante, que en este instante no se está "en esa pantalla" y que la decisión final de Sánchez será fruto de su reflexión

Mientras, el líder del principal partido opositor (PP), Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de utilizar el problema de la vivienda para hacer "maniobras electorales" y le urgió a poner fecha, lo antes posible, a esos comicios.

"Por mí que convoque cuando quiera y por España que convoque cuanto antes", apostilló Feijóo, que lleva tiempo reclamando elecciones por los casos de corrupción que han salpicado al Gobierno y al PSOE, el partido de Sánchez, en los últimos meses.

También el líder de Vox, Santiago Abascal, reivindicó elecciones y culpó al Gobierno de "haber engañado absolutamente en todas las materias" a los ciudadanos, también en vivienda.

Desde Sumar, el socio minoritario del Gobierno, reconocen lo complejo de la situación actual para su formación, inmersa aún en decidir quién la liderará, y confirman que el Ejecutivo está evaluando ya el mejor momento para convocar elecciones.

Para encontrar el origen de este estallido hay que remontarse al pasado 23 de septiembre. El desahucio de Maricarmen en Madrid de la casa en la que llevaba viviendo los últimos 70 años con un contrato de renta antigua encendió la llama de las protestas ciudadanas y la urgencia del Gobierno para sacar adelante un conjunto de medidas que evitaran situaciones similares.

Aunque la intención inicial del Gobierno era sacar adelante un decreto de vivienda en julio, la falta de acuerdos retrasó su aprobación, que a la vuelta del verano se ha visto apremiada por el "caso Maricarmen" y una protesta en las calles de todo el país que seguirá a lo largo de este fin de semana y que llama a una huelga general.

La idea de trocear en dos decretos las medidas no gustó a los socios de Sumar, sobre todo viendo que el segundo de ellos, el que hacía referencia a la prórroga indefinida de los contratos que tanto demandaban, despertaba recelos entre muchas formaciones.

El rechazo del Congreso a los dos decretos ha provocado que sean los que menos tiempo han estado en vigor de la democracia, el último de ellos menos de un día.

El Gobierno pidió a Junts, con intervención incluida de Sánchez en el Congreso minutos antes de la votación, su voto a favor o su abstención a fin de sacar adelante al menos el primero de los decretos, que contenía medidas de protección contra desahucios y prórrogas limitadas a los contratos de alquiler, y tramitarlo después como proyecto de ley incorporando sus aportaciones.

Sin embargo, la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont cumplió los pronósticos y, viendo que el Gobierno no retiraba los decretos, como ellos pedían, votó en contra.

El fracaso de ambas votaciones ha incrementado la presión en las calles alentada por el Sindicato de Inquilinos, una protesta que este viernes se acercó a las puertas del Congreso y que promete seguir.

La acampada en la céntrica plaza madrileña de Puerta del Sol, a la que han seguido otras muchas en todo el país, se mantendrá, anunció la portavoz del Sindicato de Inquilinas Alicia del Río.

Amnistía Internacional (AI) y Oxfam Intermón lamentaron, por su parte, que el Congreso no convalidara los dos decretos, lo que supone un "claro revés" para el derecho a la vivienda en España y condena a millones de personas a "peores condiciones". EFE

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