El celular guardado no educa

El celular guardado no educa 

A partir del 3 de noviembre, los teléfonos celulares dejarán de utilizarse durante la jornada escolar en las escuelas de educación básica de México. La disposición de la Secretaría de Educación Pública contempla excepciones para emergencias y actividades pedagógicas previamente planeadas. En educación media superior cada institución establecerá sus propias limitaciones y en educación superior se fomentará el uso responsable. México se incorpora así a una tendencia internacional que ya alcanza a más de la mitad de los sistemas educativos del mundo y que también tenía antecedentes en 16 entidades mexicanas. 

Una tendencia que llega a México

La decisión federal responde a un problema real. El teléfono puede convertirse en una fuente permanente de distracción, interferir con la atención y desplazar actividades escolares, físicas y sociales. También existen preocupaciones relacionadas con el ciberacoso, el uso problemático de redes sociales y la exposición constante a contenidos digitales. La escuela tiene razones legítimas para establecer límites sobre una tecnología que puede interferir con su propósito educativo. 

El problema es que una medida de regulación sustituya a una política educativa. La evidencia disponible no permite afirmar que prohibir los celulares sea inútil. Hay investigaciones que encuentran, en determinadas circunstancias, efectos favorables sobre la atención o el rendimiento. Pero tampoco existe evidencia suficiente para presentar la prohibición como una solución general. Una revisión internacional de 22 estudios encontró resultados heterogéneos y poca evidencia concluyente de mejoras generales en rendimiento académico, salud mental, bienestar o reducción del ciberacoso. La forma en que se aplican las restricciones aparece como un factor decisivo. 

Ese dato modifica el sentido de la medida. Una política prohibicionista puede conseguir que el teléfono permanezca guardado durante algunas horas sin modificar la relación que el estudiante mantiene con él durante el resto del día. La prohibición puede modificar una conducta en determinado espacio, incluso en sentido adverso; la educación tiene que desarrollar capacidades que acompañen al alumno cuando la vigilancia desaparece. 

Obedecer no significa comprender

Una regla escolar tiene una dimensión que suele perderse cuando las políticas se concentran en su aplicación administrativa: necesita ser comprendida para convertirse en una práctica asumida. Una investigación con más de mil estudiantes de secundaria encontró diferencias importantes entre quienes cumplen las normas porque reconocen su sentido y quienes las obedecen principalmente por presión externa. La identificación personal con las reglas se relacionó con mejores resultados, mientras que la regulación basada en presión externa apareció asociada con conductas problemáticas como resentimiento, comportamiento disruptivo, engaño y ausentismo. 

La diferencia es particularmente importante frente al teléfono. Un adolescente puede guardarlo porque sabe que existe una sanción o porque el maestro se lo exige. Eso es cumplimiento. Otra cosa ocurre cuando comprende que determinadas prácticas digitales afectan su concentración, que las plataformas compiten por su atención y que existen momentos y propósitos para los cuales utilizar un dispositivo resulta productivo y otros en los que interfiere con lo que está haciendo. En el segundo caso comienza a aparecer una capacidad que aplicar fuera de la escuela. 

Por eso explicar la prohibición no puede limitarse a comunicar una nueva regla. El estudiante necesita comprender qué problema pretende resolver, por qué existen determinados límites y qué relación tiene todo ello con su aprendizaje. Informar consiste en decirle qué está permitido y qué está prohibido. Educar implica desarrollar los criterios con los cuales podrá decidir qué hacer cuando la autoridad escolar ya no esté presente. 

La SEP realizó asambleas informativas y acciones de sensibilización, presentó la regulación como resultado de una consulta con docentes. Eso es relevante, pero informar no equivale a educar. Una política educativa tendría que convertir la regulación en una oportunidad para discutir con los estudiantes el funcionamiento de las tecnologías que forman parte de sus vidas. 

La escuela también enseña con el ejemplo

En redes sociales ha circulado otra crítica: los alumnos tendrán que guardar sus celulares mientras los maestros pueden continuar utilizándolos. Existen razones profesionales, administrativas y pedagógicas perfectamente legítimas. Pero precisamente por eso el argumento también puede aplicarse a los estudiantes. 

Un alumno puede utilizar un teléfono para consultar información, acceder a una aplicación educativa, documentar una actividad o realizar una búsqueda. Un maestro puede utilizarlo para fines profesionales o pedagógicos. La diferencia no debería establecerse simplemente por quién sostiene el aparato, sino por el propósito, el momento y las condiciones de utilización. 

La escuela enseña también mediante sus prácticas. Si pretende formar una cultura de uso responsable, necesita criterios claros para adultos y estudiantes. De otro modo, la regulación puede terminar transmitiendo que el teléfono es un problema cuando está en manos del alumno, mientras su utilización por parte del adulto queda fuera de la discusión. 

El costo de convertir al maestro en policía

Una prohibición tampoco se aplica sola. Necesita vigilancia, procedimientos, sanciones, excepciones y tiempo de los docentes. Una investigación sobre la implementación de una prohibición en una escuela secundaria encontró dificultades de este tipo: la recolección de los dispositivos consumía tiempo, aparecieron excepciones, se generaron tensiones entre profesores y estudiantes y aumentó la resistencia conforme avanzaba la experiencia. 

Esto importa porque una política educativa puede producir problemas por la manera en que convierte un principio en una rutina cotidiana. Si el maestro tiene que dedicar parte de cada jornada a vigilar quién utiliza el teléfono y quién lo guarda, la escuela puede terminar destinando recursos pedagógicos a una función de control. Y la evidencia internacional muestra que algunas restricciones pueden tener efectos pequeños, nulos o incluso contraproducentes dependiendo de su implementación. 

Por eso el éxito de la medida no debería medirse únicamente por cuántos teléfonos permanecen dentro de las mochilas. Una escuela puede conseguir un cumplimiento casi perfecto sin producir ninguna transformación duradera en la relación de sus estudiantes con la tecnología. El signo visible de una política exitosa puede ocultar un resultado educativo mucho más pobre si todo lo aprendido consiste en evitar una sanción. 

El Estado está regulando un objeto

La cuestión de fondo es que el Estado está regulando un objeto cuando debería estar formando sujetos capaces de relacionarse críticamente con ese objeto.  

El teléfono inteligente no es solamente una pantalla que distrae. Es una puerta de entrada a redes sociales, buscadores, plataformas de video, publicidad, sistemas de recomendación, información periodística, desinformación e inteligencia artificial. Sacarlo temporalmente del aula puede atender una parte visible del problema, pero deja intacto el ecosistema digital en el que los estudiantes seguirán viviendo. 

Por eso resulta indispensable una educación mediática e informacional. Los estudiantes necesitan aprender a evaluar fuentes, reconocer información manipulada, identificar publicidad, comprender los algoritmos de recomendación, proteger sus datos, enfrentar el ciberacoso, distinguir entre información y persuasión e incluso a implementar derechos. Con la expansión de la inteligencia artificial, también necesitan criterios para evaluar contenidos generados o alterados mediante estas herramientas. 

UNESCO plantea la alfabetización mediática e informacional precisamente como la capacidad de acceder, analizar, evaluar, utilizar y crear información y contenidos de manera crítica y responsable. Esa perspectiva es mucho más amplia que enseñar a utilizar un dispositivo o establecer cuándo debe permanecer apagado. 

Nacionalizar una tendencia no basta

México está nacionalizando una tendencia internacional. UNESCO reporta que 114 sistemas educativos, equivalentes al 58 por ciento de los países, cuentan con algún tipo de prohibición nacional del uso de teléfonos en las escuelas. Antes de la regulación federal, 16 entidades mexicanas ya tenían disposiciones en esta materia. 

Pero que una medida se extienda internacionalmente no demuestra por sí mismo su eficacia. Las políticas educativas necesitan evaluación, adaptación y aprendizaje institucional. Lo que funciona en una escuela puede generar dificultades en otra dependiendo de sus condiciones, sus docentes, sus estudiantes y la manera concreta en que se aplica. 

La ironía histórica está ahí: en plena transformación digital, cuando el teléfono inteligente se ha convertido en una de las principales puertas de acceso a información, comunicación, entretenimiento y ejercicio de derechos, los sistemas educativos están respondiendo a algunos de sus efectos retirándolo de las aulas. 

Puede ser necesario. Pero la verdadera dificultad comienza cuando el estudiante vuelve a tener el dispositivo en las manos y ya no existe un maestro que pueda decirle que lo guarde. 

Lo que falta es educación

El debate mexicano no debería reducirse a prohibición contra libertad absoluta. Una escuela tiene derecho a establecer límites sobre aquello que interfiere con sus objetivos educativos. La regulación puede ser legítima y puede producir beneficios. Pero esos límites adquieren verdadero sentido pedagógico cuando forman parte de una estrategia destinada a desarrollar autonomía, criterio y responsabilidad. 

Eso exige una política de educación mediática e informacional como política de Estado, acompañada de formación docente y trabajo con las familias. No para enseñar solamente cómo utilizar una herramienta, sino para comprender el entorno que la rodea: quién produce la información, cómo funcionan los algoritmos, quién obtiene beneficios de nuestra atención y qué decisiones podemos tomar frente a ellos. 

Los signos están a la vista: gobiernos que establecen restricciones, escuelas que buscan recuperar la atención, maestros que enfrentan nuevas dificultades, familias preocupadas por el tiempo de pantalla y estudiantes que viven buena parte de su experiencia social dentro de un entorno digital. Esos signos apuntan hacia un problema mucho mayor que la presencia de un teléfono en el salón. 

El sentido de la política dependerá de lo que hagamos con ellos. Una prohibición puede terminar siendo solamente una forma de retirar temporalmente un dispositivo de las manos de los estudiantes. También puede convertirse en el punto de partida de una educación capaz de enseñarles a gobernar su relación con la tecnología. La primera produce obediencia mientras dura la regla; la segunda puede producir autonomía cuando la regla deja de existir. 

Ahí está la diferencia entre regular una tecnología y educar para vivir con ella. Y ahí están también los signos y los sentidos de una decisión que puede parecer solamente una nueva regla escolar: detrás del teléfono guardado en la mochila se encuentra una disputa mucho mayor por la atención, la autonomía y la capacidad de las nuevas generaciones para relacionarse críticamente con el mundo que la tecnología está construyendo. 

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