Cooperación para ejecutar

Durante décadas, la cooperación internacional ha realizado aportes importantes al desarrollo del Perú. Ha financiado estudios, transferido conocimiento, fortalecido instituciones y ayudado a identificar brechas y reformas. Pero el Perú de hoy enfrenta un problema distinto al de hace veinte o treinta años: sabemos bastante bien qué está mal; lo que seguimos sin conseguir es cambiarlo.

No necesitamos otro diagnóstico que nos recuerde nuestra baja productividad, la informalidad cercana al 70%, las brechas de infraestructura o las dificultades del Estado para ejecutar. Tenemos estudios del Banco Mundial, BID, FMI y OCDE, además de políticas y planes nacionales que llevan años identificando problemas similares. El cuello de botella está cada vez menos en saber qué hacer y mucho más en conseguir hacerlo.

Por eso, la cooperación internacional también debería evolucionar. Una primera línea podría ser apoyar un verdadero shock desregulatorio. Empresas grandes y pequeñas destinan tiempo y recursos a procedimientos, permisos, licencias y fiscalizaciones que muchas veces se superponen o no guardan relación con el riesgo que pretenden atender. La cooperación podría aportar experiencia comparada, tecnología y asistencia técnica para simplificar procesos y eliminar regulaciones innecesarias.

Hay, además, un enorme espacio de trabajo en los gobiernos regionales y municipalidades. Nuestra descentralización trasladó responsabilidades sin asegurar siempre las capacidades necesarias para ejercerlas. Y es precisamente allí donde empresas y ciudadanos enfrentan buena parte de la tramitología cotidiana: licencias, autorizaciones y fiscalizaciones. Los propios funcionarios reconocen, en instrumentos como el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu) del INEI, limitaciones de recursos humanos y capacidades técnicas. Ayudar a formar equipos capaces de diseñar, estructurar y ejecutar proyectos probablemente tendría más impacto que producir un nuevo estudio sobre las brechas regionales.

Otra enorme oportunidad es la digitalización e interoperabilidad del Estado. Todavía tenemos entidades públicas que solicitan al ciudadano o a la empresa información que otra entidad estatal ya posee. La cooperación puede ayudar a desarrollar sistemas, estándares y capacidades que permitan compartir información, reducir duplicidades y prestar mejores servicios. Digitalizar no consiste simplemente en convertir un formulario físico en uno virtual; significa rediseñar procesos.

Algo similar ocurre con el capital humano. Podemos aprovechar experiencias internacionales para construir mejores modelos de articulación entre empresas, institutos y centros de formación. Si queremos desarrollar minería moderna, agroindustria, servicios digitales, logística, manufactura avanzada o energías renovables, necesitamos formación técnica conectada con las habilidades que demandará el aparato productivo del mañana.

Nada de esto significa que la cooperación deba abandonar el conocimiento o la asistencia técnica. Significa utilizarlos con un propósito diferente: pasar del diagnóstico a la implementación. Estructurar proyectos, desarrollar pilotos que puedan escalarse, transferir tecnología, acompañar reformas y dejar capacidades instaladas.

También deberíamos cambiar nuestra manera de evaluar sus resultados. El éxito de un programa no puede medirse únicamente por consultorías realizadas, talleres organizados, funcionarios capacitados o documentos publicados. Importa saber qué cambió: cuántos trámites se eliminaron, cuánto se redujeron los tiempos, qué inversión se destrabó, qué proyecto comenzó a ejecutarse o qué servicio público mejoró.

La cooperación internacional sigue siendo valiosa. Precisamente por eso debemos sacarle más el jugo. Después de tantos años preguntándonos qué hacer, necesitamos aprovecharla para hacer que las cosas ocurran.

La cooperación debería medirse menos por los entregables que produce y más por los cambios que genera.