La UNAM identifica los riesgos laborales que enfrentan los luchadores profesionales en México
La muerte de Rey Destroyer el 12 de marzo de 2024, tras una caída durante una función de lucha libre en Monterrey, expone los riesgos físicos y económicos que enfrentan muchos integrantes de un gremio con contrataciones inestables, ingresos variables y protección laboral insuficiente.
El luchador tenía 22 años; logró reincorporarse después de caer sobre la lona, pero se desvaneció segundos más tarde y permaneció hospitalizado varios días, mientras sus compañeros luchadores organizaron actividades para cubrir los gastos médicos de su familia.
Dicho caso también muestra que una lesión puede cortar de inmediato la fuente de ingresos de un luchador, reducir sus posibilidades de aparecer en futuras carteleras y comprometer la continuidad de su carrera. De acuerdo con UNAM Global, la lucha libre profesional mexicana funciona mediante un mercado dividido entre grandes empresas y promotoras independientes.
Carlos Juárez Gutiérrez, becario posdoctoral del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e investigador de las condiciones laborales del gremio, identifica cuatro formas de precariedad: inestabilidad en el empleo, ingresos insuficientes, falta de prestaciones y vulnerabilidad ante accidentes de trabajo.
La programación de funciones define ingresos y oportunidades
En las empresas existen luchadores con vínculos continuos y otros convocados sólo para determinadas funciones. En el circuito independiente predominan los acuerdos verbales, mediante los cuales reciben fechas sin que necesariamente exista un contrato escrito que defina salario, prestaciones o responsabilidades.
La ausencia de un documento no elimina los derechos laborales. La Ley Federal del Trabajo incluye a los luchadores dentro del capítulo dedicado a deportistas profesionales y contempla relaciones por tiempo determinado, indeterminado o para uno o varios eventos.
Además, la posibilidad de trabajar depende en gran medida de promotores, empresarios y responsables de elaborar las carteleras. Para quienes participan fuera de las grandes compañías, dejar de ser programados implica perder ingresos y presencia ante el público.
El lugar que cada persona ocupa en una función también determina sus ganancias. El escalafón contempla luchas preliminares, semifinales y estelares; quienes aparecen al inicio suelen recibir pagos menores, aunque esa posición no depende exclusivamente de sus años de experiencia.
Reconocimiento del público, relaciones dentro del gremio, decisiones de los promotores y la experiencia profesional influyen en el acceso a mejores oportunidades. Las figuras consolidadas suelen obtener remuneraciones más altas y pueden favorecer la venta de entradas.
Juárez Gutiérrez señaló que las mujeres, los luchadores minis y los exóticos enfrentan obstáculos adicionales. Los exóticos construyen personajes que juegan con expresiones de género y convenciones de la masculinidad, mientras que las luchadoras pueden tener dificultades para encabezar funciones incluso después de trayectorias reconocidas.
En el caso de los minis, su presentación como acompañantes o versiones de otros personajes ha limitado en algunos espacios el reconocimiento de sus propias carreras. Los exóticos, por su parte, han enfrentado prejuicios de promotores, compañeros y sectores del público, condiciones que el investigador considera posibles formas de discriminación laboral.
La temporalidad del empleo se combina con una estructura piramidal de ingresos. Un grupo reducido concentra reconocimiento y mejores pagos, mientras otros luchadores reciben cantidades bajas por función y deben complementar sus recursos con otros empleos o mantenerse activos por vocación y pertenencia al gremio.
Esta desprotección incluye casos de trabajadores sin acceso efectivo a aguinaldo, vacaciones pagadas o seguridad social. Cuando sufren lesiones, algunos cubren por cuenta propia consultas, tratamientos y rehabilitación, aun cuando la naturaleza real de su relación de trabajo podría generar derechos laborales.
El cuerpo es la principal herramienta de trabajo en una actividad marcada por golpes, caídas y exigencia física. Una lesión puede reducir las participaciones, bajar los ingresos y desplazar a un luchador dentro de las carteleras.
La precariedad económica incluso puede llevar a algunos a ocultar o minimizar molestias físicas para no perder fechas. Una ausencia prolongada puede traducirse en menos contratos, pérdida de visibilidad y dificultades para recuperar un sitio en las funciones.
El riesgo laboral continúa fuera del cuadrilátero
Las giras y presentaciones frecuentes pueden implicar viajes constantes, horarios irregulares de alimentación, pocas horas de sueño y escaso tiempo para convivir con la familia. Esa dinámica provoca ausencias en acontecimientos personales y complica la conciliación entre vida laboral y familiar.
El negocio también depende de quienes instalan y mantienen los cuadriláteros, personal de audio y video, réferis y anunciadores. Sus condiciones de trabajo forman parte del funcionamiento de cada función, aunque el público observe principalmente a quienes suben al ring.
Otro problema se relaciona con la propiedad de los personajes. El nombre, la máscara y otros elementos de identificación representan una parte del valor comercial y de la trayectoria de cada luchador, pero los derechos sobre ellos no siempre pertenecen a quien los interpreta.
Según los registros y acuerdos existentes, una empresa o un tercero puede ser titular de esos derechos y limitar el uso del personaje al terminar una relación profesional. La protección puede involucrar reservas de derechos al uso exclusivo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y registros de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Cada figura tiene alcances distintos, de acuerdo con el elemento protegido. Registrar y defender un personaje requiere tiempo, recursos y asesoría especializada; una disputa puede poner en riesgo una identidad profesional construida durante años y limitar los ingresos derivados de ella.
El envejecimiento abre otro frente de incertidumbre. Cuando las capacidades físicas disminuyen, algunos luchadores pierden contrataciones y reconocimiento, mientras las oportunidades para aprovechar su experiencia como entrenadores, instructores, visores o formadores resultan insuficientes.
Además, el cierre de arenas pequeñas reduce los espacios donde los luchadores locales pueden desarrollarse y compartir funciones con figuras de empresas grandes. También limita la formación de nuevos talentos y la transmisión de conocimientos técnicos del oficio.
En otro trabajo, el académico recuperó las experiencias de siete instructores y realizó observaciones en gimnasios para analizar cómo se enseñan esos conocimientos. La pérdida de espacios de formación dificulta la preservación de prácticas transmitidas entre generaciones.
La organización gremial perdió fuerza desde la década de 1990
Juárez Gutiérrez indicó que durante las décadas de 1970 y 1980 la organización sindical permitió negociar algunas condiciones laborales, establecer un tabulador salarial y sostener una interlocución con empresarios y promotores.
El sindicato estaba vinculado al sindicalismo corporativo mexicano y no necesariamente operaba como una agrupación independiente o confrontativa. Aun así, ofrecía una forma de contención frente a intereses empresariales y ayudaba a que los luchadores se reconocieran como parte de un mismo gremio.
Durante la década de 1990, la organización entró en crisis por la pérdida de recursos, el debilitamiento de su dirigencia, la aparición de nuevas empresas y cambios en las formas de contratación. La competencia entre promotoras dividió al gremio y fortaleció la disputa individual por contratos, funciones, lugares en carteleras y espacios de exposición.
El temor a los llamados “bloqueos” también desincentiva la organización. Un luchador puede dejar de ser contratado, perder fechas, quedar fuera de determinadas plazas o rivalidades y ver reducidas sus oportunidades sin recibir una notificación formal de despido.
La declaratoria de la lucha libre como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México, emitida en 2018, reconoció su valor como tradición sostenida por conocimientos, técnicas y prácticas compartidas. Ese reconocimiento es distinto de una inscripción en las listas de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO.
El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural capitalino autorizó y validó en febrero de 2018 un plan de salvaguarda contemplado por la declaratoria. La existencia de esos instrumentos, de acuerdo con el análisis, no garantiza por sí misma mejores condiciones laborales para quienes producen el espectáculo.
Juárez Gutiérrez planteó que puede ocurrir una “patrimonialización del espectáculo” cuando se reconocen los personajes, las técnicas, la tradición y el valor turístico de las funciones, pero no se protege con la misma intensidad a las personas que sostienen esa actividad.
Infobae
